La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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QUÉ ES LA CUENTA ÚNICA

La coordinadora General de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Emilia Yugovich, explicó la semana pasada al pleno de la Junta Municipal lo que significa la Cuenta Única, que es una herramienta financiera que fue introducida en nuestro sistema legal paraguayo, a través de la Ley 1.535, que es la Ley de Administración Financiera del Estado.

“Esa Ley 1.535 de Administración Financiera del Estado rige también la Administración Financiera de las Municipalidades, por disposición del Artículo 178° de la Ley Orgánica Municipal, que dice que nosotros debemos cumplir los lineamientos establecidos por esta ley, por sus adecuaciones, actualizaciones y en lo que resulten aplicables sus decretos y resoluciones reglamentarias.  Nosotros también tenemos facultades reglamentarias, que nos otorga la Constitución Nacional, y en ese sentido podemos dictar las normas locales que nos permitan el cumplimiento de lo dice esa ley”, explicó.

Profundizó aún más sobre lo que está estipulado en la Ley 1.535, aclarando que establece que los recursos del tesoro tienen que ser administrados en un sistema único de cuentas.

“Esto no significa que todo el dinero se va a un solo banco, a una sola cuenta de banco, sino puede estar distribuido.  De hecho, es más sano, financieramente, que esté distribuido en distintas cuentas, pero lo que te permite es manejar todas juntas ellas como un sistema único de ingreso de recursos y de salida de recursos”, detalló.

Puntualizó en el sentido de si los recursos provenientes del crédito público integran o no los recursos públicos del tesoro municipal.

“Y, tanto el decreto reglamentario de la Ley 1.535 como nuestros reglamentos ya a nivel municipal, la Ordenanza 175 y su Resolución reglamentaria, que es la 2424/2019, establecen que el alcance de la Cuenta Única está integrado por recursos provenientes del crédito público, que sería Fuente 20 y recursos, en nuestro caso institucionales, Fuente 30, en el caso de la Administración Central está además incluida la Fuente 10″, especificó.

En ese marco, insistió en que el Sistema Unificado de Cuentas bajo ningún sentido viola ninguna ley, ya que es una herramienta financiera. “No se contrapone a ninguna ley.  Justamente la ley habilita a la Administración a su utilización, su objetivo es gestionar la liquidez para poder financiar, de manera oportuna, todos los programas, para que ningún programa se quede sin financiamiento”, acotó.

Resaltó que el objetivo es el cumplimiento total del presupuesto. “Es una herramienta financiera, más que nada, que está habilitada por la ley 1.535, inclusive se profundizó en detalle su funcionamiento y su mecánica por la Ley 5.097 del año 2013, En el caso de la Administración Central está además incluida la Fuente 10″, recalcó.

Insistió en que este procedimiento es totalmente legal y citó a varios países donde rige desde hace tiempo su implementación.

“Todos los hechos y actos de la Municipalidad, que se realizaron con la figura de la Cuenta Única, están cubiertos bajo el principio de legalidad.  Hay mucha literatura sobre el tema de la Cuenta Única, a nivel doctrina y también a nivel de producción por parte de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Hay muchos artículos que hablan de eso.  De hecho, es una recomendación del Fondo Monetario Internacional su utilización.  Ya en los años noventa se implementó en países europeos y acá en Latinoamérica tenemos en la Argentina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Paraguay. Su implementación no es una cuestión antojadiza ni algo que solamente tenga nacimiento, digamos, municipal, sino que además esto está incorporado en nuestro sistema positivo de normas de la República del Paraguay”, afirmó.

Negó categóricamente que haya habido malversación de fondos con la utilización de esta herramienta financiera, establecida tanto en la Ley 1.535 y en la Ley 5.097 del año 2013.

EL AHORRO CONSEGUIDO

Por su parte, Antia Franco, directora de Estudios Económicos, enfatizó en el hecho de que la Municipalidad de Asunción ahorró con el uso de la Cuenta Única 77.000 millones de guaraníes.

“El mecanismo es manejo de la liquidez, en donde, cuando yo necesito ir a préstamo a corto plazo, pero tengo recursos no necesarios, recursos no requeridos en el momento, uso esos recursos que son los saldos de bonos para no ir a un préstamo a corto plazo, para pagar intereses del 10.45% anual.  Eso generó 77.342 millones de guaraníes, aproximadamente, de ahorros en intereses, destacó.

