Se trata del proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que la normativa fue impulsada luego de descubrir el despilfarro de los recursos por parte de algunas entidades no gubernamentales.

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La iniciativa no prohíbe el uso de los fondos, sino que pretende que las organizaciones expliquen quién les da el dinero, la cantidad y en qué invertirán.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); estableciéndose que las ONG se inscriban en el Registro Nacional de la OSFL y para el efecto se estipula un plazo específico y las documentaciones obligatorias para objeto de control de estas organizaciones.

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Las ONG deben detallar el uso y destino de los fondos que reciben con sus correspondientes documentos respaldatorios y realizar una rendición semestral ante la autoridad de aplicación. La normativa también establece sanciones pecuniarias por el no cumplimiento de la Ley.

La propuesta establece, además, un régimen sancionatorio y se le faculta al Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días a reglamentar todo lo inherente a esta Ley en caso de ser aprobada.

Se trata de un plan destinado al mejoramiento de calles empedradas de la ciudad, de manera a generar nuevas interconexiones con una superficie de rodadura rejuvenecida, facilitando de esa manera el flujo vehicular.

El plan general es ejecutar 82.000 m2 de nuevas calles asfaltadas que, según el relevamiento técnico realizado, serán distribuidas en 12 barrios de Asunción.

Apunta principalmente a arterias que, a la fecha, presentan signos de deterioros, características por las justamente no son muy utilizadas.

Cabe destacar que, con la intervención que se realizará en estas calles, estas se convertirán en alternativas de otras vías que, actualmente, son muy transitadas, lográndose así bajar el índice de congestión en las mismas.

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El primer módulo a ser ejecutado corresponde al barrio San Pablo, sector que tiene una deficiente infraestructura vial, pero que con la intervención se permitirá brindar un confort aceptable y un aumento de la calidad de vida de una población de 22.000 habitantes.

El intendente resaltó que son cerca de 80.000 metros cuadrados de asfaltado, que se van a hacer en toda Asunción.

“Y una gran parte estará en el barrio San Pablo, porque nuestro corazón está aquí y porque verdaderamente se requería. Las calles que más necesiten en San Pablo van a ser asfaltadas. Los empedrados que más necesiten en San Pablo van a ser cubiertos por el asfaltado. Eso va a hacer que la calidad de vida del vecino del barrio San Pablo sea mejor y de otros barrios de Asunción también”, aseguró.

El reconocimiento fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Desde la Presidencia de la República sostienen que la presencia de Peña en la ceremonia reafirma el compromiso del Gobierno con los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos, acompañando los procesos globales que buscan consolidar la paz mediante el fortalecimiento institucional.

El reconocimiento a María Corina Machado se instala con fuerza en el escenario global: demuestra que la voluntad colectiva por recuperar la democracia mantiene vigencia y capacidad de influencia más allá de las fronteras.

El Premio Nobel de la Paz 2025 emerge así como una advertencia y, al mismo tiempo, una reafirmación: la libertad continúa siendo un valor universal cuya vigencia exige responsabilidad cívica y compromisos institucionales claros.

La representante del Ministerio Público demostró que José Gustavo Modesto Merlo, en representación de la firma “ALFA & OMEGA S.A.”, celebró el 1 de octubre de 2018 contratos de alquiler de maquinarias con la víctima.

Los equipos serían utilizados en obras viales en el departamento de Cordillera y fueron retirados del domicilio del afectado, ubicado en la ciudad de Asunción.

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Los alquileres de las maquinarias fueron renovados al vencimiento de cada periodo establecido en los contratos; sin embargo, el plazo pactado para el 31 de enero de 2019 no fue renovado, y tampoco se procedió a la devolución de los equipos.

Ante esta situación, y tras varios reclamos al ahora condenado, la víctima presentó la denuncia ante el Ministerio Público, iniciándose así la investigación que derivó en la correspondiente condena.