Los rebotes de las solicitudes para acceder a préstamos gestionados por Che Róga Porã ratifican una realidad que ya se conocía, el nivel de informalidad de un sector de la sociedad, en donde se encuentran personas que sí generan ingresos propios suficientes para calificar, pero que no tienen forma de demostrar ese poder adquisitivo.

Para el ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, esta información debe ser tomada por el Estado para iniciar una campaña intensa de formalización, en donde la gente se registre y pueda tributar sus ingresos reales, y así acceder a programas de esta naturaleza.

“Del 40 % preaprobado, hubo un número importante de rechazo por varios motivos, esto refleja la realidad, por un lado, ciudadanos que tienen ingresos, pero no tienen forma de demostrar sus ingresos porque no están formalizados”, explicó Baruja, en un contacto con la emisora 1020 AM.

La plataforma toma cinco bases de datos que reflejan los ingresos declarados del postulante y su deuda en el sistema financiero. A partir de allí, realiza un cálculo de ingresos y egresos, donde determina si la persona está en condiciones de poder pagar la casa para la cual se está postulando.

“Los rechazos son consecuencia, principalmente, de una realidad de la informalidad de mucha gente que está trabajando”, enfatizó el ministro.

Entre el viernes de mañana y ayer miércoles, más de 60.000 personas ingresaron al portal www.cherogapora.gov.py para interiorizarse sobre el programa.

Esta sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario ante la corte suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.

La policía cree que hay indicios suficientes para inculpar a Bolsonaro en el caso conocido como “Abin paralela”, que investiga si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue usada para espiar a objetivos definidos por el gobierno bolsonarista (2019-2022).

“La Policía Federal concluyó su investigación sobre la existencia de una organización criminal que vigilaba ilegalmente a las autoridades públicas y producía noticias falsas”, indicó el organismo en un comunicado.

“El informe final fue remitido al Supremo Tribunal Federal” mientras el trámite sigue “bajo reserva”, agregó.

“Jair Bolsonaro nunca fue siquiera oído en este proceso (...) e incluso así fue indiciado”, se quejó uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, en su cuenta de la red social X.

También confirmó que su hermano, el concejal Carlos Bolsonaro, está entre los apuntados por la policía.

Según la prensa brasileña, entre los espiados a través de sus computadoras y celulares había periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.

ESPIONAJE A PARAGUAY

La Agencia de Inteligencia del Brasil ejecutó una operación de espionaje contra nuestro país acerca de las estrategias barajadas para la negociación de la tarifa de Itaipú y del Anexo C.

La ABIN habría recurrido a herramientas especializadas y estrategias de inteligenciapara la obtención decontraseñas e informaciones sensiblesde sus objetivos.

Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negaron haber ordenado dicha infiltración, acusando directamente al expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto espionaje a Paraguay.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta actualmente un juicio ante la corte por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, señalado de haber liderado sin éxito un plan para impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.

El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas, pero insiste en que quiere ser candidato en 2026.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.