El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, mencionó en entrevista con el canal GEN que reiteró un urgimiento a la Fiscalía sobre el caso de lavado en el banco Atlas, ante el temor de que la causa prescriba. La prescripción puede darse con el transcurso de la persecución penal a las personas físicas, según resaltó.

“El plazo de prescripción se cuenta desde el 2016, pero se interrumpió por varias cuestiones. Varios actos de la Fiscalía constituyen interrupción de la prescripción, como el pedido de colaboración de la justicia norteamericana o los allanamientos realizados al banco y la Superintendencia, lo cual evidencia la existencia de una sospecha de parte de la Fiscalía”, arguyó.

Lovera aclaró que la prescripción “no abarca el comiso autónomo”, lo cual implicará que el banco necesariamente tenga que devolver el dinero ganado con las operaciones hechas con el dinero mal habido que Leoz desvió del fútbol.

Consultado sobre por qué los investigadores ya no proceden a presentar una imputación en el marco de esta denuncia, respondió que todo apunta a que están recolectando más elementos para sustentar el caso. “Creo que están tratando de tener un estándar muy elevado para imputar, similar a una acusación, pero uno no necesita llegar a eso. Esa búsqueda atenta contra el futuro del caso penal”, advirtió.

De acuerdo con el relato brindado por el entrevistado, en el año 2013, Leoz hizo depósitos por casi 9 millones de dólares (gran parte en dinero en efectivo) en Atlas, escapando de cualquier perfil. En 2018, el banco proporcionó información falsa a la Fiscalía justificando el perfil de su cliente Leoz, al figurar ingresos como expresidente de Conmebol, cuando en la fecha seguía siendo el titular. Posteriormente estos depósitos (CDA) se constituyeron en los fideicomisos que Leoz negoció con Atlas pese a que existía una orden de captura en su contra de los EE.UU.

La sospecha es que la información del perfil de Leoz fue creada por Atlas luego del millonario depósito, y previo al fideicomiso, lo cual denota “una actitud dolosa” de parte del banco de los Zuccolillo, el cual buscó blindar los fondos de Leoz, según consideró Lovera.

“Nadie duda de que Nicolás Leoz causó perjuicios patrimoniales millonarios a la Conmebol. Nosotros entendemos que hay operaciones de lavado de dinero y queremos saber quiénes son los responsables. No queremos que el tiempo resuelva el caso. Hay que llevar adelante la persecución penal”, indicó además.

Otro dato llamativo es que el banco Atlas nunca emitió reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Leoz, sino que únicamente comunicó la prensa negativa, según recordó el abogado de la Conmebol.

En el caso de que el banco devuelva el dinero a la Conmebol, se deberá evaluar si se llegará o no de igual manera a un juicio, de acuerdo con el entrevistado.

Finalmente, reiteró que es un caso delicado que requiere la atención de la Fiscalía, siendo que Paraguay es la sede de la Conmebol y fue el sitio donde se produjo el perjuicio para la institución deportiva. Además reclamó que no es una buena imagen que da el país al mundo, respecto a la forma en que se investigan los casos.

Una de las supuestas víctimas, un conductor de plataforma cuya identidad se mantiene en reserva, relató al canal GEN que el exfutbolista le prometió supuestamente conseguirle un empleo como chofer y jefe de flota en el Comité Olímpico Paraguayo.

Según su testimonio, Barreto le solicitó el pago de un canon de ingreso con la promesa de facilitarle el puesto sin necesidad de una entrevista laboral.

El denunciante aseguró que aceptó la propuesta y entregó el dinero, pero el trabajo nunca se concretó. “Perdí 15 días de mi tiempo y, como nunca me hicieron la entrevista, le exigí la devolución de mi dinero. Ahí se negó y empezó a amenazarme, aunque luego se comprometió a devolver el dinero, pero esto tampoco cumplió”, afirmó.

La presunta víctima indicó que conoce a Barreto porque ambos viven en el mismo barrio. En un primer momento, el exjugador habría prometido devolver el dinero, pero finalmente no cumplió con ese compromiso.

De acuerdo con su relato, más de 30 personas habrían sido afectadas por maniobras similares. Algunas ya presentaron denuncias por separado, mientras que otras planean unirse para impulsar una demanda colectiva.

Según el denunciante, Barreto utilizaba su condición de exdeportista para generar confianza entre las víctimas, ya que aseguraba que tenía contactos con exfutbolistas y políticos influyentes. “De acuerdo a la necesidad de cada uno, él se presentaba prometiendo soluciones a cambio de dinero”, explicó.

