En el primer caso, se solicita informaciones y antecedentes relacionados con el control que ejercen estos municipios sobre la vigencia de la Ley N° 6903/22 “Que establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”.

La mencionada norma prohíbe la instalación del juego electrónico de azar, en lugares públicos con presencia de niños y adolescentes (mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, vía pública, entre otros).

Además, indica que la máquina tragamonedas no debe ser instalada en negocios o comercios que no se dediquen al rubro de los juegos de azar o casinos.

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El documento menciona, además, que estos procedimientos podrían incluir la incautación y destrucción de dichas máquinas, la disposición de cierre de algún comercio (temporal o definitivo), o la cancelación de la patente comercial.

En el segundo caso, el pedido de informe, también a una treintena de municipios, se solicita datos acerca de la implementación de la Ley N° 7104/23 “Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la República del Paraguay”.

El documento pide mencionar las acciones y diligencias realizadas en el marco de la mencionada ley.

A su vez, exige conocer acerca de las instituciones encargadas de la aplicación y ejecución de los programas y planes de acción a corto y mediano plazos para el tratamiento y prevención de las adicciones.

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Además, solicita informar sobre las actividades realizadas en el marco de la Ley Nº 6800/21 “Que crea el Consejo y Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones”. En ese sentido, pide incluir los planes, programas y acciones ejecutadas por este consejo, así como los inconvenientes que surgieron para su implementación.

Se establece un plazo de 15 días para que los municipios puedan remitir los informes requeridos a la Cámara Baja.

Los agentes del Ministerio de Justicia frustraron el intento de ingreso de supuestas sustancias estupefacientes que se encontraban ocultas en el interior de diversas verduras.

El sospechoso, identificado como Sebastián Javier Dávalos, fue aprehendido en el acto tras pretender ingresar los insumos alimenticios destinados al interno Cristhian Andrés Ayala, persona privada de libertad (PPL) en la citada sede penitenciaria.

El hecho se registró alrededor de las 16:45 horas de ayer, momento en que las funcionarias asignadas al control de suministros procedieron a verificar la carga presentada por Dávalos. Durante la inspección detallada, los agentes detectaron que el cargamento de hortalizas presentaba modificaciones para ocultar los paquetes prohibidos:

Las sustancias ilícitas se encontraban acondicionadas en el interior de zapallos, repollos y cebollas.

Tras constatar la presencia de los paquetes sospechosos, se activó el protocolo de seguridad penitenciaria y se procedió a la demora inmediata del involucrado.

La dirección del penal comunicó el hecho a la Comisaría jurisdiccional y a los agentes del Ministerio Público para la entrega de las evidencias incautadas y la formalización de la causa penal contra el detenido.

Paralelamente, las autoridades del establecimiento penitenciario ordenaron la apertura de un sumario administrativo y las investigaciones correspondientes dentro del recinto para determinar posibles complicidades.

Desde el Ministerio de Justicia ratificaron la política de tolerancia cero ante el intento de ingreso de elementos no autorizados en los penales del país.

El propietario de una empresa que alquila hangares en Paraguay —sin vinculación societaria alguna con Horacio Cartes o su familia—, ofreció la posibilidad de contratar un servicio aéreo y facilitó el contacto con la persona que se presentó como propietaria y representante de la aeronave, quien no registra antecedentes penales, detalló Pedro Ovelar.

Aclaró que el dueño no es el ciudadano brasileño vinculado al Banco Master de Brasil, sino una persona distinta.

Señaló que la contratación de un servicio de flete aéreo no implica ni permite presumir que quien lo contrata conozca la composición actual o histórica de las sociedades que sean o hayan sido propietarias de la aeronave ni mucho menos que mantenga vínculo alguno con sus socios, propietarios anteriores o personas relacionadas con ellos.

“Pretender establecer una vinculación de esa naturaleza por el solo hecho de haber contratado el servicio carece de sustento”, afirmó.

Tanto la aeronave como su tripulación estaban debidamente habilitadas y sin restricciones para realizar el vuelo previsto entre Paraguay y los Estados Unidos y su posterior regreso, subrayó.

La aeronave y su tripulación cumplieron con los controles y procedimientos aeroportuarios y migratorios en ambos países, sin impedimento para el viaje.

“No existe, por tanto, fundamento para atribuir a mi representado, a partir de la contratación de este vuelo, vínculos, conocimientos o conductas diferentes de los aquí expresamente señalados”, insistió.

El abogado advirtió que podrá iniciar acciones legales en caso de que se difundan afirmaciones que lesionen el honor de su defendido, Horacio Cartes.

Toda afirmación en contrario deberá estar respaldada por hechos ciertos y comprobables. La difusión de afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente el honor y la reputación de mi representado podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Dos propuestas legislativas que buscan promover la participación de la agricultura familiar en el programa Hambre Cero y establecer un régimen para la importación de productos frutihortícolas obtuvieron dictámenes favorables en la Comisión de Industria y Comercio. Ambos figuran en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy en el Senado.

El primero, el proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 9° de la Ley N° 7264/2024 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y Sistema Educativo), modifica y amplía la Ley N° 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones y modifica la Ley N° 6628/2020’”, presentado por Colym Soroka.

Se propone elevar del 10% al 40%, como mínimo, el porcentaje de adquisición directa de productos nacionales provenientes de la agricultura familiar campesina. Esto, para productores que figuren en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), para la provisión del programa Hambre Cero.

Se da potestad al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para aumentar, mediante resolución fundada, el porcentaje mínimo establecido. Se prevén faltas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la normativa.

Por otro lado, el proyecto de Ley “Que establece el régimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural y crea el Consejo Nacional Frutihortícola”. El planteamiento pretende regular la importación de determinados productos frutihortícolas durante los períodos en que la producción nacional no sea suficiente para cubrir la demanda.

Incluye la creación del Consejo Nacional Frutihortícola, integrado por representantes del sector público y privado. Por parte del Estado, participarán representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del SENAVE. Por el sector privado, gremios vinculados a los diferentes rubros de la producción y la comercialización.

“Pensamos que estos proyectos serán de gran utilidad para toda la producción familiar que tenemos en Paraguay. Estamos hablando de entre 40 y 50 mil inscriptos en el sistema”, señaló el senador Soroka. Para ello, se plantea realizar un censo con ayuda del INE.

Ambos proyectos tienen moción de preferencia para ser tratados hoy en la Cámara de Senadores.