Erica Imbrogiano, presidenta de Multitarget, detalló que encuestaron a un total de 200 periodistas del país, de los cuales 75 son mujeres. Del total, el 58% manifestó que a lo largo de su trabajo, en los últimos 10 años aproximadamente, fue víctima de algún tipo de violencia. De ese porcentaje (58%), el 69% corresponde a las mujeres, es decir, 7 de cada 10 mujeres, y el 51% son hombres.

“La conclusión es que la violencia es un tema que afecta al periodista en el ejercicio de su profesión que, a su vez, también afecta de manera significativa a las mujeres”, expresó Imbrogiano en entrevista con Gen/Nación Media.

En ese contexto, la entrevistada indicó que, cuando un periodista sufre violencia a raíz de su labor, suspende de forma temporal o definitiva el trabajo que viene realizando. Citó que el 51% lleva adelante una autocensura, disminuyendo su presencia en las redes sociales. Mientras que el 5% manifestó que abandonó su lugar de trabajo. Las amenazas provienen de tres redes, que son Facebook, X (Twitter) y WhatsApp.

En cuanto al impacto negativo a la salud, dijo que el 51% manifestó que sufrió estrés, temor, tristeza, desesperación, frustración, desesperanza, sentimiento de fatiga y agotamiento. “La investigación es muy amplia y tiene muchos aspectos que buscan de alguna manera contribuir para mejorar la situación de la cual los periodistas son víctimas”, aseveró.

Sobre quiénes tienen más incidencia de violencia sobre los profesionales de la comunicación, la mayoría respondió que proviene de políticos, autoridades nacionales y municipales, y personas involucradas al crimen organizado. Los temas que generan violencia son políticos, electorales, corrupción pública y por último, los de géneros (comunidades de LGBTQI).

La investigación consta de dos partes - señaló Erika - una que es la encuesta, logrando identificar 147 medios pequeños, medianos y grandes, además de las digitales. Por otro lado, entrevistas de profundidad a determinados referentes del sector periodístico y a personalidades que trabajan en la Fiscalía, Derechos Humanos, Defensoría Pública, a modo de tener una amplitud de respuestas y comprender lo que viven los trabajadores de prensa y qué tipo de herramientas precisan para realizar la labor. “Herramientas como la contención psicológica y jurídica”.

Otro punto abordado fue, de si los medios dónde trabajan cuentan con protocolos de protección y de si es necesaria una Ley de Protección a Periodistas, ya que es una profesión de riesgo. “No es lo mismo que le choquen el auto a un particular que a un periodista que está llevando adelante una investigación de temas sensibles. El abordaje al periodista debe ser diferente y debe ser diferenciado. El 93% respondió que si se necesita que los proteja”, explicó.

Por último, destacó que la investigación es amplia con mucha información que brinda la facilidad de tomar acción teniendo en cuenta todos los ejes y autores de la violencia sobre dicha profesión.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.