La Caja Negra

Un impresionante aumento de 2.799 % en las inversiones a largo plazo de una empresa ligada al expresidente Mario Abdo Benítez ha encendido las alarmas por presunto lavado de dinero. La injusti­ficada suma de dinero depo­sitada en bancos durante un solo año plantea serias dudas sobre el origen y la trazabi­lidad de estos fondos, lo que obliga a una investigación exhaustiva para determinar la legalidad de las operacio­nes financieras relacionadas a la venta de asfalto durante su periodo presidencial.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas en las empresas ligadas al expresi­dente Mario Abdo Benítez son los aspectos claves que, hasta el momento, estaban bajo la lupa de la Fiscalía y la Seprelad.

A todo esto, se suma un dato extremadamente lla­mativo advertido por la administración tributaria consistente en el aumento considerable en la cuenta “inversiones a largo plazo” durante el ejercicio 2023, observándose un incre­mento del 2.799 % en rela­ción al año anterior.

De acuerdo al reporte ofi­cial del ente fiscalizador, la empresa Aldia SA registra en una de sus cuentas de activo un vertiginoso aumento de sus inversiones que pasan de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo año. El dato, que hasta ahora había pasado desapercibido, plantea más dudas respecto al origen de los fondos “invertidos” por la empresa del exmandatario.

Las sospechas apuntan a que se habría introducido al sis­tema financiero a través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), en el lapso de un solo año, un monto equi­valente a casi 28 veces más que el año anterior.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿de dónde salieron los fondos depositados en esa cuenta de “inversiones a largo plazo” si casi toda la rentabili­dad declarada por la empresa fue a parar a las “reservas operativas”? Si el dinero no proviene de las ganancias, ¿de dónde Marito sacó la plata? ¿En qué bancos se depo­sitaron los fondos? ¿Hubo reporte de operación sospe­chosa por el aumento consi­derable en la cuenta?

Esta es una de las razones que justifica el pedido de intervención de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) para veri­ficar la trazabilidad y legali­dad de las operaciones, ante la duda sobre el origen de los millonarios fondos vincula­dos a la venta de asfalto.

LAS RESERVAS

Createc SA y Aldia SA, las empresas donde Mario Abdo Benítez es accionista mayoritario, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas. Hasta el momento, no se pudo deter­minar el uso que se le dio a ese dinero, ya que las actas de asambleas no se hallan dis­ponibles.

Ambas empresas confirma­ron en un espacio reservado que destinaron “parte” de las utilidades a dicha cuenta, por decisión de las asambleas ordinarias respectivas. El reporte de Contraloría revela que más del 90 % de las utili­dades obtenidas fueron des­tinadas a esa cuenta.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas, sin evidencia de las disminuciones que corres­ponden según la legislación tributaria, sugiere la eviden­cia de que no fueron aplicadas para los fines previstos.

Por ello, las posibles irregu­laridades observadas en el marco del examen de corres­pondencia requieren, para mayor esclarecimiento, una fiscalización tributaria a las empresas aludidas y la inter­vención de Seprelad.

La Contraloría advierte que resulta de gran preponde­rancia establecer con clari­dad el destino de esos recur­sos, debido a que podría tener un impacto significa­tivo en el examen de corres­pondencia del señor Mario Abdo Benítez.

Las “inversiones a largo plazo” de Aldia SA registraron un aumento colosal en el lapso de un año, como se observa en el cuadro

DUDAS SOBRE FISCALIZACIÓN

Aldia SA, una de las empre­sas en las que Abdo Benítez figura como accionista mayo­ritario, ya fue fiscalizada por la DNIT. Allí detectaron inconsistencias que, según otro accionista minorita­rio, Ricardo Morán, consis­tían en un desfasaje de 100 millones de guaraníes.

Óscar Orué, director de la DNIT, indicó que todas estas irregularidades fue­ron “subsanadas” con el pago correspondiente al ámbito tributario.

Sin embargo, aquí surge la duda razonable acerca de las fiscalizaciones apli­cadas a las empresas del expresidente. Si la empresa Aldia SA ya fue some­tida a una fiscalización, ¿cómo se explica que no se hayan encontrado, en ese momento, con las dudas acerca del destino apli­cado a los fondos de reserva y las inconsistencias en los reportes financieros de los clientes de la empresa que dicen no deberle nada al expresidente?

