El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó al canal GEN que se interiorizará sobre la denuncia hecha por Andrés Veirano, gerente de una empresa transportadora y presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio (CAPACE), quien expuso que desde febrero de 2023, la firma transportadora a su cargo fue víctima de seis asaltos armados y un intento de atraco en diversas rutas nacionales. Expuso al respecto que tomará la denuncia con seriedad y que este lunes conversará con las autoridades policiales para intensificar el combate a los delincuentes.

Sin embargo, expresó que ya se había dispuesto una medida de seguridad para las empresas transportadoras, con la cual se redujo bastante el ataque de los “piratas del asfalto”. Este protocolo establece que las mismas se junten, entre 7 a 10 firmas, y circulen juntas en un convoy, acompañadas por las patrulleras de la Policía Nacional. Los agentes realizan la cobertura durante el paso de los camiones por su zona y dan la posta a las siguientes comisarías durante el traslado. Esto permite que estas firmas puedan transitar de manera más segura y no se expongan solas a los criminales que están al acecho en las rutas. Sin embargo, llamativamente no todas avisan a la Policía Nacional de sus viajes, sino más bien optan por circular sin las medidas de seguridad. “Extrañamente algunas compañías no lo quieren hacer, entendemos que es una decisión personal, y les explicamos que eso facilita los ataques”, acotó.

Así también expresó que resulta sospechoso que en muchas ocasiones las transportadoras ni siquiera pueden precisar a los intervinientes la cantidad de lo robado. “Nos llama la atención que siempre que ocurren los asaltos la Policía nunca sabe qué es lo que se transportaba o cuántas cajas había. En muchos casos no se aclara la cantidad y el origen de los productos. Es raro que algunas empresas no sepan cuál es la mercadería que llevaban”, arguyó.

La autoridad señaló asimismo que muchas veces existen trabajadores infieles que “soplan” a los malvivientes para que cometan el golpe en las rutas cuando se transporta la mercadería. “No le estoy acusando a la empresa (por el robo sufrido), pero nos gustaría que recurran a la Policía para que no vuelva a suceder”, comentó.

En otro momento insistió en que recibió una Policía sin equipamientos e insumos para luchar contra el crimen organizado, y que está haciendo todo lo posible para potenciar esta institución, con la incorporación de más agentes policiales y con la adquisición de más patrulleras, chalecos antibalas y otros elementos necesarios para que exista un fuerte combate a la delincuencia.

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La denuncia fue presentada de manera presencial ante el director del recinto y el Consejo Asesor de la institución. Tras la alerta, los agentes procedieron a la inspección de la celda señalada, donde confiscaron un teléfono celular con su correspondiente tarjeta SIM y cargador, junto con una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros envuelta en tela.

Para verificar la denuncia, un miembro del Consejo Asesor realizó una llamada de prueba al número provisto por la víctima, logrando que el dispositivo incautado sonara al instante.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades penitenciarias dispusieron el traslado preventivo del interno al Módulo N.º 8, bajo un régimen cerrado especial.

Los elementos incautados fueron elevados a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones pertinentes sobre la coacción denunciada.

Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció la apertura inmediata de un sumario administrativo con el objetivo de determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos al establecimiento. La investigación buscará identificar eventuales actos de complicidad por parte del personal penitenciario.

De acuerdo a la cartera sanitaria, el incremento asistencial se vio impulsado por la habilitación de consultorios nocturnos en 41 hospitales, que ya acumulan más de 1,5 millones de atenciones, y por la duplicación del sistema de telediagnóstico, que hoy opera en 84 centros de las 18 regiones sanitarias.

Además, las intervenciones en áreas críticas mostraron avances con más de 10.300 maratones quirúrgicas y la descentralización de la red oncológica, permitiendo aplicar quimioterapia en 11 servicios fuera de la capital y logrando un récord de 40.000 mamografías tras la incorporación de 32 nuevos equipos.

La distribución de insumos y fármacos alcanzó la cifra récord de G. 1,5 billones en 2025, respaldada por la puesta en marcha de dos complejos logísticos especializados: el Parque Oncológico y el Parque Nefrología, este último soporte esencial para elevar a 307 los equipos de diálisis operativos en el territorio nacional.

En materia de infraestructura, la habilitación de los hospitales generales de Coronel Oviedo e Itapúa aportó de manera directa 380 camas y 19 quirófanos, mientras avanza la construcción del nuevo Hospital Nacional de Itauguá, proyectado con 1.039 camas y una inversión de USD 150 millones.

En el ámbito preventivo y de respuesta sanitaria, la incorporación del anticuerpo Nirsevimab logró reducir a cero las muertes por Virus Respiratorio Sincitial en menores de seis meses, al tiempo que las medidas de control epidemiológico desplomaron las notificaciones de dengue en un 90%.

El fortalecimiento institucional se complementó con la integración digital del Sistema de Información en Salud (HIS) en el 79% de los establecimientos públicos y la incorporación por concurso de 5.141 profesionales de la salud, sentando las bases operativas del sistema para los próximos años.

“Colombia es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad, nos unimos para acompañarlos”, expresó Santiago Peña, quien acudió al aeropuerto Silvio Pettirossi para supervisar la carga.

Se dirigió al pueblo colombiano, al mandatario Abelardo de la Espriella y sostuvo que Paraguay es un país grato, pues Colombia históricamente ha sido un pueblo hermano con nosotros.

Santiago Peña, presidente de la República.

El sismo de magnitud 7,4 dejó como saldo 287 muertos y las autoridades buscan a 379 personas que continúan desaparecidas bajo los escombros.Más de 13.000 viviendas quedaron destruidas.

El Banco Mundial anunció el desembolso de USD 200 millones y, paralelamente, ordenó un estudio rápido para determinar el costo aproximado de los daños. Estados Unidos aumentó el apoyo a USD 26,5 millones. También se sumaron otros países.