La imputada está identificada como Sandra Elizabeth Franco Olazar, quien enfrenta cargos por sustracción de energía eléctrica.

La investigación del caso comenzó mediante una denuncia presentada por las autoridades de la ANDE. Luego, la Fiscalía realizó el allanamiento del local, ubicado en la calle Samu’u entre avenida Ka’a y Tajy del barrio Puerta del Sol de la ciudad de Hernandarias.

En la ocasión, la comitiva de la Fiscalía, la Policía y la ANDE incautó del lugar 693 procesadores de datos que estaban en funcionamiento y un transformador con potencia nominal de 4.000 kVA (sin placa ni número). Estos equipos fueron posteriormente trasladados al depósito del Ministerio Público, en el barrio Fátima de Ciudad del Este.

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Según la imputación, el local de la criptominería estaba habilitado legalmente para operar con aproximadamente 100 máquinas. Sin embargo, durante la intervención, se descubrió que había instalaciones irregulares en el suministro eléctrico. Éstas no estaban pasando por un medidor de electricidad, por lo que solo se facturaba la energía de una de las fases.

Las fases 1 y 2 estaban desconectadas del medidor. La energía no medida estaba alimentando el transformador de 4.000 kVA y los 693 equipos para minería de criptomonedas.

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El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la encausada, considerando la gravedad de su acto y la alta expectativa de pena carcelaria, que puede llegar hasta 10 años de prisión.

El 11 de marzo pasado, a la altura del Km 17 de la Ruta D-015, en la Compañía Itacurubí, un grupo de productores cañicultores se encontraba realizando una movilización con cierres intermitentes de rutas, exigiendo la culminación del nuevo tren de molienda de la Planta Alcoholera de PETROPAR.

Los manifestantes incendiaron neumáticos sobre la calzada para impedir la circulación vehicular y ante la intervención del personal policial para sofocar las llamas y rehabilitar el tránsito.

Aparentemente, reaccionaron de forma violenta, utilizando piedras, cascotes, petardos y honditas para lanzar proyectiles.

Como consecuencia, varios efectivos policiales resultaron con varias lesiones.

Durante el procedimiento fiscal y policial, además de la aprehensión de los 11 sindicados, se procedió a la incautación de 21 tractores, un automóvil y una motocicleta.

Esta iniciativa, que convoca a empresas, instituciones, organizaciones, comunidades, familias y voluntarios, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de los Bosques.

La actividad central tendrá lugar en la Reserva Guarapi, un área protegida de 100 hectáreas ubicada en Yaguarón, departamento de Paraguarí, considerada uno de los principales pulmones verdes de la zona.

Paraguay Planta nació en 2019 como respuesta al creciente clamor ciudadano expresado en redes sociales, motivado por los devastadores incendios forestales en el país. Desde entonces, se ha consolidado como una acción que promueve la plantación de especies nativas para contribuir a la restauración de ecosistemas y la preservación de la biodiversidad con cerca de 55 mil árboles plantados hasta la fecha.

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A lo largo de sus once ediciones anteriores, la campaña ha movilizado a miles de voluntarios y ha permitido plantar miles de árboles, fortaleciendo la conciencia colectiva de la ciudadanía.

Para esta nueva edición se espera la participación de aproximadamente 200 voluntarios, provenientes de empresas aliadas, organizaciones, medios de comunicación y la sociedad civil.

“No es un caso que sea diferente a otros procesos. Las documentaciones que tenemos avalan el proceso de adjudicación y eso está disponible en la institución”, explicó el ministro Juan Carlos Baruja, en conversación con el canal GEN.

Sostuvo que la adjudicación a favor de “Chaqueñito” de un departamento en el proyecto Las Residentas, ubicado en la ciudad de Luque, cumple todos los requerimientos conforme a las normativas.

Agregó que el adjudicado paga mes a mes en base a un precio y plazo determinado en el contrato. “Es la venta de un departamento por parte del Ministerio”, enfatizó.

Por su parte, el senador Javier “Chaqueñito” Vera argumentó su derecho como ciudadano para acceder al beneficio del programa de viviendas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Chaqueñito” justificó la adjudicación apelando a su pasado. “No me estoy victimizando, solo digo que de la calle salté al Senado. “Yo me considero todavía de clase media baja. Provengo de una zona de bajos recursos”, indicó.