La Caja Negra

Un informe público de la propia Policía Fiscal y Aduanera de Colombia indica que los ciga­rrillos de origen paraguayo incautados en ese país repre­sentan un porcentaje insig­nificante. Con el 2,5 % ocu­pan un lejano lugar (12.°) en una lista que encabeza China, y en la que aparecen países de la región como Uruguay o Panamá como mayores pro­veedoras, muy por encima de Paraguay.

En el listado de los 13 paí­ses cuyas producciones de cigarrillos son las que más ingresan de contrabando, Paraguay se encuentra en el lugar número 12, con un 2,5 % de porción en la torta. El número uno es China, con el 33,3 %. Los datos deri­van del Grupo de Análisis y Administración de infor­mación criminal (Graic), unidad dependiente de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia.

De los 13 países que aparecen en el reporte oficial se destaca en segundo puesto con el 18,9 % la categoría “sin determi­nar”, que correspondería a mercaderías detectadas en los operativos por sin traza­bilidad. En tercer lugar apa­rece India con 7,1 %, luego Emiratos Árabes con el 6,2 %, Panamá con 6,1 %, Alema­nia con 4,8 %, Corea con 4,2 %, Uruguay con 3,7 %, Esta­dos Unidos con 3,7 %, Corea del Sur con 2,7 %, Corea del Norte con 2,6 %, y finalmente Paraguay con 2,5 %.

La estadística surge de un pedido de acceso a informa­ción pública presentado por el abogado Iván Cansino, repre­sentante jurídico del expre­sidente Horacio Cartes. La información desmonta por completo las versiones divul­gadas por el supuesto experto, Juan Carlos Buitrago, entrevistado en varios medios loca­les de nuestro país.

Buitrago sostuvo que Para­guay es uno de los grandes proveedores de cigarrillos ilegales en la región. Ase­guró que “el 60 % del con­trabando y de los cigarrillos ilegales que llegan a Colom­bia y países vecinos parten de Paraguay”. Esta asevera­ción cae por completo con la estadística oficial de la Policía de Colombia que ubica a nues­tro país en una posición casi marginal en relación a otro país incluso de la región como Panamá y Uruguay.

De acuerdo al mismo reporte, que surge de la unidad de la que Buitrago fue director, del 2010 al 2024 se incauta­ron 156.745.046 (ciento cin­cuenta y seis millones, sete­cientos cuarenta y cinco mil cuarenta y seis) cajetillas pro­venientes de 44 países, donde Paraguay tuvo una participa­ción del 2,544 %.

Muchos de los casos de con­trabando quedaron docu­mentados como noticia cri­minal, con los nombres de organizaciones crimina­les, delitos y otros datos, entre el 2016 y el 2024. Sin embargo, no se proporciona­ron datos de las denuncias penales, porque ya quedan a cargo de otra dependen­cia. En el listado no aparece como investigada la empresa paraguaya Tabacalera del Este SA.

La Dirección de Gestión Poli­cial, a más de proporcionar el listado, confirmó que a la fecha no existe evidencia de que se haya investigado o de que se esté investigado a Tabacalera del Este ni a Hora­cio Cartes.

TABACALERA NORTEAMERICANA “AUSPICIABA” OPERATIVOS POLICIALES

Otro dato que surge del informe policial de Colom­bia revela que la empresa Philip Morris Internatio­nal donó 30 equipos de ras­treo satelital tipo SPOT, en articulación con entida­des público privadas, con el objeto de fortalecer la investigación, verificación y el seguimiento y ubicación de unidades que transpor­tan carga de contrabando.

Estos operativos anticon­trabando financiados por la Philips Morris se dieron en la época en la que Juan Carlos Buitrago se desem­peñaba como director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, desde el 27 de febrero de 2018 hasta el 15 de mayo de 2020.

