El conocido diario de Colombia, Semana, accedió a la investigación transnacional que busca llegar a los autores intelectuales del crimen Marcelo Pecci y publicó algunos detalles al respecto.

Según la pesquisa, habría existido una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares para pagar por el asesinato del fiscal Pecci.

Esta investigación, según el medio, contiene los datos precisos de cómo se movió ese dinero y de las reuniones mantenidas entre los sicarios y los criminales que seguían a Pecci hasta su oficina y su domicilio en Paraguay.

Como de local, Pecci tenía la seguridad garantizada (custodia), vieron una oportunidad en el viaje de Pecci y su esposa a Colombia, donde, pensaron (y acertaron), no tendría escoltas.

Que el crimen se haya perpetrado justo el último día de la pareja en Colombia, no fue casualidad y, supuestamente se debió a que, los intentos previos por encontrar el momento exacto fracasaron.

Según la investigación citada, al principio pretendían simular un robo perpetrado por delincuentes comunes, pero al no hallar el escenario y las circunstancias que den credibilidad a esta teoría, finalmente dirigieron el atentado al segundo hotel en el que se hospedó el matrimonio y al último día de estadía, para lo cual, desembolsaron otro millón de dólares.

En el cruce de informaciones de las personas a las que Pecci podría haber “molestado” con su trabajo y desmonte de operaciones narco, aparece en primer lugar Jarvis Chimenes Pavão, el brasileño con cédula paraguaya al que conocen como el “Barón de la droga”.

Este hombre detenido y encarcelado en Paraguay, desde donde seguía cometiendo delitos, fue extraditado en diciembre del 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes.

Durante el operativo Pavo Real realizado en Paraguay, se logró la captura de 40 integrantes de la red de Pavão y, según datos de inteligencia, Pavão, a través de una empresa de exportación de cerveza enviaba droga hacia Colombia y también intercambiaba la mercancía ilegal por armas para las FARC.

Otro que aparece en la línea de investigación es Miguel Insfrán, alias Tío Rico, detenido en Río de Janeiro en enero del 2023. Su captura fue un desprendimiento de la operación A Ultranza Py, donde participó Pecci y, luego de un centenar de allanamientos se emitieron decenas de órdenes de captura, además de confiscar vehículos de alta gama, embarcaciones y nueve avionetas para el transporte de drogas.

Una tercera persona que figura en la pesquisa es Jaime Franco, un paraguayo condenado a 18 años de cárcel gracias a las investigaciones de Marcelo Pecci, sin embargo, también seguía delinquiendo tras las rejas.

En octubre del 2020, el fiscal Marcelo Pecci intervino en la cárcel de Tacumbú y desmanteló una red que procesaba cocaína en el sitio. Durante la redada también se descubrió un “centro de operaciones” dentro de la prisión, perteneciente al narcotraficante condenado Jaime Andrés Franco Mendoza, que manejaba alrededor de US$37.000 en diversas monedas, como dólares estadounidenses, euros, guaraníes e incluso moneda sudafricana.

En cuanto a la mención que hace Francisco Correa Galeano (beneficiado con la reducción de la pena por colaborar con la investigación) sobre Horacio Cartes, nombre que repentinamente “recordó”, luego de decir que no lo sabía, el medio menciona que: investigadores de agencias internacionales han tratado de que Correa entregue detalles y pruebas sobre ese último tema, pero es nula la colaboración y sus declaraciones son ambiguas.

En tal sentido, según el mismo medio, para las autoridades podría tratarse de una “retaliación” (represalia, respuesta de castigo o venganza), pues en su mandato, entre 2013 y 2018, el expresidente Cartes envió tras las rejas a estos capos y a otros los extraditó a Brasil, dando duros golpes a esta organización que reunía criminales de alto perfil.

Varios cuarteles de la capital se declararon en alerta ante una inminente crisis operativa. Exigen a la Municipalidad de Asunción la transferencia inmediata de la deuda acumulada, un fondo proveniente de los impuestos a la construcción que la ciudadanía ya pagó, pero que sigue retenido.

Según la ordenanza municipal, el 3,5 % del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años y a la fecha acumula más de G. 10.000 millones.

La ordenanza municipal rige desde el 2012, pero recibieron el aporte hasta el 2020, según comentó Lorena Canan, presidenta del CBVP, al canal GEN/Nación Media.

Este incumplimiento municipal afecta directamente a la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes deben cubrir mantenimiento de móviles, comprar nuevos equipos, combustible.

Ante la presión del comunicado y el malestar generalizado, el intendente capitalino convocó a una reunión con los voluntarios para hallar una solución, aunque los bomberos urgen un cronograma de pago real para garantizar su operatividad en las calles.

La normativa busca introducir mayores controles y garantías en los procesos judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el litigio.

Esto significa que, cuando un acreedor presente un pagaré o cheque para demandar judicialmente el cobro de una deuda, el documento físico quedará depositado en la secretaría judicial hasta la finalización del proceso.

El diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, explicó que el objetivo es asegurar que el título de crédito permanezca plenamente identificado como objeto de un reclamo judicial.

“El título de crédito debe estar siempre custodiado, ya sea a través de su inmovilización física o de otro mecanismo que permita identificar el hecho fundamental de que el título en cuestión es objeto de reclamo judicial”, expresó.

La ley también incorpora la posibilidad de que el acreedor conserve físicamente el documento bajo la figura de “depositario judicial”. En esos casos, el juzgado realizará una anotación oficial en el pagaré o cheque dejando constancia de que se encuentra sometido a un proceso judicial.

Sin embargo, el acreedor tendrá la obligación de presentar el documento cuando sea requerido por el juzgado. El incumplimiento podrá derivar en un caso de quebrantamiento de depósito, con eventuales consecuencias penales.

Otro aspecto destacado es que el deudor tendrá derecho a recuperar el documento original una vez cancelada la deuda, una disposición ya contemplada en el Código Civil, aunque con dificultades en su aplicación práctica dentro del sistema judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la trazabilidad y transparencia en los juicios ejecutivos.

Asimismo, indicó que la normativa incorpora actualizaciones procesales vinculadas al uso de herramientas digitales, como notificaciones electrónicas, verificación de firmas electrónicas y reconocimiento de títulos ejecutivos digitales.

Con la sanción parlamentaria, el proyecto queda ahora pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los mellizos, un niño y una niña, fueron rescatados inconscientes por un tío quien los derivó de inmediato al centro asistencial.

Según el reporte, los síntomas de los menores eran de intoxicación, pero marcadamente distintos debido a las diferentes sustancias que ingirieron.

El niño ingresó a la urgencia presentando un cuadro severo de agitación, midriasis, taquicardia y una sudoración profusa, efectos relacionados con el consumo de cocaína. Por su parte, la niña ingresó en un estado de sedación profunda, provocado por la ingesta de un potente ansiolítico.

Los allegados de los mellizos señalaron de forma directa al padre de los niños como el presunto responsable de haberles suministrado las sustancias. De acuerdo con los testimonios, el hombre se encuentra atravesando por un cuadro depresivo severo.

El comisario Francisco López, subjefe de la Cría. 4ta. de Capitán Bado, comentó a la radio Universo 970/Nación Media que el padre acudió a la escuela para retirar a los pequeños. pero nunca los llevó a casa. La madre acudió a la comisaría para radicar la denuncia por desaparición.

El hombre había trasladado a los niños hasta una vivienda rural y posteriormente, se adentró con ellos en una zona boscosa donde los dejó abandonados e inconscientes.

Fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público.