Gafi es una organización que tiene el mandato de fijar estándares y promover una implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación y todo lo que amenace un sistema financiero internacional.

En tanto, Gafilat, miembro regional de Gafi y cuya presidencia es ejercida hoy por Paraguay, es una organización regional que agrupa a 18 países y es el órgano creado de manera concreta para prevenir el lavado de activos.

Entre sus recomendaciones emitidas durante la ronda de evaluaciones a Paraguay, figura un esquema completo y consistente de medidas que se deben implementar para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva.

El resultado hace menciones a las oenegés y señala que una ley que recoja la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro cumple con los estándares internacionales, según informó la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz.

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“La recomendación 8 tiene como objetivo principal que estas entidades no sean utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo, estableciendo un deber de revisión de los países respecto a la idoneidad de sus leyes y regulaciones, disponiendo medidas focalizadas y proporcionadas”, explicó Alcaraz, en una extensa entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El mismo punto incluye tiene criterios e indicadores como la compresión de riesgo, la transparencia, integridad,

La recomendación 1 recoge todo el enfoque basado en riesgos. Dice que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos en lavado de activos. “Lo que le falta al sistema es una regulación que contemple justamente la transparencia y el monitoreo de los fondos”, afirmó.

Por otro lado, citó el informe elaborado por Seprelad en el año 2019, donde identificaron la ausencia y políticas de procedimientos de transparencia. El estudio determinó que estas organizaciones se utilizaron para casos de corrupción.

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Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.

El artículo 1 del decreto establece un incremento del 5 % en relación al salario mínimo actual. El artículo 2 estipula que a partir del 1 de julio del 2026, el nuevo salario será de G. 3.044.000 y el jornal mínimo, G. 117.077,

En el considerando, el documento menciona el acta final de Consam, que habla de elementos que justificarían un ajuste superior al resultante de la variación del IPC, debido a factores como:

Costo de vida, evolución económica y otros indicadores considerados relevantes por el sector. Incluso habla de la posibilidad de que los pagos podrían ser fraccionados o por etapas.

“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben”, expresa el acta.

Con esto, queda desechada la esperanza que guardaban hasta anoche los industriales, quienes esperaban que el anuncio no fuera la última palabra y que tuvieran una posibilidad de discusión.

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo sentirse enojado y triste con la decisión del Poder Ejecutivo, luego de tanto esfuerzo por la formalidad y el trabajo y por competir, rodeados de dos grandes economías como Argentina y Brasil.

Cuestionó la legalidad del reajuste, pues, desde el 2016, con la modificación del artículo 255, se acordó y se estableció que la fijación se daría con base al IPC acumulado de mayo a mayo. Recordó que fue una regla consensuada y que rigió todo este tiempo.

“No estamos cuestionando si el valor es mucho o poco, es lo que dice la ley”, recalcó Duarte, en una entrevista con Abc Tv.

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El presidente de la República, Santiago Peña, comunicó ayer que el salario mínimo aumentará el 5 % desde el 1 de julio. En su breve alusión a la decisión, explicó que el IPC del 2,4 %, equivalente a 69.000 guaraníes, resulta insuficiente, por tanto, decidió duplicar ese porcentaje. Argumentó que los G.144.950 le parecen un monto equilibrado y que no perjudicará la macroeconomía.

Con la suba de G. 144.952,el salario mínimo, que hoy es deG.2.899.048, pasa a G. 3.044.006.