Detalló que, mediante la Cuenta Única, se junta todo el dinero y de ahí se va distribuyendo para pagar las deudas.

Manifestó que es una herramienta que se aplica en el Estado Paraguayo, se aplica en América, se aplica en Europa, por las ventajas y las bondades del ahorro financiero. Puntualizó que específicamente en la Municipalidad de Asunción, se utiliza este sistema desde el 2017. “Si se mira la ordenanza del presupuesto del 2017, ya se habla de la Cuenta Única y en el 2018 ya se quita la ordenanza específica”, acotó.

Resaltó además la solvencia económica que tiene la Municipalidad, que está al día en todos sus compromisos financieros. “Evidencia de eso es que estamos al día en todos los pagos de los proveedores, ya sea por las obras que están financiadas con bonos, las obras que están financiadas con fondos propios. Incluso estamos al día con pagos de compromisos tales como el capital y el interés de los bonos y todos los gastos en los que incurre la Municipalidad para su funcionamiento normal”, concluyó.

El requerimiento conclusivo fue formulado de manera conjunta por los fiscales Nathalia Silva, Giovanni Grisetti y Yeimy Adle. En la presentación formal, el Ministerio Público sostuvo la acusación por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por los representantes de la Fiscalía, durante la gestión al frente de la cartera ministerial se adoptaron decisiones que terminaron destruyendo las estaciones y tramos previamente ejecutados con fondos públicos.

Esas medidas inhabilitaron de forma definitiva la infraestructura erigida, imposibilitando que el trazado cumpliera con su fin operativo original.

El cómputo del informe fiscal establece que el perjuicio patrimonial asciende a la cifra de 14.955 millones de guaraníes.

Al solicitar que el caso sea elevado a la etapa de debate oral y público, los fiscales buscan probar la responsabilidad penal del ex alto funcionario en las pérdidas sufridas por el Estado paraguayo.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron un nuevo paso hacia la digitalización de la gestión pública con la firma de un convenio para implementar el “Oficio Judicial Electrónico”.

La herramienta permitirá que los oficios y el intercambio de información entre ambas instituciones se realicen de manera electrónica, reduciendo los tiempos y costos asociados al traslado físico de documentos.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que la medida tendrá un impacto importante debido al elevado volumen de oficios judiciales que recibe diariamente la cartera sanitaria desde distintos puntos del país.

Además de reducir el uso de documentos físicos, el sistema permitirá mejorar la trazabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. Los funcionarios habilitados podrán gestionar los trámites independientemente de su ubicación.

El presidente de la Corte Suprema, Alberto Joaquín Martínez Simón, resaltó que la incorporación de herramientas digitales permitirá agilizar los procedimientos, mejorar su calidad y fortalecer la transparencia institucional.

El convenio se enmarca en la Ley N.º 6822/2021, tendrá una vigencia de cinco años y podrá prorrogarse automáticamente por otro periodo igual.

Con esta iniciativa, Salud y la Corte Suprema buscan avanzar hacia una gestión más rápida, eficiente y con menor dependencia del papel, en línea con el proceso de transformación digital del Estado.

La propuesta original contemplaba inicialmente el 22 de agosto como fecha conmemorativa. Sin embargo, la modificación hecha en la Cámara de Senadores fijó el 14 de abril con el objetivo de hacer coincidir la festividad con el hito de su consagración global.

Durante el debate, el diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria defendió el dictamen favorable para aceptar la versión del Senado. Argumentó que la fecha elegida simboliza el reconocimiento mundial del tradicional caldo como uno de los mejor valorados del planeta.

Con la sanción del texto, se faculta a la Secretaría Nacional de Cultura, en coordinación con la Secretaría Nacional de Turismo, el Ministerio de Educación y Ciencias y las dependencias departamentales y municipales, a articular planes, proyectos y actividades para la difusión y valorización del plato a escala nacional e internacional.

El vorí vorí cuenta con una rica tradición en la mesa paraguaya y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay en 2017.

Su distinción oficial refuerza la identidad culinaria del país, impulsada además por el prestigioso portal gastronómico TasteAtlas, que en diversas ocasiones lo situó en lo más alto de sus clasificaciones globales de sopas y platos tradicionales.