ANDE perdió USD 20 millones con criptominería ilegal desde el 2019

De las escasas 65 intervenciones que pudo realizar desde el 2019 hasta hoy, la ANDE registró un daño patrimonial de 20 millones de dólares a causa de las criptogranjas clandestinas. Anoche se descubrió otra que robaba energía por G.560 millones al mes.

El negocio de la criptominería está en auge en nuestro país, donde las empresas legalmente constituidas no llegan ni a 70, mientras que, las ilícitas crecen como hongos y desangran las arcas de la ANDE, al tiempo de afectar el suministro de energía para los usuarios legales.

La caza de ladrones de electricidad comenzó tímidamente en el 2019 y se robusteció a finales del 2023 e inicios de este 2024, con el acompañamiento del Ministerio Público en los operativos.

Desde el primer allanamiento realizado en el 2019 hasta hoy, el perjuicio patrimonial detectado por la ANDE (sin contar los que nunca captó) asciende a 20 millones de dólares, según confirmó el gerente comercial de la ANDE, ingeniero Hugo Rolón.

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“Desde el 2019 hasta hoy tenemos más de 65 casos y diría que menos del 10 % pudimos hacer recupero de montos”, comentó el ingeniero Rolón, en una entrevista con Ñandutí.

En el 2023 hubo 33 intervenciones, mientras que, en lo que va del 2024 suman 19, incluida la de anoche en Salto del Guairá. Con las 19 de este año, la energía robada es la equivalente a lo que produce una turbina de la central hidroeléctrica Acaray.

Respecto a las máquinas incautadas, al tener un valor económico, quedan como garantía en poder de la ANDE hasta tanto se puedan hacer el resarcimiento, las multas y los pagos.

En el operativo de ayer en Salto del Gauirá, los delitos por los cuales deberá responder el propietario Raúl Sebastián Duarte son sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274), todos ellos contemplados en el Código Penal.

Territorialidad en caso Pecci: Colombia y Paraguay se distribuirán tareas

El principio internacional de territorialidad exige que los hechos sean investigados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en el asesinato de Marcelo Pecci, Colombia y Paraguay, a través de un acuerdo de cooperación, se distribuirán las competencias.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mantuvo una reunión de tres horas con su homóloga de Colombia, respecto al equipo conjunto conformado para la investigación del asesinato de Marcelo Pecci.

El encuentro se dio, luego de la aceptación colombiana a la propuesta paraguaya de trabajar entre ambos países en la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio.

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Respecto a la territorialidad, Doldán reconoció que es un asunto bastante complejo en derecho penal, pero que el instrumento de cooperación técnica permitirá desatar ese nudo.

El equipo conjunto de investigación como una de sus aristas tiene la pauta para fijar la jurisdicción, la distribución de jurisdicción y competencia”, respondió el fiscal Doldán.

También explicó que este procedimiento se ejecuta en base a normas de las Naciones Unidas y no precisamente a un Estado.

El principio de territorialidad exige que los hechos punibles sean investigados dentro de su jurisdicción, pero existen aristas que propician la investigación extraterritorial y penal y eso es lo que vamos a pautar”,confirmó.

En cuanto a la publicación del medio colombiano Semana, que dice haber accedido a la investigación de la autoría intelectual y habla de una alianza entre tres narcotraficantes, Doldán sostuvo que el dato se desprende de las declaraciones de Francisco Correa Galeano, pero que la Fiscalía no puede confirmar ni descartar nada.

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No lo predijo: detienen a tarotista por vaciamiento de cuentas

La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron este miércoles al parapsicólogo Diego Parra por supuestamente estar involucrado en un esquema de vaciamiento de cuentas bancarias.

La vivienda el reconocido tarotista colombiano “Maestro” Diego Parra, ubicada en la ciudad de Ñemby, fue allanada en la mañana de este miércoles por una comitiva fiscal-policial, en el marco de una investigación por supuesto vaciamiento de cuentas bancarias.

Parra, quien se dedica a resolver problemas amorosos y leer las cartas, estaría involucrado -junto con su pareja- en el vaciamiento de unos  G. 1.800 millones, realizado entre los años 2020 y 2024.

El esquema cuenta con la complicidad de una exfuncionaria de una entidad financiera, identificada como Milca López, quien era la ejecutiva de cuentas y supuestamente accedía a datos de las cuentas de los clientes. La funcionaria sacaba tarjetas a nombres de sus víctimas y comenzaba a mover dinero, aumentando la línea de crédito, sin que los titulares sepan de lo que estaba ocurriendo. Para sacar el dinero de las víctimas, utilizaba el aparato POS del tarotista Parra.

“No encontramos facturas de sus servicios de tarotista, por eso se presume de otra hipótesis. Tenemos comprobado de que él recibió 1.200 millones y se realizaron 53 operaciones mediante el POS que estaba a su nombre”, mencionó la fiscal Ruth Benítez en charla con los medios.

ANDE ya intervino 71 granjas ilegales de criptominería y ahora busca elevar sanciones

Hasta el momento, lograron desmantelarse 71 granjas ilegales de criptominería en nuestro país. La ley que debe ser tratada este miércoles en el Senado busca aumentar las penas por robo de energía eléctrica.

Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, señaló al canal GEN que el auge de la criptominería empezó en el 2019, año en que se realizó la primera intervención contra una granja ilegal en la zona de Ciudad del Este.

A partir de allí, este negocio sufrió un crecimiento exponencial, principalmente al margen de la ley, puesto que la mayor cantidad de granjas de minería de criptomonedas opera de forma ilegal e incurre en la sustracción de energía eléctrica.

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Hasta la fecha, se tienen contabilizadas 71 intervenciones por robo de energía eléctrica para criptominería, según un informe elaborado por la ANDE. La mayor cantidad de allanamientos se realizaron en Alto Paraná (48), siendo el departamento con más denuncias.

Medina recordó que, una vez que la ANDE formaliza la denuncia, el Ministerio Público es la institución que tiene a su cargo impulsar las diligencias pertinentes y ordenar los allanamientos, lo cual anteriormente no se lograba con celeridad. “El factor sorpresa ya desaparecía y en delitos de esta naturaleza es un factor determinante”.

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AUMENTO DE PENAS POR ROBO DE ENERGÍA

El asesor jurídico de la ANDE señaló que la aprobación del proyecto de ley que eleva las penas por robo de energía eléctrica es de vital importancia para sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. “El resultado que hemos obtenido es casi nulo”.

Debido a que muchos de los acusados suelen obtener una salida procesal a sus causas penales, desde la institución y otros entes del gobierno evaluaron la posibilidad de aumentar las sanciones para los responsables de estos hechos, lo cual llevó a la presentación del proyecto a ser tratado en el Congreso.