José González, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), informó en conferencia de prensa que esta mañana la institución presentó la denuncia ante el Ministerio Público por el millonario daño patrimonial ocasionado durante la administración anterior.

Explicó que el caso guarda relación con el aumento del 75% del haber mínimo jubilatorio. “Se aumentó el piso del haber mínimo jubilatorio con dos resoluciones, primero fue hasta el 50% en pandemia y luego al 75%”, dijo al momento de resaltar que no se cumplieron las condiciones financieras para adoptar dicho incremento.

“Consideramos poner a conocimiento del Ministerio Público a los efectos de analizar la pertinencia de la apertura o no de una causa penal”, expuso.

“Unas 20.000 personas fueron beneficiadas hasta el 7 de mayo que fue revocada por el actual Consejo”, explicó Vanessa Cubas a radio Monumental. “Hasta el momento estas personas seguirán cobrando lo mismo, porque hay derechos subjetivos adquiridos”, detalló.

La denuncia presentada expone que en los años 2020 y 2021, los miembros del Consejo de Administración de la época resolvieron actos administrativos mediante el aumento arbitrario de este porcentaje al 50% y luego al 75%, generando un déficit actuarial y financiero en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, agravado por la caída de ingresos debido a la pandemia del COVID-19.

El Consejo de Administración del IPS, por Resolución N° 004-001/2020 de fecha 17 de enero de 2020 resolvió: “Autorizar el incremento del Haber Mínimo de Jubilaciones y Pensiones de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, fijando el nuevo valor en una suma equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Vigente a la fecha de la presente Resolución, determinándolo en G.1.096.419, apartándose del presupuesto legal obligatorio, cual es que el incremento del haber mínimo jubilatorio y de pensiones debe necesariamente obedecer y ser consecuencia de un aumento del Salario Mínimo Legal Vigente, que es el parámetro utilizado para ese efecto, hecho este que como se puede apreciar no sucedió.

Así mismo, por Resolución C.A. N° 017-001- 2021 de fecha 16 de febrero de 2021 resolvió Autorizar el incremento del Haber Mínimo de Jubilaciones y Pensiones de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, fijándolo en una suma equivalente al 75% del Salario Mínimo Legal Vigente.

El Consejo de Administración de aquel entonces, atribuyéndose competencia exclusiva del Congreso de la Nación, que la Ley no le otorgaba ni le delegaba, resuelve discrecionalmente elevar el porcentaje determinado en la ley como piso de los beneficios del 33% al 50% y luego al 75% del Salario Mínimo Legal, modificando el texto y el alcance de la Ley N° 4426/11. Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 7º del Código Civil Paraguayo en su primer párrafo expresa: “Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes”.

Hasta septiembre de 2023, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones abonó aproximadamente la suma equivalente a Gs. 222.940 millones en concepto del incremento del Haber Mínimo Jubilatorio, que pasó del 33% al 50% y luego del 50% al 75% del Salario Mínimo Legal...”, “...Valuando a presente los montos a acreditar por complemento de forma vitalicia, para el caso de los casi 21.000, ascenderían aproximadamente a Gs. 1.564.479 millones. En el hipotético caso de que el Haber Mínimo Vigente fuera 50% del Salario Mínimo Legal implicaría una diferencia de Gs. 739.478 millones y si fuera 33% del Salario Mínimo Legal Vigente implicaría una diferencia de Gs. 1.000.252 millones. En otras palabras, el valor presente del aumento del Haber Mínimo del 33% al 75% del Salario Mínimo Legal asciende a aproximadamente Gs. 1.000.252 millones para los casi 21.000 beneficiarios.

Por tanto, el impacto financiero negativo de estas decisiones es de aproximadamente 1 billón de guaraníes, conforme lo han estimado las instancias financieras y actuariales de la institución, contados desde la aprobación de las dos resoluciones administrativas mencionadas. Esta cifra se obtiene de calcular la diferencia entre cuanto debería de haberse pagado a los jubilados y pensionados que reciben en haber mínimo jubilatorio de acuerdo a la Ley (33% SML) y cuanto se les ha pagado efectivamente desde el dictado de las resoluciones del año 2020 (50% SML) y 2021 (75% SML).

Tres ciudadanos de nacionalidad china, de 54, 29 y 28 años de edad, en las últimas horas fueron expulsados del territorio nacional.

La salida de estos extranjeros se dio a raíz de su ingreso y permanencia irregular en suelo paraguayo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 6984/22.

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Estas tres personas formaban parte del grupo hallado tras el asalto a una granja de criptominería ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

Otro ciudadano chino, junto con un venezolano, también fueron notificados para regularizar su situación migratoria, dado que sí contaban con registro de ingreso al país.

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El intento de asalto acabó siendo frustrado gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, que fue alertada sobre el hecho por uno de los empleados.

Los miembros de la banda criminal lograron escapar del sitio sin lograr su cometido, para lo cual huyeron en varios vehículos.

Mediante un trabajo de investigación policial, en las últimas horas se concretó la detención de Augusto Suárez Ortiz, de 60 años, en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo.

El mismo posee frondosos antecedentes penales por robo agravado y hurto agravado, además de contar con cuatro órdenes de captura pendientes.

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Este sujeto es acusado por las autoridades de liderar una banda delictiva que el pasado mes de abril perpetró un intento de asalto en la ciudad de Villeta.

Según los antecedentes, Suárez y sus cómplices ingresaron a un puerto privado con el propósito de apoderarse de una importante cantidad de fertilizantes, pertenecientes a una empresa privada.

El atraco acabó siendo frustrado gracias a la intervención de las fuerzas del orden, lográndose la captura de más de 10 integrantes de este grupo criminal.

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Durante todo este tiempo, Suárez permaneció prófugo de la justicia, hasta que finalmente se pudo dar con su paradero. En su poder incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutir.

Con su captura, la Policía presume que la banda fue completamente desbaratada, sin que falte ningún eslabón por detener.

Personal del Departamento de Lucha contra el Abigeato en la jornada de ayer logró la detención de cuatro personas en la jurisdicción de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Se trata de Aldo Asunción Espínola, Román del Rosario Recalde, Anastacio Francisco de la Cruz y Orlando Catalino Ibarra de la Cruz, quienes viajaban a bordo de un camión de la marca Isuzu modelo NKR55L, con chapa ADR 834.

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Estos sujetos se encuentran sospechados de dedicarse al robo de ejemplares vacunos, razón por la que la Policía procedió a su captura.

En su poder hallaron un total de cinco animales vacunos, de los cuales dos eran novillos de pelaje negro y los tres restantes vacas de pelaje blanco, todos con pinta de marca.

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El detalle que llamó la atención es que ninguno de los ejemplares contaba con alguna documentación que respalde su origen, por lo que son considerados de dudosa procedencia.

Luego del procedimiento, los cuatro sujetos fueron trasladados hasta la sede de la Comisaria 3ª de Arroyos y Esteros, quedando a disposición del fiscal Bernardo Elisaur.