El informe reporta que durante la administración de Buitrago se incauta­ron 7.251.778 (siete millo­nes doscientos cincuenta y un mil, setecientos setenta y ocho) cajetillas, según consta en un primer cuadro.

En un segundo cuadro pro­porcionado, según indican, para complementar la infor­mación, se observa un total de 18.526.088 (dieciocho millones, quinientos vein­tiséis mil, ochenta y ocho) cajetillas.

Las informaciones entrega­das por la Dirección de Ges­tión de Policía Fiscal y Adua­nera fueron extraídas de planilla el 24 de junio pasado a las 11:00 de la mañana como respuesta oficial a un pedido de acceso a informa­ción pública presentada por el abogado Cansino.

En entrevista con La Caja Negra (Unicanal), Félix Sosa desmitificó una de las creencias más extendidas en el debate nacional, la cual sostiene que nuestro país le vende energía excedente de Itaipú al Brasil a precios irrisorios de entre 10 y 12 dólares.

El titular de la ANDE aclaró que ese monto representa únicamente un adicional por encima del valor base establecido por la binacional. “Actualmente la tarifa de la energía garantizada es de 37 dólares aproximadamente, y por encima de eso se pagan 12 dólares. El Brasil le paga eso al Paraguay; entonces al 37 hay que sumarle 12. No es que nosotros le vendamos a Brasil a 12 dólares, eso se paga por encima de la tarifa de la Itaipú”, especificó.

Asimismo, precisó que gracias al acuerdo operativo vigente hasta fin de año, la ANDE accede a una preferencia para adquirir la denominada energía excedente (la más barata), permitiendo que el costo promedio de compra de la entidad se ubique en 28 dólares.

LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Sosa argumentó que cualquier propuesta para vender o disponer del remanente energético local a inversores extranjeros debe estructurarse obligatoriamente sobre una base que cubra todos los costos de inversión.

Destacó que la ANDE funciona de manera autárquica y depende exclusivamente de su facturación para ejecutar sus proyectos de expansión. “Es una tarifa que pueda cubrir todos los costos a los efectos de que se pague por la infraestructura, crear las condiciones financieras como para seguir invirtiendo y cumplir el plan maestro, porque en realidad la ANDE es una empresa que no recibe recursos del Estado. Su único ingreso genuino es la tarifa por la venta de la energía eléctrica”, remarcó.

Al desglosar cómo se calcula el precio final del servicio, Sosa puntualizó que el costo se incrementa según la distancia y la infraestructura requerida para transportar la electricidad desde la planta de generación hasta el punto de consumo.

El proceso técnico involucra diversas etapas:

-Generación: El costo inicial de la energía limpia directo desde la represa.

-Transmisión: La inversión en líneas de alta tensión para traer el flujo desde Itaipú hasta los principales centros de consumo como Asunción.

-Subestaciones: Infraestructura de transformación para disminuir la potencia.

-Distribución: El tendido eléctrico de las líneas que recorren los vecindarios y los transformadores barriales que permiten la acometida al domicilio.

Tomando como base este despliegue operativo, Sosa reveló el piso financiero que rige en el territorio para los grandes consumidores industriales. “La tarifa técnica actual de la ANDE es de 44.33 dólares por un megavatio hora (MWh) a nivel de 220 KV, y así sucesivamente va bajando por niveles de tensión. Cualquier tarifa por debajo de esa tarifa técnica le afecta a la ANDE, y eso es lo que pasó mucho tiempo”, advirtió. Sostuvo que vender por debajo de ese límite significaría dejar de ejecutar las obras viales y estructurales estipuladas en el plan maestro del ente regulador.

Frente a la posibilidad de que ciertas compañías presionen por obtener cánones inferiores a los 44.33 dólares, Sosa advirtió que la única manera de sostener un esquema por debajo del costo real es mediante una tarifa cruzada, es decir, obligando a que un grupo de usuarios pague de más para subsidiar a los que pagan de menos.

