La Caja Negra

La relación de compli­cidad y protección entre el Grupo Zuc­colillo y la administración de Mario Abdo Benítez fue tan estrecha que hasta la actualidad sus principales figuras siguen manteniendo cercanos vínculos. Escan­dalosos casos que involu­cran al banco Atlas pasaron completamente desaperci­bidos por las autoridades de ese periodo, algunas de ellas incluso pasaron a for­mar parte del negocio de los Zuccolillo.

Uno de los vínculos más ilustrativos de estas con­venientes relaciones se evidenció de vuelta en el reciente casamiento de Joselo Rodríguez, el joven abogado involucrado en las negociaciones que guardaban relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, que en su momento generó un tremendo revuelo por considerarse un pacto entreguista del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Joselo es hijo de María Epi­fanía González, quien llegó a ocupar el cargo de ministra de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero (Seprelad) durante la admi­nistración anterior, y tuvo que renunciar en julio de 2019 a raíz de la polémica acta bilateral en la que estuvo involucrado su hijo.

Viendo superado ese escán­dalo, en la flamante boda de Joselo se observó la cerca­nía entre unos altos funcio­narios del Banco Central del Paraguay (BCP) y represen­tantes del Grupo Zuccolillo. En este evento, se vio a Juan Carlos Martin, director del banco Atlas, junto a Hernán Colmán Rojas, exsuperin­tendente de Bancos durante el gobierno de Abdo Bení­tez. La imagen captada del evento privado pone en relieve las estrechas cone­xiones personales y profe­sionales que vinculan a la banca matriz con el grupo empresarial propietario del banco Atlas y del diario Abc Color.

Los cuestionamientos cobran aún más fuerza a raíz de que el banco Atlas, una de las principales entidades del Grupo Zuccolillo, viene siendo objeto de escrutinio e investigaciones fiscales por su presunta implicación en diversos casos relacionados con el lavado de dinero.

Asimismo, genera mucha suspicacia que ahora el exsuperintendente se mues­tre cercano a un directivo del banco Atlas, en una boda del hijo de otra exautoridad del gobierno anterior, siendo que fue el responsable de negar información clave en el marco de una investiga­ción penal sobre supuesto lavado de dinero en el banco Altas. Hay que recordar que en julio de 2021 la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público se vio en la nece­sidad de allanar las ofici­nas de la Superintendencia de Bancos, después de que Hernán Colmán se negara a proporcionar información sobre las cuentas vinculadas al expresidente de la Con­mebol Nicolás Leoz, quien había utilizado el banco para blindar grandes sumas de dinero en circunstancias sumamente sospechosas.

NOMBRAMIENTO EN ATLAS

Pero la controversia no se limita solo a la gestión pública. Después de escán­dalo del acta bilateral de Itaipú, la exministra María Epifanía González fue nom­brada –en abril de 2021– en un alto cargo en el banco Atlas, lo que levantó aler­tas debido a su desempeño previo en un rol crucial para la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en un banco señalado por no apli­car las medidas de debida diligencia en casos tan deli­cados como el de Leoz.

En ese caso, el banco Atlas hizo caso omiso a las seña­les de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. La constitución de estos contratos se registró apenas a un mes y cuatro días des­pués del registro del Minis­terio Público a la sede de la Conmebol (el 7 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas. Así también, los acuerdos se celebraron luego de 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria de Nicolás Leoz.

Además, otro caso de lavado de dinero que involucra al banco de los Zuccolillo está relacionado con Luiz Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca, uno de los narco­traficantes más importan­tes de la región. En 2015, Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a un prestanombre que se des­empeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromi­sos financieros. El acuerdo se efectuó bajo circunstan­cias que violaron los pro­tocolos de debida diligen­cia, lo que demuestra la laxitud en la vigilancia y control sobre operaciones sospechosas en esta entidad bancaria, que pasaron des­apercibidas por los organis­mos de control.

Un reglamento de la Sepre­lad, referente a la preven­ción de lavado de dinero y financiamiento del terro­rismo para los sujetos obli­gados supervisados por la Superintendencia de Ban­cos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero de 2014. Sus disposiciones debían aplicarse al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre de 2015. Entre los mandatos de la resolución figura la polí­tica de debida diligencia a ser aplicada para el cliente, como la obligatoriedad de la identificación y actuali­zación de las documenta­ciones. Sin embargo, estas medidas no se cumplieron.

Las relaciones muy cerca­nas entre figuras clave del BCP del gobierno de Abdo y el Grupo Zuccolillo hacen sospechar de la presunta existencia de intereses de por medio en las decisiones y prácticas que se habrían tomado durante la adminis­tración anterior en detri­mento de la transparencia y la legalidad.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, confirmó a radio Ñanduti que el espacio comenzó a operar desde el fin de semana pasado ante el descenso de la temperatura.

