IPS y Salud acuerdan compra de medicamentos oncológicos

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud trabajarán en un protocolo sobre la cantidad de pacientes, tipos de cánceres tratados y estos datos estadísticos, serán la base para la adquisición.

En la primera reunión para la conformación del equipo de trabajo, se analizó los avances en la elaboración de un listado único para la compra conjunta de medicamentos, en el marco de la integración entre el Ministerio de Salud y el IPS.

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En esa línea, la cartera sanitaria informó sobre que la compra conjunta incluye 10 medicamentos, además se trabajará en el protocolo y listado de los mismos para pacientes oncológicos. Asimismo, compartirán la cantidad de pacientes oncológicos, tipos de cáncer en tratamiento con el fin de trabajar en los datos estadísticos y que sirvan para la base de la compra conjunta.

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Por el ministerio de Salud estuvieron presentes el director general de Planificación y Evaluación, Dr. Gustavo Ortiz; director general de Asesoría Jurídica, Abg. Gustavo Irala; directora general de Insumos Estratégicos, Dra. Patricia Luraschi; directora de Hospitales Especializados, Dra. Ana Collante; Comité Nacional de Farmacoterapia, Dra. Carmen Buzarquis; directora operativa de Contrataciones, Lic. Laura Ojeda; directora de Economía de la Salud, CP Patricia González, y equipos técnicos de las áreas.

Por parte del IPS participaron: el coordinador de la Gerencia de Salud, Dr. José María Ruíz Díaz; directora de Planificación, Dra. Patricia Giménez; jefa de la Unidad de Regulación Farmacéutica, QF Sonia Cabañas; jefa del Dpto. de Farmacia del Hospital Central, QF María Lorena Ferreira; director de Apoyo y Servicios, Dr. Marcos Martínez; director médico del Hospital Central Dr. Hugo Martínez y el coordinador de la dirección de Planificación, Lic. Rino Cubas.

Operación “Dulzura”: confirman incautación récord de más de 4 toneladas de cocaína

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el total de cocaína incautada dentro de bolsas de azúcar que iban en un contenedor con destino a Bélgica, supera los 4.000 kilogramos. Representa una cifra histórica en el marco de hallazgo de drogas en el país.

El informe indica que 4.013 kilogramos de cocaína fue el total incautado dentro de bolsas de azúcar que iban en un contenedor en el Puerto Caacupemí, que tenía como destino el  puerto de Amberes, Bélgica.

Desde la Senad sostienen que el perjuicio al crimen organizado supera los 240 millones de dólares.

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Al respecto, la Senad considera una cifra récord en incautación hasta el momento. Todavía faltan contenedores por verificar.

El operativo denominado “Dulzura” fue llevado en conjunto entre la Senad, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Ministerio Público.

Por robar celular dos hombres fueron condenados a 17 y 14 años de cárcel en Luque

Axel Domiciano González y Víctor Manuel Benítez fueron condenados a 17 y 14 años, respectivamente, de pena privativa de libertad luego de ser hallados culpables de un violento robo contra una mujer en Luque.

El caso ocurrió el 10 de octubre de 2020 en el barrio Bella Vista, de Luque. La víctima recibió varias puñaladas por parte de ambos condenados para ser despojada de su celular.

La mujer permaneció en terapia intensiva por varios días, y luego de haber sobrevivido a las estocadas, fue testigo del juicio oral y público que se desarrolló en la ciudad de Fernando de la Mora.

Tras dar con los responsables, la agente fiscal Sandra Ledesma, de la Unidad Penal n.° 4 de la ciudad de Luque, solicitó que Axel Domiciano González sea condenado a 17 años de pena privativa de libertad y Víctor Manuel Benítez a 14 años.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Gerardo Ruíz Díaz, Natalia Muñoz y Rilsi Ortiz, quienes hallaron culpables a los dos hombres del violento asalto.


Celebran avance anticontrabando, pero señalan que todavía falta en ciertos sectores

Según el análisis de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), un poco más del 32% es lo que se redujo el volumen del contrabando de aceites y grasas vegetales en el comparativo de enero a mayo de este año, con relación al anterior sondeo hecho en 2023. El gremio espera que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) siga trabajando todavía con más ahínco en combatir frontal y transversalmente la ilegalidad y obtenga cada vez mejores resultados.

El gremio señala el contrabando de aceite y grasas vegetales disminuyó en 17 puntos porcentuales, porque entre enero y setiembre del 2023 el consumo mensual de dichos productos de dudoso origen fue de unas 4.030 toneladas, cifra que representaba un 52% de las ventas locales, mientras que entre enero y mayo de este año el volumen mensual de consumo de productos de dudoso fue de 2.710 toneladas, que constituyen un 35% en relación con el consumo del mercado local.

Se destaca que las incautaciones de aceites comestibles hechas por la división anti-contrabando de la DNIT, entre el 15 de agosto de 2023 y el 3 de julio de este año, fue de un total de 136.560 litros. Además, en forma general, la institución logró quebrantar esquemas de contrabando en los distintos rubros a nivel país por un monto total aproximado de US$ 16,9 millones, acorde con el informe oficial.

Cabe recordar que el contrabando no solo resta las ventas de productos nacionales, sino que también pone en peligro miles de puestos de trabajo en la industria.

En ese sentido, Cappro aglutina a diez industrias aceiteras paraguayas que emplean directamente a 2.200 personas y a otras 6.600 de manera indirecta, por eso celebra el trabajo realizado por el Gobierno para lograr la disminución de uno de los flagelos que castigan al sector, a su vez que lo exhorta a seguir implementando nuevas medidas que frenen todavía más la informalidad, a modo de proteger a todas las empresas formales, al trabajo de los paraguayos y generar más oportunidades.

Para el gremio, el contrabando es un generador de pobreza que perjudica no solo al Estado al dejar de recaudar millones de dólares en impuestos sino también a miles de personas que no reciben sueldo mínimo ni cuentan con seguro social o que pierden sus empleos debido al cierre de empresas y negocios que no pueden competir contra los precios de productos ilegales. A esto se suma la ausencia de controles que certifiquen el buen estado de estos productos para la consumición, poniendo en riesgo la salud de los que deciden comprar esos productos de origen dudoso.