Por Jorge Torres Romero

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades del IPS se encargaron de dila­pidar G. 828 mil millones (USD 110 millones) que, según el contrato de Fidei­comiso de Titulación, Admi­nistración y Pago IPS Fon­dos Salud, firmado entre la previsional y el banco Atlas (Grupo Zuccolillo), cuya última adenda se concretó el 26 de diciembre de 2018, esta plata se tenía que uti­lizar exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

De las 4 obras que figuran en el contrato, los primeros 3 no están ni en un 50 % y el último ni siquiera se hizo. Pero, sin embargo, los G. 828 mil millones ya se gastaron en su totalidad, el IPS debe pagar cada mes la deuda y el banco Atlas como garan­tía retiene cada mes de los Fondos de Salud G. 160 mil millones. Entre paréntesis, todo el presupuesto de Salud del IPS pasa por el banco de los Zuccolillo.

Todos los detalles de la ope­ración figuran en la Consul­toría sobre las Condiciones de Otorgamiento o Colo­cación de Bonos y sobre la Correcta Utilización de los Fondos del Fideicomiso, que ordenó realizar la actual administración del IPS.

Según los últimos reportes del IPS, las autoridades anterio­res usaron la plata para otros fines, incluso calzaron el pre­supuesto de Salud y hasta pagaron salarios, aspectos que no figuran en el contrato fiduciario.

LAS PRIMERAS DENUNCIAS

En febrero de este año, desde la asesoría jurídica del IPS presentaron una denuncia al Ministerio Público refe­rente a esta operación. En su oportunidad, se mencionaron algunas de las falencias en el incumplimiento de cláusu­las del contrato, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas que ni siquiera estaban autorizadas.

LAS PRIMERAS DENUNCIAS

En su momento, se acerca­ron los resultados de audi­torías preliminares sobre el fideicomiso. Se abordan las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fon­dos del fideicomiso de admi­nistración y el pago de Fon­dos de Salud.

G. 828 mil millones es la plata autorizada por el fideicomiso que durante el gobierno de Abdo Benítez, el IPS, en complicidad con el banco, se encargó de dilapidar.

En su momento, se acerca­ron los resultados de audi­torías preliminares sobre el fideicomiso. Se abordan las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fon­dos del fideicomiso de admi­nistración y el pago de Fon­dos de Salud.

En agosto de 2017, el Consejo de Administración de la pre­visional resolvió autorizar la operación del Fideicomiso de Titularización, Adminis­tración y Pago IPS - Fondo de Enfermedad y Materni­dad con el banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Ban­cos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Zuc­colillo y la adenda final se hizo en diciembre de 2018.

El objetivo de esta operación era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmo­biliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en bene­ficio del Fondo de Enferme­dad y Maternidad; además de aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pen­siones, en inversiones renta­bles, mediante la adquisición de los títulos del fideicomiso.

En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el banco Atlas, el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes, en el porcentaje que corres­ponde al Fondo de Salud.

Mientras que el banco Atlas emitió cuatro títulos por G. 828.800 millones que fue­ron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 por G. 324.500 millones, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones, la tercera en julio de 2021 por G. 140.000 millones y la cuarta en octubre de 2022 por G. 134.300 millones. Estos títu­los tienen una vigencia de 20 años cada uno.

Según datos proveídos por el Departamento de Inver­siones, a diciembre de 2023, del total de las emisiones de G. 828 mil millones de este fondo, fue recuperado alre­dedor del 17 %, equivalente a G. 141 mil millones.

Conforme al documento rea­lizado por la consultora con­tratada por el IPS, en relación con el fideicomiso se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un aná­lisis más profundo respecto al riesgo de iliquidez que implica el cumplimiento de las cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al Fiduciario, y la res­tricción del uso de esta par­tida durante el plazo de devo­lución por parte del mismo.

Acá están las obras que se debieron realizar con sus respectivos plazos. Tres de estas están a mitad y la última ni siquiera empezó, pero la plata se esfumó

Según el informe, se incum­plieron varias cláusulas contractuales, como, por ejemplo, el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos, al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar nin­guna documentación relacio­nada con la reprogramación o modificación del contrato, que respalde los fondos asig­nados a obras distintas a las presupuestadas. De acuerdo a lo manifestado por las res­ponsables de las áreas de Infraestructura y de Mante­nimiento del IPS, varias de estas obras no estarían con­cluidas; existiendo certifi­cados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agota­dos a esta fecha.