“Caso contrario, va a ocurrir lo que ocurrió siempre lastimosamente en el sistema eléctrico paraguayo: no se tienen todos los recursos necesarios, no se ejecutan todas las obras previstas en el plan maestro y ofrecemos mal servicio. Un mal servicio para la industria le sale más caro que la facturación mensual por consumo de energía eléctrica”, reflexionó.

EL MÁS BARATO DE LA REGIÓN

Pese a los costos técnicos que representa sostener el sistema de distribución, el titular de la ANDE ratificó que Paraguay ostenta las tarifas eléctricas más ventajosas del continente.

“Nuestro promedio es de 50 dólares el megavatio en todos los niveles de tensión, y seguimos siendo la tarifa más competitiva por lejos. Comparativamente con Uruguay, estamos en un 25% con relación a su tarifa (el promedio uruguayo ronda los 180 dólares). Con Brasil estamos aproximadamente en el 35% de lo que es su tarifa en promedio, y Argentina está un 50% más cara”, detalló.

El Dr. Víctor Godoy, Director del INERAM, realizó un recorrido por la institución acompañado por el embajador de Taiwán, autoridades ministeriales y el vicecanciller. La comitiva inspeccionó las áreas de triage, admisión y consultorios. Asimismo, los responsables del hospital enseñaron el flujo de trabajo en las salas de internados y en el sector de emergencias pediátricas.

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El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Dr. José Ortellado, destacó la relevancia de la cooperación bilateral para el fortalecimiento del sistema de Salud Pública. “Desde el Ministerio de Salud Pública se ha visto el cambio en estos trabajos en conjunto entre ambos países. Esta inversión, tanto de Taiwán como también la inversión de recursos humanos de ambos países, ha hecho de la salud pública una visión mucho más diferente”, señaló.

El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) agiliza la atención a los pacientes y aporta transparencia a la gestión sanitaria. Esta plataforma informática facilita la toma de decisiones institucionales mediante el acceso a datos en tiempo real.

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En la actualidad, más de 1.300 establecimientos de salud pública utilizan esta tecnología en todo el país. La herramienta reduce los tiempos de espera en las salas y asegura un estricto control en la distribución de medicamentos.

Finalmente, las autoridades destacaron un indicador positivo en la salud pública nacional: Paraguay suma tres años sin registrar una epidemia de dengue.

En su carácter de proyectista de la legislación vigente, el exdiputado Óscar Tuma expuso sus argumentos en contra del nuevo proyecto de ley que modifica el régimen del divorcio vincular.

Mientras la ley que rige hoy no exige plazo mínimo para que una pareja, de común acuerdo, solicite el divorcio, este proyecto establece que la solicitud se recibirá recién después de un año de matrimonio.

Con esta primera modificación, se impone una espera obligatoria de 12 meses, un plazo que actualmente no se necesita.

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Otro aspecto cuestionado por el abogado y exparlamentario es la cuestión procesal. Mientras hoy se manda al archivo el expediente cuando los cónyuges no ratifican su voluntad inicial de separarse, con la propuesta de Samaniego se estipula que ese expediente no podrá reabrirse hasta dentro de un año, es decir, si la pareja decidiera divorciarse antes, tendría que esperar un año, lo que agrega otro obstáculo.

Un punto más que incluye el proyecto es la exigencia de que los cónyuges no posean bienes o que al menos, se encuentren bajo el régimen de separación de bienes.

“Esto limita injustificadamente el acceso al divorcio de mutuo consentimiento, porque la existencia de bienes no debería impedir la disolución del vínculo matrimonial; en todo caso, la cuestión patrimonial debe resolverse por las vías correspondientes”, señaló Tuma.

El abogado concluye que el proyecto de ley implica un retroceso en comparación con la legislación vigente, pues el divorcio debería ser simple y respetuoso de la libertad de las personas, en lugar de colocar los obstáculos que ya se habían eliminado.

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