Fichado por el Primer Comando Capital (PCC) para comandar el ala paraguaya de las operaciones del cartel brasileño en el departamento de Canindeyú, la carrera de delincuente de Acosta Riveros tiene ribetes de terror, por el modus operandi del mismo, por un lado, y por desnudar la cara más fea de la justicia, por el otro: la de jueces que resolvieron que Macho, siendo asesino confeso y condenado a 25 años de cárcel, haya obtenido ‘alternativas’ de prisión y permisos para tratarse de enfermedades que nunca tuvo. Y que fueron utilizados para sus escapes, hartos sospechosos de haber sido fruto de “propinas”.

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Alias Macho fue detenido por la Policía el 27 de abril del 2005, tras asesinar a su patrón, el colono japonés Iroyuko Arai, en la localidad de Tavavy, Alto Paraná. Lo mató porque, junto a otros peones, fueron descubiertos robando ganado del productor, a quien enterraron en su propiedad.

Condenado a 25 años de cárcel, estuvo hasta el 19 de mayo de 2011, cuando huyó del penal de Ciudad del Este. El hombre obtuvo un ‘permiso’ para ir hasta un sanatorio privado, por una supuesta dolencia de tuberculosis. En el lugar, los guardias que lo custodiaban, “no vieron” cuando el sujeto escapó por una de las ventanas.

El 10 de febrero del 2015 la Policía volvió a detenerlo, en la ciudad de Saltos del Guairá. Allí comenzaba su incursión en el negocio de la plantación y distribución de marihuana. Fue llevado al penal regional de San Pedro.

El 18 de febrero del 2016, Macho obtuvo otra gracia, esta vez del juzgado sampedrano, que le otorgó, insólitamente, alternativa de prisión, derivándole a guardar reclusión domiciliaria.

El juez Eliodoro García fue el que resolvió la benevolente medida. Al ser requerido sobre el tema, el mismo dijo que le dio la alternativa a Acosta, con anuencia de la fiscal Norma Solís y el médico forense Julio Zarza. Hasta ahora se desconoce el estado en que se encuentran los procesos que, según entonces, se abrió en torno a los que permitieron la huida del criminal más buscado del país.

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Se trata del proyecto de Ley de contratos de préstamos suscritos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y por la República del Paraguay, por un monto de hasta US$ 135.000.000.

También dentro del proyecto se incluye al contrato de préstamo suscrito con el Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de hasta US$ 50.000.000, para el financiamiento del Programa de Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY22, tramo Concepción – Vallemí – San Lázaro y accesos (Vial 4).

El programa contempla la rehabilitación, construcción, mejora y mantenimiento de aproximadamente 219,1 km en el departamento de Concepción.

Los trabajos serán ejecutados mediante la modalidad tipo CREMA (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento), que contempla la licitación con un anteproyecto para estimar costos. Posteriormente, el adjudicatario desarrollará el proyecto ejecutivo, ejecutará las obras en un plazo de dos años y realizará el mantenimiento durante cinco años, de acuerdo con niveles de servicio establecidos.

Un insólito y llamativo hallazgo se produjo en la mañana de este miércoles en inmediaciones de la escuela ubicada en la Villa San Miguel de Concepción.

Se trata de un proyectil de mortero, el cual fue encontrado en una cuneta ubicada frente a la institución educativa.

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Dos niños que se encontraban jugando fueron quienes descubrieron este artefacto, que tiene un peso de aproximadamente dos kilos.

Por el estado y las condiciones que presenta, se presume que se trata de una bala de mortero muy antigua y que nunca llegó a detonar.

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Tras el hallazgo, se dio aviso al director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, Carlos Argüello, quien a su vez solicitó la intervención de un experto en explosivos, informan medios locales.

El proyectil fue puesto bajo resguardo por pobladores locales, hasta tanto pueda ser inspeccionado por un especialista.

Por mayoría el colegiado de la Circunscripción Central confirmó la primera condena “sin cuerpo” que se otorgó en el caso de Luz Dahiana Espinoza.

En enero de este año, por dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Sentencia condenó a 30 años a Joel Guzmán Amarilla, único sospechoso de la muerte y desaparición de la joven.

Esta decisión fue confirmada este miércoles argumentando que negar una condena por ausencia de cuerpo es abrir una ventana de impunidad inaceptable en casos de feminicidio.

En aquella ocasión, los magistrados dictaron sentencia con la cual quedaron demostrados los antecedentes y evidencias de violencia familiar, sumados a otros indicios recolectados durante la investigación.