De acuerdo al informe del corresponsal de Nación Media, Ángel Flecha, desde hace unos dos meses viene arrastrándose un conflicto en Arroyito, el cual tiene “en paro” a la comuna local.

Todo se originó luego de que la Junta Municipal haya aprobado la rendición de cuentas de la intendenta Josefina Torales, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

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Dicho informe tendría irregularidades vinculadas con un millonario faltante de dinero, lo cual motivó a que un grupo de 5 concejales haya expresado su desaprobación al balance.

A ellos posteriormente se le sumaron pobladores de la ciudad, quienes exigen a la intendenta y los demás concejales que expliquen el destino de los G. 4.000 millones que supuestamente fueron malversados de las arcas municipales.

La situación llegó al extremo de la agresión, luego de que un grupo de manifestantes haya increpado a una de las concejales cuando llegaba al palacete municipal, profiriendo insultos en su contra y arrojándole huevos, inclusive.

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Recientemente, el presidente de la Junta Municipal de Arroyito “despidió” a estos cinco concejales y convocó a jurar a sus suplentes. Luego de recurrir a la Justicia Electoral, se ordenó que vuelvan a ser restituidos en sus cargos.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que recibió la denuncia de supuesta malversación. A la par, los habitantes locales piden que la Contraloría pueda tomar intervención para investigar el destino de los fondos.

En el punto dos del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley número 1.680 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, presentado por el senador Javier Zacarías Irún.

El planteamiento señala que se observa un privilegio considerable y de carácter ya desproporcional en la flexibilidad de las penas impuestas a los adolescentes infractores de la ley penal.

El objetivo es aumentar las medidas privativas de libertad en hechos calificados como crímenes, que actualmente tienen un tope de 8 años. Con la modificación, la legislación quedaría de la siguiente manera:

Art. 207.- De la Duración de la Medida Privativa de Libertad: la medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de hasta quince (15) años.

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A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común.

La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado”.

Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, aconsejaron la aprobación con modificaciones, las cuales, serán expuestas durante el estudio.

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LA CAJA NEGRA

Según el abogado, la acusación fiscal -firmada por Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y verónica Mayor- imputa a Boidanich por presunto lavado de dinero y frustración de la persecución penal. Sin embargo, el documento fiscal reproduce argumentos mediáticos sin sustento probatorio y presenta contradicciones notorias.

Entre los puntos clave expuestos por la defensa, se encuentra el resultado de las diligencias solicitadas por la propia fiscalía en aquella etapa. Una de ellas fue verificar si Seprelad solicitó activamente información a su par de Brasil, o si simplemente la recibió de manera pasiva. La respuesta, afirmó Lovera, fue que Seprelad actuó de forma proactiva en la recolección de datos de inteligencia financiera, lo cual contradice la idea de una supuesta intención de encubrimiento.

Asimismo, otro requerimiento apuntaba a verificar si existió información adicional desde Brasil que la Seprelad no haya incluido en su informe. La conclusión fue que no hubo datos ocultos ni omisiones intencionales, ya que no se remitió información nueva que pudiera sustentar tal afirmación.

La acusación se apoya en la figura ambigua de una ‘demora injustificada’ en la remisión de un informe, en lo cual la Fiscalía se apoya para afirmar que hubo supuesto encubrimiento a favor de Darío Messer, pero no demuestra en ningún momento que esa supuesta demora haya tenido un efecto concreto en la causa, ya que los bienes de Messer fueron asegurados en su totalidad. Según el abogado defensor, si se hubiese querido favorecer a alguien, como se insinúa en la carpeta fiscal y medios de prensa, los bienes no habrían sido embargados y comisados.

Además, señaló que la supuesta demora no tuvo consecuencias reales, ya que las primeras reacciones de los investigados solo se produjeron tras los allanamientos, que fueron públicos y difundidos por medios de comunicación. Tampoco existió ninguna filtración por parte de la Seprelad que haya alertado a los involucrados.

Acusación omite contexto y fechas clave

Otro punto de crítica fue el manejo cronológico de los hechos. Según la defensa, entre junio y noviembre de 2017, el informe estuvo bajo análisis de la Dirección Jurídica de Seprelad, sin que la Fiscalía cuestione ese lapso en particular. A pesar de ello, el Ministerio Público presenta como un solo bloque temporal todo el período, señalando al exministro de la Seprelad como el responsable de la tardanza.

Sin embargo, el abogado recordó que Boidanich estuvo fuera de funciones entre marzo y abril de 2018 por razones médicas al realizarse una delicada cirugía, lo cual está documentado desde 2019 en la propia causa. Al retornar a sus funciones, el entonces ministro de Seprelad firmó inmediatamente el informe de inteligencia.

En cuanto al delito de lavado de dinero, Lovera cuestionó que la acusación no individualiza ningún bien ni establece un nexo concreto entre un objeto de valor y una conducta del imputado. Argumentó que la Fiscalía habla de ‘todo el patrimonio de Darío Messer’, pero consideró que el lavado requiere que exista un objeto definido —como un vehículo, inmueble o cuenta— que haya sido manipulado para ocultar su origen ilícito. Eso no ocurrió en este caso.

La defensa de Óscar Boidanich dejó en claro que la imputación presentada por el Ministerio Público carece de fundamentos técnicos y jurídicos, reproduce un discurso mediático sin respaldo probatorio, y omite deliberadamente elementos objetivos que descartan cualquier intención de encubrimiento o beneficio indebido.

El abogado reiteró que la actuación de Seprelad durante el tiempo en cuestión se enmarcó en los procedimientos habituales de inteligencia financiera, sin generar perjuicios ni impedir la acción de la justicia, por lo que su estrategia en el juicio apuntará a evidenciar las falencias de la acusación y demostrar que su cliente no incurrió en ningún hecho punible.

La atención en la sede central de Identificaciones se normaliza desde hoy en el horario habitual, de 6:00 hs a 18:00 hs para todo tipo de trámite, y de 18:00 a 21:00 hs solo para enrolamientos, no así para entrega de cédulas.

El martes, la oficina permaneció cerrada por trabajos de mantenimiento programados con antelación, que afectaron al sistema eléctrico y a las instalaciones físicas del edificio.

Si bien, los trabajos aún se realizan en lugar, el público podrá ingresar a realizar las gestiones con normalidad.

Las personas que no puedan acudir de lunes a viernes podrán realizarlo los sábado, con un horario más extendido debido al flujo de personas, de 06:00 h a 18:00 h para todos los trámites, solicitudes y entrega de documentos.