Además, en la conclusión se menciona que varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

Acá se lee que el banco Atlas retiene todos los meses G. 160 mil millones de los Fondos de Salud del IPS para garantizar el pago de la deuda por el dinero que malutilizaron

DESCALCE FINANCIERO

Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peli­gro los flujos de fondos futu­ros. Esto ante la adverten­cia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibi­dos, comparados con los flu­jos proyectados, en porcen­tajes del 18,7 % para el año 2021, y del 22,03 % para el año 2023.

Así también, se evidencia que, como consecuencia de la eje­cución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso.

Por estas irregularidades, la recomendación dada fue soli­citar un dictamen jurídico sobre las eventuales conse­cuencias legales respecto a los incumplimientos halla­dos y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato.

BANCO ATLAS, BAJO LA LUPA

El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregula­ridades detectadas en esta auditoría externa encomen­dada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fon­dos públicos en el periodo 2020 y 2023.

De acuerdo con el intervi­niente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros con­ceptos fuera de los previs­tos en el contrato. Por esta situación, no descarta en la investigación la conducta de los bancos involucrados, al ser los administradores del dinero. Durante la pes­quisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los res­ponsables, de acuerdo con el agente.

La denuncia hecha por la previsional evidencia el des­pilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados, mediante negocios muy beneficio­sos para los bancos, entre ellos Atlas, de los Zuccoli­llo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario Abc Color en contra de la iniciativa, hoy ley, que crea la Superinten­dencia de Pensiones.

En charla con el canal GEN, el empresario Enrique Duarte sostuvo que la iniciativa es “una barbaridad” y advirtió que podría afectar la productividad del país.

Sostuvo que medidas de este tipo envían señales equivocadas en un contexto económico complejo y en un escenario global competitivo.

“Estamos en una economía global con muchos problemas, guerras y mercados muy exigentes. Paraguay está compitiendo dentro del Mercosur para acceder a mercados de alto valor como la Unión Europea o el Indopacífico, y presentan este tipo de iniciativas”, afirmó.

Según el titular de FEPRINCO, reducir días laborales impacta directamente en la productividad de las empresas y en la competitividad del país.

El dirigente también cuestionó que la propuesta afecte tanto al sector privado como al presupuesto público.

“Este proyecto toca el presupuesto público y también el bolsillo de los empresarios. Pareciera que creen que las cajas de las empresas son inagotables”, señaló.

A su criterio, los legisladores deberían concentrarse en problemas estructurales que afectan al sector productivo, como el transporte público, la informalidad laboral y las dificultades vinculadas al sistema previsional del Instituto de Previsión Social.

Duarte calificó la iniciativa como una medida populista destinada a generar simpatía en la ciudadanía sin analizar sus consecuencias. “Esto es parte del manual del populismo, con medidas simpáticas que generan aplausos, pero cuyo impacto real se paga después”, afirmó.

El presidente de FEPRINCO incluso comparó este tipo de decisiones con situaciones que contribuyeron al deterioro de la Caja Fiscal, al aprobarse leyes que generaron compromisos financieros difíciles de sostener a largo plazo.

Duarte sostuvo que los sectores políticos deben actuar como “sensores sociales”, pero subrayó que esa responsabilidad también implica analizar el impacto económico de las leyes que se impulsan.

El proyecto fue presentado por los senadores Colym Soroka, Celeste Amarilla, Lilian Samaniego, Walter Kobiyanski, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama y Arnaldo Samaniego, quienes proponen establecer un día libre pago para celebrar el cumpleaños de los trabajadores.

En la reunión de la Mesa Directiva de este lunes, en la que se elabora el orden del día de cada sesión ordinaria, el legislador Silvio Ovelar pedirá incluir en el punto 1 el proyecto de la Reforma de la Caja de Jubilaciones.

“En muchos aspectos estamos de acuerdo, hemos accedido a muchos de los planteamientos de los docentes y varios gremios. Esto no pretende de ninguna manera ser algo exprés”, comentó Ovelar, en un contacto con la 730 AM.

La versión que él planteará y que será dictaminada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto mañana incluye la edad mínima de 53 años para la jubilación extraordinaria y 58 para la ordinaria, con el cobro del 77 y el 90 %. Queda por definir el portencaje de aporte del estado.

