La situación fue detectada por la Auditoría Interna Institucional, en el marco de solicitudes que hacen parte de las políticas de transparencia y control implementadas por esta administración.

Los hallazgos preliminares indican que en el Departamento de Recaudaciones se habría incurrido en prácticas ilícitas, por las cuales la institución dejó de percibir por la prestación de servicios relacionados a solicitudes VUI, la suma de 1.408.149.403, desde enero de 2023 a junio de 2024. , por la falta de facturación de 1381 liquidaciones, produciéndose un daño considerable al patrimonio de la institución.

Ante esta situación, el presidente del SENAVE, Pastor Soria Melo, por intermedio de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, solicitando la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades correspondientes y la recuperación de los fondos sustraídos.

Asimismo, dispuso la intervención del departamento de Recaudaciones, la separación del cargo del jefe de departamento, el sumario administrativo del funcionario responsable y la ampliación de las auditorías a años anteriores, considerando que el funcionario se desempeñaba en el cargo desde el año 2018.

Bomberos voluntarios fueron hasta la localidad de Cañadita, Ñemby, donde un ómnibus ardió en llamas. Cuando llegaron, el fuego ya había avanzado lo suficiente para consumir casi toda la unidad.

No obstante, los voluntarios apagaron las llamas, pero no se pudo salvar nada, excepto las pertenencias del propietario, quien logró sacar sus cosas, antes de que el incendio avance.

Este bus debía realizar un viaje de turismo hoy miércoles, razón por la cual, durante la tarde se le realizó un mantenimiento, a fin de garantizar el buen funcionamiento mecánico.

Sin embargo, o algo no se previó o alguna falla se produjo durante el trabajo mecánico, al punto de haber causado este siniestro.

Los núcleos de tormenta continúan en desarrollo y es muy alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo.

Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, oeste de Canindeyú, Pte. Hayes, Alto Paraguay, Boquerón son los alcanzados por el aviso meteorológico.

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Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Este miércoles se presentará cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. La máxima estimada en Asunción es de 26°C.

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La propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones a la normativa jurídica, específicamente, a los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”, la “duración máxima del procedimiento” y la “desestimación”.

En esencia, se plantea reducir el plazo máximo de duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal. Para los casos de acción penal privada, el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses.

“El plazo razonable no puede seguir sirviendo a la desidia del Ministerio Público y los juzgados, socavando garantías constitucionales y convencionales de un juicio rápido”, se lee en la exposición de motivos.

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Otra modificación pretendida es que si el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal en 30 días tras una denuncia, el afectado pueda solicitar directamente al juzgado la desestimación del caso.

Asimismo, el proyecto busca derogar todas las leyes que han ido dilatando los plazos procesales en los últimos años, en contradicción con la celeridad que debe regir en materia penal.

El proyecto original planteado, sin embargo, sufrió algunas modificaciones, que fueron planteadas en un dictamen producido por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social.

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“En el proyecto (original) se estima que transcurridos 30 días del ingreso de la denuncia del informe de la querella se pueda hacer la desestimación o la imputación del hecho; nosotros aumentamos a 90 días; y en el artículo 136 donde se habla de 3 años, nosotros mantenemos a 4 años, acerca de la duración máxima del procedimiento”, explicó el diputado Yamil Esgaib, presidente de dicha comisión.

Tras la votación de rigor, el pleno aprobó el documento en base al dictamen de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social. El documento fue derivado a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.