En el punto cuatro del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 10:00 de la mañana, figura el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas paraguayas naturales o naturalizadas, adultas mayores en situación de pobreza.

Quienes hayan cumplido 60 años de edad adquirirán el beneficio de la pensión no contributiva, a fin de garantizar la adquisición de víveres diarios, por un valor no menor a la mitad del salario mínimo vigente y bajo ciertas condiciones, considerando que la legislación apunta a personas de escasos recursos.

Sin embargo, la incorporación no será automática. Los interesados tendrán que inscribirse en sus municipalidades o distritos, cuyas autoridades gestionarán el pedido ante el Ministerio de Economía, que definirá en un plazo de 30 días si el candidato cumple los requisitos.

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No podrán ser beneficiados quienes reciban remuneración del sector público o privado, sea sueldo, jubilación, pensión del IPS y quienes contribuyan al Impuesto a la Renta Personal. Además, quienes en el IVA declaren ingresos superiores a dos salario mínimos mensuales o cuenten con más de 30 cabezas de ganado o quienes reciban una pensión graciable del Congreso.

El proyecto crea el Fondo de Pensión Alimentaria para personas adultas mayores y será financiado con los recursos que ingresan al fisco a través de impuestos como el Selectivo al Consumo de Bebidas Alcohólicas y Azucaradas y otros tributos.

En el caso de los paraguayos naturalizados, se les exigirá al menos cinco años de residencia ininterrumpida, mientras que, a los extranjeros, 30 años de residencia permanente.

Unos 310.000 adultos mayores reciben hoy la pensión alimentaria, pero según estimaciones expuestas por algunos legisladores que trabajan en este y otros proyectos similares, se necesitaría la incorporación de otros 170.000.

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El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.

Representantes de la Asesoría Jurídica del IPS en el transcurso de esta tarde se presentaron en la sede de Fiscalía Barrial Nº 7, a fin de formalizar una denuncia penal contra ”personas innominadas”.

La misma se relaciona con el robo de más de 100 metros de costosos cables de alta tensión que debían encontrarse en los depósitos del Hospital Central y que, llamativamente, desaparecieron.

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Este hallazgo se concretó semanas atrás luego de una verificación ‘in situ’ por parte del presidente del IPS, Isaías Fretes, quien detectó una serie de irregularidades durante su recorrido por las instalaciones.

El daño patrimonial ascendería a una suma aproximada de USD 15.000, detalló a los medios el asesor jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, quien fue el encargado de presentar la denuncia. “No podemos dejar pasar esto”.

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El mismo aseguró que “no se dejarán presionar” por ningún sector, destacando el trabajo realizado desde la asunción de Fretes para destapar diversas irregularidades, al tiempo de afirmar: “Esto es solo la punta del iceberg”.

El profesional no descartó que nuevos hallazgos surjan a partir de próximas auditorías en el ente, lo cual a su vez derivaría en la presentación de otras denuncias penales y eventuales sumarios contra funcionarios.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta con el Comando Tripartito, el Departamento Contra la Trata de Personas y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), en el marco de las acciones para reforzar la seguridad fronteriza y prevenir delitos transnacionales.

Durante el operativo fueron verificadas 47 personas, de las cuales 30 eran paraguayas y 17 brasileñas. Asimismo, las autoridades realizaron controles a un total de 12 niños y adolescentes.

En el desarrollo de las inspecciones también fueron detectados menores de edad que viajaban acompañados por terceros sin portar la documentación física exigida o sin certificado de nacimiento.

Tras las verificaciones para confirmar la identidad de los niños y el vínculo con los adultos que los acompañaban, algunos fueron entregados a sus progenitores, mientras que otros quedaron a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que estos operativos interinstitucionales tienen como objetivo fortalecer los controles migratorios, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles casos de trata de personas, además de otros hechos relacionados con el crimen transnacional.