Las consultas hechas por la Contraloría General de la República a la Dirección de Ingresos Tributarios res­pecto a si el nivel de renta­bilidad de las empresas era acorde a sus facturaciones y precios, DNIT contestó que ese aspecto no es de su competencia y que debe­rían analizar Seprelad o el Ministerio Público.

El pedido fiscal apunta a incorporar como prueba los datos extraídos del teléfono celular de Lindomar, quien formaría parte del entorno del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. De ser admitida, esta evidencia podría resultar clave para ampliar la causa y eventualmente incorporar el delito de narcotráfico, ya que actualmente Arnaldo Giuzzio está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

El juicio oral y público fue fijado para el miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026, a las 8:30, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara el último recurso presentado por la defensa del exsecretario de Estado. El juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Adriana Planás Bajac e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.

Ante estos mismos jueces, el fiscal Jorge Arce había solicitado en marzo del 2025 que se incorpore como prueba la desgrabación de los celulares de Lindomar Reges Furtado, quien fue capturado en enero de 2025 en un condominio de lujo del barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Lindomar había logrado fugarse en febrero de 2023 durante un fallido operativo de la Fiscalía y la Senad en el Paraná Country Club, en Alto Paraná.

La Fiscalía sospecha que Giuzzio pudo haber recibido beneficios de Lindomar y que, incluso, habría facilitado información para permitir su huida del país. “Hay información de que en esos teléfonos podrían existir datos relevantes que deben ser valorados dentro del juicio”, había señalado el agente fiscal al fundamentar el pedido ante el Tribunal.

En caso de que los magistrados autoricen la inclusión probatoria, se solicitará vía exhorto internacional que la Policía Federal del Brasil remita oficialmente los datos de la extracción realizada al celular de Lindomar.

Para la investigación, este material podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y abrir la puerta a una eventual ampliación de la imputación más allá del hecho de coima por el que actualmente será juzgado el exministro.

Según la investigación fiscal, entre julio de 2021 y febrero de 2022, Arnaldo Giuzzio mantuvo contacto directo y frecuente con Marcus Vinicius, detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y activos, en el marco del operativo Turf. Los fiscales sostienen que el brasileño buscaba posicionarse como proveedor del Estado, ofreciendo chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.

En ese contexto, se registran los primeros beneficios recibidos por Giuzzio, tales como el blindaje de un móvil policial a modo de “cortesía” y el préstamo gratuito de un vehículo blindado para uso personal durante unas vacaciones familiares en Brasil.

Las comunicaciones se realizaban vía WhatsApp, tanto al número personal de Vinicius como al registrado a nombre de la empresa Black Eagle, además de reuniones presenciales en oficinas privadas y en el campo de tiro de la FOPE.

Un informe de la Secretaría de Defensa del consumidor muestra un crecimiento del 345 % en cantidad de reclamos ingresados a la institución, con un total de 11.998 reportes, principalmente desde Central, Asunción, Alto Paraná e Itapúa.

El ránking de los rubros que más cantidad de reclamos generan y que, en conjunto representan el 57 % del total son:

Servicios financieros y seguros: 24 %

Telecomunicaciones: 10 %

Productos electrodomésticos y electrónicos: 10 %

Automotor: 8 %

Salud: 5 %

Los principales motivos de reclamo son cuatro, que, a su vez, se dividen en subcategorías:

Práctica abusiva: Cobro indebido, exigir pagos sin respaldo documental, renovación automática no consentidas, variación unilateral del precio o de otras condiciones, maltrato en la gestión de cobranza, inclusión indebida en burós de créditos o falta de actualización de información, no dan de baja estando con reestructuración en el pago.

No entrega del automotor dentro del plazo prometido, pese al pago de señas, entregas iniciales o cuotas. Cobro de comisiones o pago mínimo por uso de TC/TD.

Falta de información: no otorgan suficiente información sobre las características del bien o servicio, no otorgan la liquidación detallada de la deuda, no informan la falta de garantía, demoras excesivas en el servicio técnico, sin solución definitiva, productos no cuentan con precios ni descuentos en promociones.

Publicidad engañosa: cambio de precio en caja o en góndola, gastos adicionales a lo publicitado, producto o servicio distinto a lo publicitado.

Mal servicio: internet/cable, falta de atención o respuesta eficaz a reclamos en los canales presenciales o digitales, deficiencias en reparaciones y servicios técnicos, incluyendo trabajos mal realizados.

Sedeco informó que, en el 80 % de los casos ingresados, se logró un acuerdo en audiencias conciliatorias. En tal sentido, s

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.