Debido a la aparición de anuncios en rede sociales sobre supuestos ofrecimientos de ingreso a los programas Tekoporä y Tenonderä, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informó y aclaró que los únicos mecanismos para la inclusión de participantes son los que realizan funcionarios de la institución debidamente identificados y autorizados.

En ese sentido, la institución recomendó a las personas y familias, a evitar caer en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrar con las necesidades de los más vulnerables.

Asimismo, informó que, tanto para Tekoporä como Tenonderä y cualquier otro programa de protección y promoción social, no se admiten intermediarios ni gestores, considerando que tienen protocolos aplicados exclusivamente por la institución, de manera personal y gratuita.

Actualmente, el MDS promociona el pago de desembolsos del Programa Tenonderã, para 3.557 proyectos aprobados previamente, y este hecho genera interés tanto de personas que quieren participar del programa, como de estafadores que buscan aprovecharse de este interés generado.

Los ministros del Ambiente, Rolando de Barros, y de Industria y Comercio, Javier Giménez, junto con representantes del sector productivo, dieron a conocer los detalles del decreto reglamentario de la Ley N° 7.190/23.

Se trata de la conocida como “Ley de Créditos de Carbono”, que proyecta generar 150.000 empleos y atraer inversiones por USD 20.000 millones en el sector forestal de nuestro país.

Durante la presentación, el presidente de Paracel S.A., Per Olofsson, resaltó que la reglamentación crea un marco competitivo a nivel mundial y facilita nuevas inversiones. En tanto, Manuel Giménez Gaona, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), señaló que el crecimiento del sector permitirá expandir la producción forestal de 250.000 a 3.000.000 de hectáreas sin afectar la actividad ganadera.

Los créditos de carbono, también llamados “bonos de carbono”, son instrumentos financieros comercializables que certifican la reducción, captura o eliminación de emisiones contaminantes. Con la reglamentación, Paraguay facilitará la emisión de estos bonos por parte de proyectos ambientales, como la reforestación.

El ministro de Barros enfatizó que la nueva normativa simplifica los trámites y otorga mayor protagonismo al sector privado, mientras que el Estado garantizará la calidad de los créditos emitidos.

El reporte señala que desde diciembre último se desbloquearon más de 1.200 tarjetas de cobro. Sin embargo, quedan aún 6.000 sin movimiento a las que se está dando seguimiento.

La cartera de Estado informó oficialmente, a través del viceministro de Administración y Finanzas, Raúl Ramírez, sobre el proceso que lleva adelante el programa de los casos de adultos mayores a los que se ha bloqueado las tarjetas.

Ramírez explicó que el procedimiento de rigor es bloquear la tarjeta hasta corroborar que la persona no haya fallecido. Si se corrobora y certifica que no ha fallecido se procede al desbloqueo.

Este mismo procedimiento se realiza con personas que no registran movimiento en un plazo de 60 días, quienes deberán justificar los motivos por los cuales no opera en su cuenta acercándose con sus documentos para que se les active nuevamente.

“El objetivo del programa es transparentar el proceso de inclusión por eso hoy se incorporan de acuerdo a la edad y sin intermediación, pero debemos asegurarnos que los recursos lleguen al adulto mayor. Buscamos proteger los recursos que el Estado Paraguayo ha destinado para ellos, por eso somos minuciosos en los controles y se toman estas medidas de bloqueo por 60 días si no existe movimiento en su cuenta”, explicó el viceministro Ramírez.

Consultado sobre el motivo de dilación del proceso de reactivación de los no fallecidos, Ramírez refirió que obedece a la falta de un reporte inmediato por parte del Registro Civil y/o el Ministerio de Salud, la falta de actualización del primero y la no existencia de oficinas regionales, así como gente no inscripta, son situaciones que retrasan el proceso.

En relación a los trámites que deben realizar los hoy falsos fallecidos, indicó que pueden hacerlo personalmente, acercándose a las oficinas donde se verifica su documentación y se los incluye automáticamente.

Con 10 votos a favor y 2 abstenciones, los concejales de Encarnación aprobaron la propuesta que plantea la transferencia del terreno donde se encuentra asentado el Aeropuerto “Tte. Amin Ayub González”.

Se trata de un inmueble que abarca una extensión de 128 hectáreas, pertenecientes a la Municipalidad de Encarnación y podrían pasar a la manos del Estado paraguayo, a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

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Para finiquitar la transferencia de la propiedad, se solicita un pago de G. 340 millones a la comuna encarnacena, confirmó el concejal Diego Aquino, presidente de la Junta Municipal de Encarnación.

Este costo fue establecido por la Comisión de Tasación, conforme a una evaluación en un precio fiscal y teniendo en cuenta la imposibilidad de una transferencia gratuita, ya que se contrapone a la Ley Orgánica Municipal.

El edil solicita a la DINAC que pueda garantizar el efectivo cumplimiento de las promesas de inversión en las tres fases establecidas inicialmente, por un monto que oscila los USD 10 millones.

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La intención es que el aeropuerto encarnaceno pueda convertirse una terminal habilitada para vuelos comerciales frecuentes y no solo programados, como ocurre hoy día, emulando al Aeropuerto Silvio Pettirossi o el Guaraní.

La ejecución de estas obras en un plazo no mayor a 10 años es una exigencia fijada por los concejales. De no cumplirse, la municipalidad volvería a recuperar la titularidad del inmueble, añadió Aquino.