Así lo confirmó ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, quien anunció que están preparando el lanzamiento de una aplicación destinada a permitir a padres y alumnos reportar irregularidades en la provisión de alimentos escolares. Acotó que las denuncias serán evaluadas por la Contraloría General de la República (CGR).

Al respecto, explicó que esta nueva herramienta será pública y permitirá a los usuarios adjuntar pruebas para respaldar sus denuncias. Luego la CGR revisará dichas denuncias y notificará al MDS y a las gobernaciones, a través del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae).

En ese contexto, ayer, Rojas se reunió con el contralor general, Camilo Benítez, para ultimar los detalles de la aplicación. La plataforma permitirá reportar problemas como la calidad de los alimentos o retrasos en la entrega.

Con la información obtenida, las autoridades podrán intervenir directamente y exigir a las empresas el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y pliegos de bases y condiciones.

Actualmente, el ministro supervisa las verificaciones en las escuelas donde se aplica el programa Hambre Cero. Un ejemplo es una escuela en Ypané, donde se detectaron deficiencias que llevaron a una reclamación a las empresas encargadas.

El programa de alimentación escolar, lanzado oficialmente el 5 de agosto, está en su primera fase en 90 distritos. En 22 de ellos, el servicio cubre hasta la Educación Media, mientras que en el resto llega hasta el 9° grado. Aproximadamente 450.000 estudiantes de más de 2.600 escuelas se benefician del programa.

Se trata del proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa establece actualmente un máximo de 8 años de medida privativa de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, la iniciativa aprobada en el Senado plantea elevar el máximo a 15 años.

Durante el debate se explicó que países como Chile y Costa Rica establecen un máximo de 10 años, mientras que Argentina llega a 20 años y Uruguay a 10 años.

La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Las acciones jurídicas lograron obtener la declaración de caducidad en una demanda caratulada “José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte c/ Alfredo Ramón López Ruggeri, Luis Alberto Ferriol, Rolando Isaac López y Entidad Binacional Yacyretá, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

El expediente fue tramitado en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno, Asunción. Por parte de la EBY, intervinieron los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla, bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez.

Según los datos, el 19 de abril de 2022, José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, iniciaron un juicio contra la EBY, reclamando indemnización por un supuesto ataque perpetrado por parte de guardias de seguridad de la empresa, cuando los mismos se encontraban pescando en el río Paraná.

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Posteriormente, la EBY solicitó la intervención y contestó la demanda. Tras eso, se admitieron las pruebas, sin embargo, esta providencia fue recurrida por Yacyretá por considerar que las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron realizadas en forma extemporánea.

El pasado 5 de mayo de 2025, el juzgado declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora. La sentencia se encuentra firme.

Don Leo fue hallado en zona de Marina de Asunción, entre unas barcazas en el río Paraguay.

Su familia recibió información de que una persona con las características del hombre ingresó al parque Carlos Antonio López, y de allí a la Marina, donde se habría lanzado al río.

Estaba desaparecido desde el domingo, Día del Padre, cuando salió de su vivienda ubicada en el Barrio Obrero.

Su familia inició una búsqueda desesperada debido a que el hombre de 73 años padecía Alzheimer, diabetes e hipertensión.

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