La fiscal Fátima Girala, que investiga la desaparición de un recién nacido tras ser dado de alta del hospital del Barrio Obrero, solicitó dejar sin efecto la circulación de la fotografía del pequeño niño difundida en los medios masivos a pedido del Ministerio Público, ya que se cuenta con información certera de que la imagen no le correspondería al bebé extraviado.

La imagen difundida fue extraída del celular de la madre del recién nacido y la abuela del menor, en declaración ante la agente fiscal, mencionó que su hija le dijo que era la foto del bebé perdido. Sin embargo, en la fecha, se presentó una mujer quien acercó documentación que acredita que esa imagen pertenece a su hijo nacido en el Hospital de Lambaré, en fecha 20 de junio 2024.

La mujer también mencionó que Laura, la madre del niño desaparecido viviría en las cercanías de su domicilio, pero que no tiene trato con ella y desconoce cómo esa fotografía llegó hasta el teléfono de la madre procesada.

Se reitera que la imagen se encontraba en el teléfono de la mamá del niño buscado y que la abuela declaró, y reconoció en sede fiscal que ese sería su nieto.

Asimismo, el día de la fecha la fiscal, tras informaciones recibidas y en coordinación con autoridades del Buen Pastor, solicitó que se proceda a la requisa de un celular que se encontraría en la celda de la madre privada de libertad, quien a través del mismo se estaría comunicando, desde su lugar de reclusión, con las personas que tendrían al bebé desaparecido, según información recibida.

Es así que, de manera efectiva se procedió a la requisa en la celda de la madre y fue incautado el teléfono mencionado, que está a disposición del Ministerio Público.

En la sesión extraordinaria de este viernes, la Cámara Alta dio tratamiento a los dos proyectos que figuraban en el orden del día. El que modifica el artículo 130 de la ley que Establece el Código Electoral y el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B,de la misma legislación.

El primero, relacionado al Registro Cívico Permanente, establece que el TSJE podrá realizar un corte técnico en julio de este año, a fin de facilitar que todos los ciudadanos que se inscribieron desde el 1 de marzo del 2025 hasta el 31 de julio, puedan participar de las internas partidarias de junio del 2026.

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Esto no tiene ninguna incidencia en las elecciones municipales del 4 de octubre del 2026, ya que el corte se aplica solamente a las internas y, todos los que se inscriban a lo largo del 2025 participarán de las municipales del 2026. La propuesta fue aprobada y remitida al Ejecutivo.

Seguidamente, estudiaron el punto 2, en el que estaba el el proyecto que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B.

El proyecto busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. También Establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solamente en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por diez años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario. Esta propuesta fue aprobada y remitida a la Cámara de diputados.

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Durante su intervención, Matto valoró la apertura del Gobierno del Paraguay hacia el movimiento sindical y reconoció la voluntad de diálogo demostrada en espacios tripartitos. Señaló que, por primera vez en muchos años, se observa un proceso de reconstrucción institucional del Ministerio de Trabajo, con una visión más integral hacia la protección de los derechos laborales.

Asimismo, expresó el compromiso del movimiento obrero paraguayo de acompañar este proceso, colaborando con propuestas concretas que apunten a la formalización del empleo, el fortalecimiento de la seguridad social y la mejora de las condiciones laborales en los sectores más vulnerables.

Matto también remarcó que el país enfrenta aún grandes desafíos en materia de distribución de la riqueza, acceso a la seguridad social y combate a la precarización laboral. No obstante, reafirmó que el camino para superar estas brechas debe seguir siendo el diálogo social efectivo, la libertad sindical plena y la participación activa de los trabajadores en la construcción de políticas públicas.

Hizo un llamado a la OIT a continuar acompañando a Paraguay con cooperación técnica y respaldo institucional, a fin de consolidar un modelo de desarrollo centrado en el trabajo decente, la justicia social y la democracia.

Según informó la fiscal en entrevista con el canal GEN, el caso fue tomado de oficio tras la difusión del material audiovisual, que causó una fuerte reacción pública.

“Una vez que tuvimos conocimiento de la viralización de estos videos, hemos iniciado formalmente la investigación y abierto una carpeta fiscal por maltrato animal”, sostuvo.

El jueves por la tarde, la Fiscalía realizó un allanamiento en el sitio donde presuntamente se desarrolló el polémico ritual. En el procedimiento participaron efectivos policiales, una médica veterinaria y representantes de la organización Pata Patrulla.

En el lugar se halló el cuerpo sin vida de una perra mestiza de color marrón claro, en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue incautado y enviado a la Facultad de Veterinaria de la UNA para su necropsia, con el fin de determinar la causa exacta de muerte.

“Según la médica veterinaria, el animal presentaba rigidez cadavérica completa y llevaba varios días fallecido”, explicó Chávez.

La Fiscalía también solicitó a la Universidad Católica el listado completo de los alumnos del cuarto año, señalados como organizadores del bautismo, así como el de los estudiantes ingresantes que participaron del evento. Una vez recibida la nómina, todos serán convocados a prestar declaración ante el Ministerio Público.

Por su parte, las autoridades académicas de la facultad comunicaron oficialmente a la Fiscalía que el hecho no ocurrió dentro del campus universitario, que no forma parte de la malla curricular, y que deslindan cualquier responsabilidad institucional.