El senador Javier Vera, alias “Chaqueñito, se refirió en entrevista con radio Ñanduti a la decisión de la bancada oficialista de expulsarlo de sus filas, a raíz de una denuncia que hizo contra un joven expolicía, identificado como Facundo Acosta (22), que aparentemente lo venía chantajeando con divulgar sus imágenes íntimas.

El legislador explicó que “hace tiempo venía ayudando a un muchacho, expolicía que tiene leucemia, siempre venía a casa, yo le trataba como mi hijo. El miércoles pasado, me mensajeó yo estando en sesión, me dijo que terminó su medicamento que cuesta G. 200.000. Le compré el medicamento”.

Expuso que ese día fue hasta su domicilio y que, en horas de la noche, supuestamente este joven le habría colocado alguna sustancia en su bebida, ya que quedó completamente desvanecido. “Me quedé dormido en el sofá, aprovechó para sacar de mi teléfono fotos y videos que yo tenía de antes de ser senador. Es igualito a un video que se había filtrado antes”, indicó.

Consultado sobre si en estos materiales mantiene encuentro íntimo con hombres, se mostró sorprendido y respondió que no. “Siempre (estuve) con chicas, por favor”, espetó.

El congresista expulsado de Honor Colorado siguió explicando que el viernes pasado de vuelta este joven le mensajeó y mostró mediante una visualización única en el chat que tenía en su poder los videos subidos de tonos. “Me pidió G 200 mil y una cámara que cuesta G 7 millones. Era muy pesado por eso le denuncié”, agregó.

Chaqueñito resaltó que el problema pasó en su recinto privado, no así en el parlamento. “Es mi vida privada. Nadie tiene por qué extorsionarte”, subrayó.

“Nunca me metí con este joven de 22 años. Qué una persona de esa edad le va a mirar a un viejo como yo. No me gustan los hombres. Nunca estuve con un hombre. Nunca pagué por sexo, nunca pagué para estar con alguien, gracias a Dios soy lindo todavía, si la gente quiere estar conmigo que sea por mi belleza no por mi dinero. Con mujeres siempre estuve, nunca con hombres gracias a Dios”, dijo en otro momento de la entrevista.

Finalmente dijo que no está enojado por la decisión de los políticos oficialistas de desvincularse de él. “No me puedo enojar con mis compañeros por expulsarme de la bancada porque mi comportamiento es un quilombo, es inmoral”, reconoció.

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Una de las supuestas víctimas, un conductor de plataforma cuya identidad se mantiene en reserva, relató al canal GEN que el exfutbolista le prometió supuestamente conseguirle un empleo como chofer y jefe de flota en el Comité Olímpico Paraguayo.

Según su testimonio, Barreto le solicitó el pago de un canon de ingreso con la promesa de facilitarle el puesto sin necesidad de una entrevista laboral.

El denunciante aseguró que aceptó la propuesta y entregó el dinero, pero el trabajo nunca se concretó. “Perdí 15 días de mi tiempo y, como nunca me hicieron la entrevista, le exigí la devolución de mi dinero. Ahí se negó y empezó a amenazarme, aunque luego se comprometió a devolver el dinero, pero esto tampoco cumplió”, afirmó.

La presunta víctima indicó que conoce a Barreto porque ambos viven en el mismo barrio. En un primer momento, el exjugador habría prometido devolver el dinero, pero finalmente no cumplió con ese compromiso.

De acuerdo con su relato, más de 30 personas habrían sido afectadas por maniobras similares. Algunas ya presentaron denuncias por separado, mientras que otras planean unirse para impulsar una demanda colectiva.

Según el denunciante, Barreto utilizaba su condición de exdeportista para generar confianza entre las víctimas, ya que aseguraba que tenía contactos con exfutbolistas y políticos influyentes. “De acuerdo a la necesidad de cada uno, él se presentaba prometiendo soluciones a cambio de dinero”, explicó.

Incluso habría ofrecido camisetas firmadas de futbolistas reconocidos como Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz, que finalmente nunca fueron entregadas, y en otro caso gestionaba para sacar a un convicto de la cárcel, según el denunciante, quien estima que el monto total de las presuntas estafas alcanzaría unos 300 millones de guaraníes.

