El Comisario César Diarte confirmó un caso de estos, señalando que le llamó una profesional del derecho, para explicarle que su cliente (un asaltante fugitivo) no participó del hecho, e incluso le pasó el teléfono para que hable con él.

“Me llamó la abogada, señalando eso, después habló esta persona que cuenta con orden de captura, me dijo en guaraní, que él no tuvo participación en el asalto a la casa de cambios, que asumía que tenía antecedentes, pero que no en este caso. Es bastante llamativo esto”, dijo el Comisario Diarte en comunicación con la 730 AM.

Si bien el jefe policial declinó ensayar una interpretación a la insólita llamada, se sabe que en el ámbito de la investigación, hablan de que un poderoso grupo criminal afectado con el robo millonario, anunció represalias contra los que cometieron el golpe, que se estima, arrebató un botín de más de 5.000 millones de guaraníes, 1.545 millones de los cuales se les cayó al momento en que huían del lugar del asalto.

Detalles de que la millonaria suma llevada por los asaltantes de Cambios Fénix es que hasta ahora no aparecen los dueños del negocio. Otro: que no proporcionaron todas las imágenes del sitio de donde arrebataron el dinero, además de la falsa declaración de los montos. Estas aristas alimentan la idea de la Policía, de que el supergolpe de los atracadores, se llevaron el dinero de un importante grupo criminal que promete “ajuste de cuentas”, lo que en jerga mafiosa significa asesinatos por encargo de los marcados.

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La pesquisa sobre el asalto a Fénix, señala algunos nombres como presuntos ejecutores del hecho son estos: Julio César Chioveta Oviedo, Brian Jeremy Chioveta Paniagua (padre e hijo), Amado Urunaga Cohene (el de la llamada), Víctor David Paredes Benítez y Alcides Herrera Acosta.

La socialización de estos nombres por parte de los investigadores, se da a partir de una extensa recolección de imágenes de circuitos de cámaras de la ciudad, por donde pasaron y se refugiaron los delincuentes.

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La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.