“Desde el viernes pasado está habilitado este albergue temporal. Una vez que tengamos la autorización de la Municipalidad de Asunción vamos a mudarnos a la Costanera Norte”, explicó.

El secretario de Estado detalló que el refugio brinda asistencia básica a las personas vulnerables que buscan resguardarse del frío durante la noche.

“Hoy amanecimos con ocho adultos mayores en nuestro albergue”, señaló.

Desde la SEN recordaron que el espacio cuenta con camas, mantas, abrigo y alimentación para las personas que necesiten protección ante las jornadas de intenso frío.

La institución también pidió colaboración ciudadana para identificar casos de personas expuestas a las bajas temperaturas en la vía pública.

Para reportar situaciones o solicitar asistencia, la ciudadanía puede comunicarse al número habilitado por la SEN 0986 111-001.

El vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia de la República, invita a la ciudadanía a ver el desfile policial y militar este 14 de mayo a las 10:00 de la mañana en la Costanera de Asunción.

El Ministerio de Defensa había informado que el desfile no se llevaría a cabo, debido a que los militares se encontraban concentrados en dos misiones: operativos contra grupos armados en el norte y asistencia a familias afectadas por las inundaciones en el Chaco.

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Tras la decisión tomada a pedido de Alliana, el ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que estos operativos se mantendrán y que los desfiles se realizarán, pero con un número reducido de militares en relación a lo habitual.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, a quien se le atribuyó la injerencia de no hacer el desfile, respondió que la cartera a su cargo no tiene potestad de decidir nada y ni siquiera de hacer recomendaciones.

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“Madres Autónomas nace de mi experiencia personal en pasillos de tribunales, como abogada defensora de mujeres y de la niñez; nace de las fuerzas para gritar basta”. Con estas palabras, Paola Palavecino resume el motor de un movimiento que ha decidido dejar de esperar silenciosamente en despachos judiciales para llevar su reclamo a la esfera pública.

La organización ha encontrado en Instagram una herramienta de visualización poderosa. A través de su página, realizan escraches diarios, subiendo fotos y nombres de padres deudores alimentarios. Esta “vidriera virtual” surge como una respuesta directa a lo que consideran una justicia lenta y muchas veces indiferente, que permite que miles de niños sigan sin recibir lo que por ley les corresponde.

EL DERECHO SE QUEDA EN PAPELES.

El Código de la Niñez y la Adolescencia es claro: el padre y la madre tienen la obligación de proporcionar alimentos que cubran sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación. Sin embargo, la realidad que Paola ve a diario es distinta.

Actualmente, el sistema obliga a las madres a un peregrinaje eterno. Por ello, el proyecto de ley que presentan busca una “Justicia Sustantiva”, con cambios drásticos en el artículo 189 del Código:

• Cálculo real: Proponen que la cuota se unifique dividiendo el jornal mínimo por 26 (días laborales) y no por 28, lo que ajusta el monto a favor del bienestar del niño.
• Sanciones con peso: Buscan que la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) conlleve prohibiciones reales: no poder salir del país, no renovar pasaportes, inhabilitación para cargos públicos e incluso la prohibición de asistir a eventos deportivos y culturales.
• Descuento automático: La cuota debería ser descontada de forma automática desde el inicio de la demanda, con carácter retroactivo, pudiendo afectar hasta el 50% del salario del deudor.

UN FRENO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

Para Palavecino, el incumplimiento alimentario es una forma de violencia. Las estadísticas son alarmantes: existen unas 7.000 denuncias anuales por este motivo. Según su investigación, de aprobarse esta ley, estas denuncias caerían un 50%, ya que la efectividad de la sentencia sería inmediata, sin necesidad de nuevos juicios de ejecución.

Más allá del dinero, esta reforma busca proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar. Actualmente se registran unas 107 denuncias por día; el movimiento estima que con una protección económica efectiva y juzgados especializados que funcionen, esta cifra se reduciría a 50. La falta de recursos económicos es, a menudo, la cadena que ata a una madre a un entorno violento.

LA CITA: EL 15 DE MAYO.

Cuando los padres fallan, la ley dice que el Estado debe garantizar el desarrollo del niño de forma subsidiaria. Para recordar esto, las “Madres Autónomas” preparan un “tendedero” este 15 de mayo en el Panteón de los Héroes.

Es la continuación de lo que ya hacen cada día en sus redes: poner rostro y nombre al abandono.