La Caja Negra

Un informe público de la propia Policía Fiscal y Aduanera de Colombia indica que los ciga­rrillos de origen paraguayo incautados en ese país repre­sentan un porcentaje insig­nificante. Con el 2,5 % ocu­pan un lejano lugar (12.°) en una lista que encabeza China, y en la que aparecen países de la región como Uruguay o Panamá como mayores pro­veedoras, muy por encima de Paraguay.

En el listado de los 13 paí­ses cuyas producciones de cigarrillos son las que más ingresan de contrabando, Paraguay se encuentra en el lugar número 12, con un 2,5 % de porción en la torta. El número uno es China, con el 33,3 %. Los datos deri­van del Grupo de Análisis y Administración de infor­mación criminal (Graic), unidad dependiente de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia.

De los 13 países que aparecen en el reporte oficial se destaca en segundo puesto con el 18,9 % la categoría “sin determi­nar”, que correspondería a mercaderías detectadas en los operativos por sin traza­bilidad. En tercer lugar apa­rece India con 7,1 %, luego Emiratos Árabes con el 6,2 %, Panamá con 6,1 %, Alema­nia con 4,8 %, Corea con 4,2 %, Uruguay con 3,7 %, Esta­dos Unidos con 3,7 %, Corea del Sur con 2,7 %, Corea del Norte con 2,6 %, y finalmente Paraguay con 2,5 %.

La estadística surge de un pedido de acceso a informa­ción pública presentado por el abogado Iván Cansino, repre­sentante jurídico del expre­sidente Horacio Cartes. La información desmonta por completo las versiones divul­gadas por el supuesto experto, Juan Carlos Buitrago, entrevistado en varios medios loca­les de nuestro país.

Buitrago sostuvo que Para­guay es uno de los grandes proveedores de cigarrillos ilegales en la región. Ase­guró que “el 60 % del con­trabando y de los cigarrillos ilegales que llegan a Colom­bia y países vecinos parten de Paraguay”. Esta asevera­ción cae por completo con la estadística oficial de la Policía de Colombia que ubica a nues­tro país en una posición casi marginal en relación a otro país incluso de la región como Panamá y Uruguay.

De acuerdo al mismo reporte, que surge de la unidad de la que Buitrago fue director, del 2010 al 2024 se incauta­ron 156.745.046 (ciento cin­cuenta y seis millones, sete­cientos cuarenta y cinco mil cuarenta y seis) cajetillas pro­venientes de 44 países, donde Paraguay tuvo una participa­ción del 2,544 %.

Muchos de los casos de con­trabando quedaron docu­mentados como noticia cri­minal, con los nombres de organizaciones crimina­les, delitos y otros datos, entre el 2016 y el 2024. Sin embargo, no se proporciona­ron datos de las denuncias penales, porque ya quedan a cargo de otra dependen­cia. En el listado no aparece como investigada la empresa paraguaya Tabacalera del Este SA.

La Dirección de Gestión Poli­cial, a más de proporcionar el listado, confirmó que a la fecha no existe evidencia de que se haya investigado o de que se esté investigado a Tabacalera del Este ni a Hora­cio Cartes.

TABACALERA NORTEAMERICANA “AUSPICIABA” OPERATIVOS POLICIALES

Otro dato que surge del informe policial de Colom­bia revela que la empresa Philip Morris Internatio­nal donó 30 equipos de ras­treo satelital tipo SPOT, en articulación con entida­des público privadas, con el objeto de fortalecer la investigación, verificación y el seguimiento y ubicación de unidades que transpor­tan carga de contrabando.

Estos operativos anticon­trabando financiados por la Philips Morris se dieron en la época en la que Juan Carlos Buitrago se desem­peñaba como director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, desde el 27 de febrero de 2018 hasta el 15 de mayo de 2020.

El informe reporta que durante la administración de Buitrago se incauta­ron 7.251.778 (siete millo­nes doscientos cincuenta y un mil, setecientos setenta y ocho) cajetillas, según consta en un primer cuadro.

En un segundo cuadro pro­porcionado, según indican, para complementar la infor­mación, se observa un total de 18.526.088 (dieciocho millones, quinientos vein­tiséis mil, ochenta y ocho) cajetillas.