Otro de los avances acordados, según Ovelar, es que los docentes activos que ya tienen 20 años de docencia puedan jubilarse con la ley vigente.

En cuanto a las fuerzas públicas, integradas por militares y policías, el tratamiento es diferenciado, pero de momento no se dio a conocer la versión.

El parlamentario defendió la decisión del tratamiento para este miércoles alegando que muchos pretendían instalar que el oficialismo buscaría la sanción ficta, algo que cae con este anuncio.

PROPUESTA DOCENTE

La última “alternativa” planteada por los docentes no establece edad mínima, pese a que este es el principal problema que desangra la Caja de Jubilaciones.

Proponen 25 años de servicio con el 80% del salario; 30 años con el 90%; y 35 años con el 100%.

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PROPUESTA ORIGINAL DEL EJECUTIVO

La propuesta inicial planteada en el proyecto de la Reforma de la Caja Fiscal es que la edad mínima sea de 57 años, con el incentivo de que, si aportan hasta los 62, el monto de la jubilación será más alto.

PROYECTO MODIFICADO Y APROBADO EN DIPUTADOS

Para los sectores Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, se establece:

La jubilación ordinaria: con una edad mínima de 57 años y un aporte mínimo de 25 años, cobren el 60% al 70% hasta el 85%

Jubilación extraordinaria: con edad mínima de 55 años y un aporte mínimo de 30 años con el 60% al 70% y la remuneración base se calculará sobre el promedio de los últimos 10 años.

Fuerzas Públicas: tendrán derecho al haber de retiro al cumplir al menos 57 años de edad y 25 años de aporte. El monto será calculado sobre el promedio de la remuneración imponible percibida durante los últimos 5 años, con el 60% al 70% hasta el 85%.

Según reportes de vecinos, cada lluvia intensa convierte el lugar en un punto de alto riesgo debido a la acumulación de agua y a la fuerte corriente que se genera en la zona.

Durante la tormenta, uno de los automóviles fue arrastrado por la corriente hasta quedar detenido contra una columna y una muralla, estructuras que evitaron que el vehículo continuara siendo llevado por el raudal. El segundo automóvil terminó sobre la vereda, a pocos metros de una zanja abierta correspondiente a los trabajos de drenaje pluvial.

Al respecto, el director de Obras de la Municipalidad, Antoliano Benítez, reconoció que el sector presenta dificultades debido a obras inconclusas y a problemas administrativos y financieros que afectaron su avance.

Explicó a radio Monumental que el punto más crítico se encuentra en la intersección de las calles Epifanio Méndez Fleitas y Yerutí, donde actualmente existe un desnivel importante y una excavación de gran tamaño destinada a la instalación de ductos pluviales.

“Tenemos aproximadamente 150 metros que debemos unir para salvar ese desnivel. Cuando llueve, se produce una especie de cascada”, detalló.

El ingeniero también señaló que el avance de los trabajos se vio afectado por la presencia de cañerías de la ESSAP, cuya ubicación exacta no estaba plenamente identificada antes de iniciar las excavaciones.

Benítez explicó además que las obras sufrieron una suspensión temporal debido a cuestiones administrativas y financieras relacionadas con pagos pendientes al consorcio encargado de la construcción.

Indicó que recientemente la Municipalidad abonó cerca de 7.000 millones de guaraníes correspondientes a deudas del año pasado, mientras que aún quedan pendientes aproximadamente 4.000 millones de guaraníes en certificados de pago.

Mientras estas obligaciones no se regularicen, la empresa contratista tiene derecho a mantener suspendido el plazo contractual, lo que impide a la comuna exigir un avance normal de las obras.

“Una vez que estemos al día con los pagos podremos exigir a la empresa un plan de trabajo para atacar los puntos críticos”, explicó el funcionario.

El director de Obras también señaló que las excavaciones en la zona alcanzan entre tres y cuatro metros de profundidad y se realizan en terrenos inestables, lo que complica el avance de los trabajos.

Además, los ductos pluviales proyectados en la calle Méndez Fleitas tendrán dimensiones importantes, de aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros, lo que explica el tamaño de las zanjas abiertas en el lugar.

Mientras tanto, los vecinos del barrio San Pablo expresan preocupación por el riesgo que representan las obras inconclusas, especialmente para peatones y estudiantes de instituciones educativas cercanas, como el colegio San José Apostólico y el colegio San Francisco.