Se trata del proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que la normativa fue impulsada luego de descubrir el despilfarro de los recursos por parte de algunas entidades no gubernamentales.

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La iniciativa no prohíbe el uso de los fondos, sino que pretende que las organizaciones expliquen quién les da el dinero, la cantidad y en qué invertirán.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); estableciéndose que las ONG se inscriban en el Registro Nacional de la OSFL y para el efecto se estipula un plazo específico y las documentaciones obligatorias para objeto de control de estas organizaciones.

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Las ONG deben detallar el uso y destino de los fondos que reciben con sus correspondientes documentos respaldatorios y realizar una rendición semestral ante la autoridad de aplicación. La normativa también establece sanciones pecuniarias por el no cumplimiento de la Ley.

La propuesta establece, además, un régimen sancionatorio y se le faculta al Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días a reglamentar todo lo inherente a esta Ley en caso de ser aprobada.

Durante la ejecución de las obras, los conductores que circulen desde Fernando de la Mora a Asunción deberán girar a la derecha en la calle Mateo Estigarribia, continuar hasta Cerro Corá, luego girar a la izquierda y seguir hasta Casilda Insaurralde, por donde podrán reincorporarse a la avenida Mariscal López.

En tanto, quienes transiten en sentido contrario, es decir, desde Asunción hacia Fernando de la Mora, podrán continuar utilizando la avenida Mariscal López, ya que este sentido permanecerá habilitado.

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Con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro, agentes de la Patrulla Caminera estarán apostados en la zona para orientar a los automovilistas y velar por el cumplimiento del nuevo circuito vial establecido.

Cabe recordar que estas intervenciones forman parte del plan de renovación vial impulsado por el Ministerio de Obras, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación vehicular y mitigar los problemas de acumulación de agua en días de lluvia. Los trabajos estarán a cargo de la empresa contratista Tecnoedil S.A. bajo la supervisión del MOPC

El fiscal Silvio Corbeta confirmó a Universo 970 AM que fue recusado por los abogados de Miguel Prieto, coincidentemente a días de la realización de la audiencia preliminar por el actual intendente de Ciudad del Este.

Asimismo, señaló que tanto él como los otros dos fiscales de la causa y todo el equipo de trabajo investigativo fueron recusados, bajo el argumento de ser los supuestos responsables de la viralización de una declaración difundida en los medios de comunicación

“Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración. No tenemos nada que ver con esa filtración”, señaló el fiscal.

Corbeta manifestó que a raíz de esta situación, no podrán participar en la audiencia preliminar. “Es una suerte de estrategia defensiva para tratar de evadir a la justicia”, subrayó.

La causa se enmarca en una investigación que revela un esquema presuntamente fraudulento sostenido por la empresa Mocipar, que habría afectado a múltiples personas mediante contratos de adhesión para la adquisición de inmuebles que nunca se concretaron.

La investigación parte de la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con MOCIPAR, abonando un total de G. 13.460.000 bajo la promesa de acceder a una vivienda o bienes sorteados. A pesar de cumplir con las cuotas estipuladas, nunca fue adjudicada con propiedad alguna, y fue inducida a firmar nuevos contratos con la promesa de no perder lo ya abonado.

El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicación era imposible de cumplir dada la magnitud de los adherentes versus la capacidad real de entrega.

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Además, según los elementos recolectados, la firma habría captado a sus víctimas, a través de un programa de televisión emitido por canales de aire, donde se sorteaban semanalmente bienes como electrodomésticos, muebles y vehículos. No obstante, en 22 años de funcionamiento, apenas se documentaron 16 adjudicaciones efectivas, mientras que miles de personas abonaban cuotas sin obtener retribución alguna. Las empresas involucradas tampoco contaban con autorización de la CONAJZAR para realizar sorteos, lo que agrava la situación legal de los acusados.

La acusación sostiene que los directivos acusados utilizaron esta estructura para captar fondos de personas de ingresos bajos y medios, y que tanto Durand como Román Fernández se beneficiaron personalmente con movimientos financieros positivos, mientras las empresas registraban reiteradas pérdidas.

El Ministerio Público considera que los hechos reúnen los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento de los acusados.