Incluso habría ofrecido camisetas firmadas de futbolistas reconocidos como Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz, que finalmente nunca fueron entregadas, y en otro caso gestionaba para sacar a un convicto de la cárcel, según el denunciante, quien estima que el monto total de las presuntas estafas alcanzaría unos 300 millones de guaraníes.

El Observatorio de la Fiscalía dio a conocer un informe actualizado este lunes, en el que se detalla que hasta marzo 10 mujeres resultaron víctimas de feminicidios, lo que, a su vez, representa una pérdida para 22 hijos, de los cuales, 14 son menores de edad.

Igualmente, ocho mujeres fueron atacadas y, aunque se salvaron de morir, las agresiones fueron catalogadas como intento de feminicidio. A su vez, esto arroja tres víctimas colaterales, entre ellas, un niño.

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De las 10 víctimas de feminicidio, seis corresponden al mes de enero y cuatro en apenas 8 días de marzo: 7 en Central, una en Concepción, una en Asunción y una en Canindeyú.Además, siete de las mujeres asesinadas eran madres.

AUTORES

Los sindicados como autores de estos crímenes fueron parejas en tres casos, exparejas en dos hechos, un padrastro, un hijo, dos conocidos de la víctima y un parentesco a determinar. Tres de los asesinos se autoeliminan.

En cuanto al método, en 6 casos se utilizaron arma blanca, en dos, arma de fuego; mientras que una víctima falleció por asfixia y una por traumatismo, por golpes.

Tres de los hechos ocurrieron un día viernes, dos un sábado, dos un lunes y un caso cada uno en domingo, martes y jueves. Seis de los sospechosos están imputados, tres se suicidaron y uno está prófugo.

En entrevista con el canal GEN, la funcionaria explicó que la publicación periodística del diario ABC Color mezcló dos situaciones diferentes. Por un lado, los acuerdos extrajudiciales utilizados para pagar a proveedores y, por otro, el trabajo de la Auditoría Interna.

“Antes que nada, la auditoría interna no forma parte del proceso de cobro de honorarios. Nosotros somos un órgano de control”, aclaró.

Olazar explicó que el origen de la situación se da cuando empresas proveedoras continúan prestando servicios al IPS aun cuando el contrato ya perdió vigencia, debido a que ciertos servicios no pueden interrumpirse.

Entre estos mencionó la provisión de alimentos, limpieza hospitalaria o recolección de residuos patológicos, que son considerados servicios esenciales para el funcionamiento de los centros de salud.

En esos casos, los administradores de contrato solicitan a las empresas continuar con la prestación hasta que se concrete una nueva licitación. “Un hospital no puede quedarse sin limpieza o sin alimento. Entonces la empresa sigue prestando el servicio sin contrato vigente”, indicó.

Según explicó, una vez prestado el servicio, la institución debe pagar al proveedor para evitar demandas judiciales y mayores costos para el Estado.

La auditora señaló que, ante la imposibilidad administrativa de pagar esos servicios bajo el rubro original del contrato, se utiliza el objeto de gasto 915, denominado “gastos de justicia”. Y afirmó que ese mecanismo está avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Se paga a proveedores a través del rubro 915. No se paga al director jurídico ni a ningún funcionario”, enfatizó.

Además, explicó que en administraciones anteriores esos pagos se realizaban bajo el objeto de gasto 845, correspondiente a indemnizaciones, lo que generaba inconsistencias contables. “Por eso hoy hay diferencia en los montos respecto a años anteriores, porque antes se utilizaba un rubro equivocado”, afirmó.

Olazar también detalló que la Auditoría Interna no tiene facultad para autorizar pagos, sino únicamente para verificar si los servicios fueron efectivamente prestados.

Indicó que, por prudencia administrativa, la Presidencia del IPS suele solicitar a su equipo revisar la documentación presentada por los proveedores antes de realizar los pagos. “Nosotros verificamos si el servicio se prestó y si están reunidos los documentos correspondientes. Nuestra función termina con el informe de auditoría”, explicó.

Posteriormente, el proceso pasa a la Dirección Jurídica y a la Gerencia Administrativa y Financiera, que son las áreas encargadas de definir el mecanismo de pago.

Consultada sobre el cobro de honorarios por parte de abogados del IPS en acuerdos extrajudiciales, la funcionaria afirmó que ese aspecto está fuera del ámbito de competencia de la Auditoría Interna.

No obstante, señaló que el cobro de honorarios profesionales en determinados procesos está contemplado en la legislación vigente y respaldado por jurisprudencia.

Olazar sostuvo que las informaciones difundidas afectan la credibilidad del equipo técnico de la institución. “Desinformar de esta manera daña la credibilidad de un equipo de profesionales que realiza informes de alta complejidad”, indicó.