Las informaciones entrega­das por la Dirección de Ges­tión de Policía Fiscal y Adua­nera fueron extraídas de planilla el 24 de junio pasado a las 11:00 de la mañana como respuesta oficial a un pedido de acceso a informa­ción pública presentada por el abogado Cansino.

Ante la divulgación de que un grupo de hackers supuestamente estaría exigiendo una millonaria suma para no divulgar datos de ciudadanos, el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, negó que haya existido un contacto directo entre el gobierno y ciberdelincuentes.

Además, enfatizó que no se trata de un secuestro de información, sino más bien de datos recopilados de filtraciones anteriores.

La información publicada hace referencia a que los delincuentes tienen datos de 7.400.000 ciudadanos. Al respecto, el ministro Villate refirió en entrevista radial que la esa cantidad de registros no coincide con la base de datos actual del país, añadiendo que la población paraguaya es de poco más de 6 millones.

Enfatizó que el gobierno paraguayo no tuvo ningún contacto directo con los delincuentes cibernéticos. Sin embargo, sí recibieron un reporte a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY) de una organización en Estados Unidos. A partir de este reporte, se inició una investigación preliminar que llevó a la conclusión de que se trata de una recopilación de datos de filtraciones anteriores.

“Directamente nosotros no tenemos ese pedido (de pago de dinero) y aunque lo tuviésemos, el Estado paraguayo no negocia con delincuentes y por más que hablamos de un espectro cibernético siguen criminales”, enfatizó.

Contó que el reporte de la organización alertaba sobre un posteo en la dark web relacionado a una posible filtración por la cual se solicitaba recompensa para no hacer públicos los datos.

“Dice que solicita, no directamente a una institución, sino al gobierno, el pago de 1 dólar por cada registro, entonces asumimos que son 7.400.000 dólares. Estos contienen datos como nombre, apellido, fecha de nacimiento y número de cédula, y de lo que estuvimos revisando es un compendio de diferentes filtraciones, inclusive de años anteriores”, aclaró. Entre las filtraciones no hay información relacionada con cuentas bancarias.

La principal preocupación radica en el posible uso de estos datos para fines de phishing, una práctica delictiva en la que se suplanta la identidad de entidades financieras para engañar a las personas y cometer estafas. Ante esta situación, Villate reiteró la importancia de tomar precauciones frente a ofertas o solicitudes urgentes de acceso a cuentas, así como de utilizar contraseñas seguras y activar el segundo factor de autenticación en los servicios digitales, como medidas clave de protección.

Reconoció que las filtraciones y la comercialización de datos son un problema que Paraguay enfrenta desde hace años. Sin embargo, insistió en que esto no minimiza el caso actual y que se están llevando a cabo las investigaciones necesarias.

A través de las redes sociales, la Cancillería Nacional informó que el ministro Rubén Ramírez Lezcano conversó con Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, sobre los hechos registrados entre Israel e Irán.

Ante eso, el gobierno paraguayo expresa su respaldo a Israel y apoya su derecho a defender sus existencia en caso de alguna amenaza.

“El Paraguay manifiesta su firme apoyo a Israel y al derecho de defender su existencia, al tiempo de hacer un llamado a la paz en la región”, indican.

El ejército israelí informó el viernes que completó una “primera etapa” de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

Después del ataque preventivo, el Estado de Israel emitió un comunicado alertando a sus pobladores de la posible respuesta de Irán con bombas y misiles a la población civil.

En la sesión extraordinaria de este viernes, la Cámara Alta dio tratamiento a los dos proyectos que figuraban en el orden del día. El que modifica el artículo 130 de la ley que Establece el Código Electoral y el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B,de la misma legislación.

El primero, relacionado al Registro Cívico Permanente, establece que el TSJE podrá realizar un corte técnico en julio de este año, a fin de facilitar que todos los ciudadanos que se inscribieron desde el 1 de marzo del 2025 hasta el 31 de julio, puedan participar de las internas partidarias de junio del 2026.

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Esto no tiene ninguna incidencia en las elecciones municipales del 4 de octubre del 2026, ya que el corte se aplica solamente a las internas y, todos los que se inscriban a lo largo del 2025 participarán de las municipales del 2026. La propuesta fue aprobada y remitida al Ejecutivo.

Seguidamente, estudiaron el punto 2, en el que estaba el el proyecto que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B.

El proyecto busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. También Establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solamente en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por diez años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario. Esta propuesta fue aprobada y remitida a la Cámara de diputados.

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