El Observatorio de la Fiscalía dio a conocer un informe actualizado este lunes, en el que se detalla que hasta marzo 10 mujeres resultaron víctimas de feminicidios, lo que, a su vez, representa una pérdida para 22 hijos, de los cuales, 14 son menores de edad.

Igualmente, ocho mujeres fueron atacadas y, aunque se salvaron de morir, las agresiones fueron catalogadas como intento de feminicidio. A su vez, esto arroja tres víctimas colaterales, entre ellas, un niño.

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De las 10 víctimas de feminicidio, seis corresponden al mes de enero y cuatro en apenas 8 días de marzo: 7 en Central, una en Concepción, una en Asunción y una en Canindeyú.Además, siete de las mujeres asesinadas eran madres.

AUTORES

Los sindicados como autores de estos crímenes fueron parejas en tres casos, exparejas en dos hechos, un padrastro, un hijo, dos conocidos de la víctima y un parentesco a determinar. Tres de los asesinos se autoeliminan.

En cuanto al método, en 6 casos se utilizaron arma blanca, en dos, arma de fuego; mientras que una víctima falleció por asfixia y una por traumatismo, por golpes.

Tres de los hechos ocurrieron un día viernes, dos un sábado, dos un lunes y un caso cada uno en domingo, martes y jueves. Seis de los sospechosos están imputados, tres se suicidaron y uno está prófugo.

En entrevista con el canal GEN, la funcionaria explicó que la publicación periodística del diario ABC Color mezcló dos situaciones diferentes. Por un lado, los acuerdos extrajudiciales utilizados para pagar a proveedores y, por otro, el trabajo de la Auditoría Interna.

“Antes que nada, la auditoría interna no forma parte del proceso de cobro de honorarios. Nosotros somos un órgano de control”, aclaró.

Olazar explicó que el origen de la situación se da cuando empresas proveedoras continúan prestando servicios al IPS aun cuando el contrato ya perdió vigencia, debido a que ciertos servicios no pueden interrumpirse.

Entre estos mencionó la provisión de alimentos, limpieza hospitalaria o recolección de residuos patológicos, que son considerados servicios esenciales para el funcionamiento de los centros de salud.

En esos casos, los administradores de contrato solicitan a las empresas continuar con la prestación hasta que se concrete una nueva licitación. “Un hospital no puede quedarse sin limpieza o sin alimento. Entonces la empresa sigue prestando el servicio sin contrato vigente”, indicó.

Según explicó, una vez prestado el servicio, la institución debe pagar al proveedor para evitar demandas judiciales y mayores costos para el Estado.

La auditora señaló que, ante la imposibilidad administrativa de pagar esos servicios bajo el rubro original del contrato, se utiliza el objeto de gasto 915, denominado “gastos de justicia”. Y afirmó que ese mecanismo está avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Se paga a proveedores a través del rubro 915. No se paga al director jurídico ni a ningún funcionario”, enfatizó.

Además, explicó que en administraciones anteriores esos pagos se realizaban bajo el objeto de gasto 845, correspondiente a indemnizaciones, lo que generaba inconsistencias contables. “Por eso hoy hay diferencia en los montos respecto a años anteriores, porque antes se utilizaba un rubro equivocado”, afirmó.

Olazar también detalló que la Auditoría Interna no tiene facultad para autorizar pagos, sino únicamente para verificar si los servicios fueron efectivamente prestados.

Indicó que, por prudencia administrativa, la Presidencia del IPS suele solicitar a su equipo revisar la documentación presentada por los proveedores antes de realizar los pagos. “Nosotros verificamos si el servicio se prestó y si están reunidos los documentos correspondientes. Nuestra función termina con el informe de auditoría”, explicó.

Posteriormente, el proceso pasa a la Dirección Jurídica y a la Gerencia Administrativa y Financiera, que son las áreas encargadas de definir el mecanismo de pago.

Consultada sobre el cobro de honorarios por parte de abogados del IPS en acuerdos extrajudiciales, la funcionaria afirmó que ese aspecto está fuera del ámbito de competencia de la Auditoría Interna.

No obstante, señaló que el cobro de honorarios profesionales en determinados procesos está contemplado en la legislación vigente y respaldado por jurisprudencia.

Olazar sostuvo que las informaciones difundidas afectan la credibilidad del equipo técnico de la institución. “Desinformar de esta manera daña la credibilidad de un equipo de profesionales que realiza informes de alta complejidad”, indicó.