El comisario Jorge Palacios fue removido del cargo y suplantado por el comisario Óscar Cuevas. El trasfondo del caso apuntaría a un episodio de presunta “mejicaneada” atribuida al personal de la comisaría Central sanlorenzana.

La versión que surge en torno al asunto menciona que, ya el día domingo pasado, policías de esa repartición intervinieron la carga de cocaína y pidieron una coima para dejar libre la mercancía. Se habla de que la “propina” solicitada sería de US$ 200.000.

Aparentemente, en el lapso de negociación, ayer se filtró el dato a otras reparticiones antidrogas, lo que desató finalmente el decomiso y detención de los transportadores de la coca de alta pureza.

Desde la Comandancia Policial y del Ministerio del Interior confirmaron lo ocurrido y la razón de los cambios en la comisaría de San Lorenzo. Esta repartición de la Policía Nacional cuenta un largo historial de episodios de irregularidades que se verificaron con participación de personal uniformado.

“Hay unas cuestiones precedentes (al decomiso), hubo procedimientos que son cuestiones irregulares que estarían afectando a personal (cinco efectivos) de la comisaría primera de San Lorenzo. Presuntamente la camioneta en la que se decomisó la droga, ya estaba un día antes en la comisaría”, dijo a la 1020 AM el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

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EL CASO

Según el reporte de la Policía Nacional, la incautación se logró tras un procedimiento de inteligencia realizado por agentes del Departamento de Investigaciones, que rea­lizaron el procedimiento de control del vehículo en San Lorenzo. La inspección fue a una camioneta de la marca Toyota Noah en la que encon­traron la supuesta cocaína.

En el lugar fueron aprehendi­das dos personas identificadas como Óscar Dahian Rodrí­guez Figueredo, de 31 años, y de Édgar Daniel Lesme Mar­tínez, de 32 años. “Se logró la incautación de varios panes de supuesta cocaína, también fue­ron incautados aparatos celu­lares y documentos varios”, expresaron los intervinientes.

Hasta el lugar se convocó al personal del Departamento Antinarcóticos y a la fiscal de la unidad especializada Fany Aguilera, quien ordenó que la carga sea trasladada hasta un depó­sito. Las dos personas involu­cradas permanecen en carác­ter de detenidas.

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La propuesta legislativa, impulsada por varios senadores, plantea la creación del Ministerio de la Familia, mediante la fusión de las funciones del Ministerio de la Mujer; el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la Secretaría de la Juventud.

En ese sentido, la audiencia pública tiene como objetivo escuchar las opiniones y aportes de todas las partes interesadas, tanto de las instituciones involucradas como de representantes de la sociedad civil.

Fueron invitadas a participar la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo; la ministra de la Juventud, Salma Agüero; el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez; concejalas de Asunción; así como representantes de asociaciones de mujeres rurales, comunidades indígenas, amas de casa, entre otros sectores.

También asistirán senadores, directores de comisiones permanentes y asesores legislativos de la Cámara Alta.

En su informe preliminar de gestión correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, la SEDECO señala que, durante este periodo, fueron atendidas un total de 2.747 consultas ciudadanas.

El promedio mensual de consultas superó las 680, lo que refleja una alta demanda por parte de la población en temas vinculados a la relación de consumo.

En cuanto a los reclamos formales, el ente estatal reportó 557 casos registrados de enero a abril, lo que representa un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año anterior.

Uno de los datos más destacados del informe es el monto recuperado a favor de los consumidores, que asciende a G. 435.681.543, cifra alcanzada hasta la etapa de conciliación.

Este monto -informó SEDECO- no contempla los acuerdos privados entre las partes ni lo gestionado posteriormente por la Dirección Jurídica, por lo que el valor real podría ser aún mayor.

Entre los reclamos más frecuentes se identificaron patrones reiterativos como prácticas abusivas, publicidad engañosa, mal servicio y falta de información clara. Las situaciones más denunciadas incluyeron:

*Maltrato en la gestión de cobranza y cobros indebidos.

*Falta de devolución por productos defectuosos.

*Negativa a cancelar servicios pese a la solicitud del cliente.

*Cobros posteriores a solicitudes de cancelación.

*Facturación por servicios no contratados.

Como parte de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, SEDECO brinda orientación jurídica, financiera y comercial a través de diversos canales como WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas y atención presencial.

Este miércoles se produjo el arribo de Gianina García Troche a Paraguay, luego de ser extraditada desde España, donde permaneció detenida durante varios meses.

La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se abstuvo de declarar ante el fiscal Deny Yoon Pak, responsable de la investigación abierta por el caso “A Ultranza PY”.

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Por disposición de la jueza Rosarito Montanía, García Troche finalmente fue enviada a la cárcel de Viñas Cué para cumplir con su prisión preventiva, esto debido a “razones de seguridad”, alegaron.

Su traslado al penal militar (realizado en helicóptero) se dio bajo un absoluto hermetismo, ya que las autoridades buscaron desde un primer momento resguardar a la procesada, al tratarse de una persona de “alto perfil”.

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En principio, se manejó como posibles lugares de reclusión la sede de la Agrupación Especializada o la nueva penitenciaría de Minga Guazú, aunque la magistrada optó por una tercera opción.

La defensa de García Troche había solicitado que su cliente sea beneficiada con otras medidas, como la libertad ambulatoria o el uso de una tobillera electrónica para el arresto domiciliario, lo cual fue denegado por Montanía ante el presunto peligro de fuga.