El 76% de estos fallecimientos se concentran en la población mayor de 60 años. Además, según la vigilancia centinela, los casos hospitalizados por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociado a influenza en mayores de 60 años suman 119 hospitalizaciones, con 19 ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UTI) y 31 fallecidos. El 97% de los hospitalizados por influenza no estaban vacunados con la dosis anual.

Esto fue señalado por el director del PAI en un conversatorio sobre vacunas realizado en el marco de la Expo 2024, con la participación de médicos especialistas y presidentes de sociedades médicas que llevan adelante la campaña de invierno “Vacunarse es poder”. Las personas que visiten la Expoferia de Mariano Roque Alonso tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la influenza en el stand del Ministerio de Salud (ubicado en Calle E esq. Calle 3). Las inmunizaciones se ofrecerán desde las 9:00 hasta las 21:00 todos los días hasta el 21 de julio.

El Dr. Ernesto Weber, presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, señaló que el segundo grupo más afectado por la enfermedad son los niños de 0 a 4 años. Recordó que la vacuna contra el COVID-19 está indicada para los niños de Paraguay a partir de los 6 meses de edad. “Las mayores complicaciones y hospitalizaciones se observan en este grupo, el cual es especialmente vulnerable porque están en una etapa crucial de crecimiento y desarrollo. La enfermedad puede dejar secuelas o complicaciones a largo plazo a causa de lo que se conoce como COVID prolongado, pudiendo afectar a 1 de cada 4 niños, retrasando su desarrollo, aumentando la predisposición a desarrollar diabetes y mayores posibilidades de enfermedades inmunológicas, entre otras”, indicó el galeno.

La Dra. Fanny Corrales, especialista en ginecología infanto-juvenil, destacó la importancia de que tanto el médico que indica la vacuna contra COVID-19 e influenza como la embarazada que la recibe, sepan que es eficaz y segura para aplicarse ambas vacunas durante el embarazo. No afecta al bebé; al contrario, genera un “efecto capullo” que protege al bebé hasta los 6 meses de vida, tanto durante el embarazo como en la lactancia.

La Dra. Desirée Almirón, de la Sociedad Paraguaya de Infectología, indicó que si bien el otoño-invierno se considera una temporada alta para los virus respiratorios, éstos circulan todo el año. Es crucial enfatizar la vacunación simultánea contra la influenza y el COVID-19, una en cada brazo. La recomendación anual de la vacuna contra el COVID-19 es para todos, sin importar cuántas dosis se hayan aplicado durante la pandemia.

Finalmente, la Dra. Mercedes Duarte, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Geriatría, recordó que los adultos mayores constituyen el grupo más vulnerable y requieren mayores cuidados para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones por influenza y COVID-19. “A pesar de los esfuerzos, aún se registra una alta tasa de complicaciones en esta población, por lo que es fundamental continuar con las medidas de prevención”, puntualizó.

Vacunarse es poder

Bajo el lema “Vacunarse es poder”, la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP), en alianza con otras 8 sociedades científicas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Programa ampliado de inmunizaciones, llevan adelante la campaña con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación anual para protegerse contra enfermedades infecciosas prevenibles como el COVID-19 y la influenza.

La vacuna actualizada monovalente XBB.1.5 de Moderna, con composición 2024, está disponible en Paraguay. Esta vacuna proporciona una mayor protección contra las variantes actuales del COVID-19. La vacuna antigripal tetravalente, de origen francés, está disponible para la temporada invernal, ofreciendo protección contra las cepas de influenza A y B. Esta vacuna está indicada desde los 6 meses de edad.

Ambas vacunas están disponibles de forma gratuita en más de 1.400 puestos de vacunación del país, incluyendo centros públicos de salud, hospitales distritales, regionales o generales. Para más información, llamar al 138 o visitar www.vacunate.gov.py.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.

El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Este principio consagra que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que le cause el Estado, garantizando la tutela judicial efectiva y la reparación integral del daño.

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En su exposición, el proponente sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno al sufrimiento de los ciudadanos perjudicados por actuaciones judiciales indebidas y que corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad pública y moral.

El objetivo es restituir la dignidad de las víctimas y ofrecer una reparación que reconozca los daños patrimoniales y emocionales sufridos.

La propuesta detalla mecanismos de aplicación, estableciendo que la Defensoría del Pueblo será la autoridad encargada de recibir y tramitar las solicitudes, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas será la instancia responsable de efectivizar los pagos, con fondos provenientes del programa de obligaciones diversas que se halla contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En la madrugada de este viernes se reportó un caso de feminicidio en una vivienda de la Comunidad Indígena Yvyra Jha, situada en la Colonia Capitán Herminio Mendoza de Yby Yau, departamento de Concepción.

Resultó víctima de este hecho María Gómez Romero, de 46 años, quien fue asesinada de varias puñaladas por su pareja sentimental, de nombre Cornelio Soria Duarte, de 42 años.

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Este fatídico ataque con arma blanca se habría producido a raíz de una fuerte discusión entre el presunto autor y la hermana de la mujer fallecida, según el reporte de medios locales.

Gómez sufrió múltiples heridas en el pecho y la zona cervical, las cuales le provocaron la muerte. De igual manera, su hija, Anselma Soria Gómez, de 26 años, resultó son severas lesiones tras ser atacada por su propio padre.

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Agentes de la Subcomisaría 24ª de Yby Yau acudieron al lugar tras recepcionar una llamada de vecinos. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, una de ellas ya sin signos de vida.

Luego de cometer el crimen, Soria decidió darse a la fuga y actualmente permanece con paradero desconocido, siendo buscado por la Policía Nacional.