El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, señaló que están tendidas las líneas para hacer fluida la comunicación con el Ministerio Público de Colombia, sobre el crimen de Marcelo Pecci.

Indicó que, al margen de las posturas disímiles de la familia del extinto fiscal, está contemplada la cooperación internacional a fondo para intentar llegar al autor intelectual del magnicidio. Autoridades de Colombia, EEUU y Paraguay, están embarcadas en el mismo objetivo de llegar al fondo de la trama que acabó con el magnicidio. El gobierno estadounidense, incluso, mantiene la oferta de pagar USD 5 millones para revelar la autoría intelectual del asesinato.

Por otro lado, Rolón significó que el crimen organizado instalado en todos los países de la región, plantea una realidad alarmante en cuanto a las acciones conjuntas de bandas mafiosas.

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“Está en nuestro patio el crimen organizado, es nuestra realidad entre nosotros, y los protocolos empiezan a funcionar. Creo que hace bien ese tipo de eventos (cooperación internacional), porque extiende nuestro horizonte de búsqueda”, respondió el Fiscal General, al ser abordado al respecto.

El fiscal Rolón indicó que la computadora de Pecci fue analizada por peritos de la Fiscalía, de donde se extrajeron datos que pueden servir al proceso, pero que, en gran medida son datos personales.

El titular del Ministerio Público respondió que las pruebas que se van recabando en la pesquisa, no pueden ser socializadas, ni siquiera para las partes. Eso es así por las disposición de la ley que establece ese procedimiento.

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El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.