En un análisis reciente de las causas legales correspondientes a 2023 y 2024, la Fiscalía ha descubierto que los casos de violencia familiar son los más comunes dentro de las comunidades de pueblos originarios en todo el país. Además de la violencia familiar, se han reportado delitos como lesiones, amenazas, homicidios dolosos, abuso sexual infantil, violación de domicilio, incumplimiento del deber de cuidado, coacción y riesgos comunes.

El consumo de alcohol y otras sustancias prohibidas suele agravar estos conflictos, resultando en lesiones y graves daños psicológicos para las víctimas.

Perfil de las Víctimas

Las víctimas de estos delitos incluyen principalmente a adultos (69%), seguidos por niños y adolescentes (25%), y adultos mayores (6%). En términos de género, el 64% de las víctimas son hombres y el 36% son mujeres. Los delitos más frecuentes contra las víctimas de comunidades originarias son lesiones, homicidios dolosos, abuso sexual infantil, delitos contra el medio ambiente, amenazas, estupro, homicidio culposo y coacción. Los agresores no siempre son miembros de las mismas comunidades.

Perfil de los Agresores

En los casos donde los autores son miembros de comunidades originarias, el delito más común es el hurto agravado, seguido por hurto, invasión de propiedad ajena, coacción, robo agravado, daño, amenaza, abigeato, lesiones y extorsión. Los agresores son en su mayoría adultos (79%), con una representación menor de niños, adolescentes (17%), y adultos mayores (4%). Además, el 85% de los agresores son hombres y el 15% son mujeres.

Estadísticas de Denuncias

El 77% de las denuncias involucra al menos una víctima, el 8% involucra a dos víctimas, el 2% a tres víctimas y el 13% a más de tres víctimas. En cuanto a los agresores, el 67% de las denuncias reportan un solo agresor, mientras que el 33% reporta a dos o más, incluyendo grupos de personas.

Días de Incidencia

La mayoría de los incidentes de violencia se registran durante los fines de semana, especialmente los sábados y domingos, que representan el 34% de los casos. Los conflictos familiares suelen estar asociados al consumo de alcohol. El 15% de los incidentes ocurren los lunes, otro 15% los viernes, el 23% entre martes y miércoles, y el 13% los jueves.

Departamentos Más Afectados

Los departamentos con mayor conflicto son Caaguazú, Amambay y Canindeyú. En estos lugares, los miembros de comunidades originarias a menudo se ven envueltos en actividades ilícitas como el cultivo de marihuana, y algunos incluso son utilizados para transportar sustancias. También se reportan casos de líderes asesinados por oponerse a las organizaciones criminales que intentan tomar control de sus territorios. Dora Penayo, directora de la Dirección de Derechos Étnicos, señala que el miedo a represalias impide que muchos casos sean denunciados.

Medidas del Ministerio Público

Para abordar estos problemas, el Ministerio Público ha creado un equipo técnico especializado en asuntos de pueblos originarios. Este equipo forma parte del Plan Estratégico Institucional, cuyo objetivo es fortalecer la defensa de los intereses de los pueblos originarios y mejorar la respuesta institucional ante estos preocupantes delitos.

Desde hace años se convirtió en un problema para los usuarios de Internet hogar, televisión por cable e, incluso, planes móviles contratar un servicio por un cierto monto mensual, pero de manera repentina reciben facturas con números más altos que lo establecido inicialmente.

También, en las redes sociales abundan denuncias contra la compañías telefónicas que, aun durante la suspensión del servicio por mora del usuario, continúan emitiendo facturas por el costo total o parcial del mismo, sin que exista la correspondiente contraprestación.

Los senadores José Oviedo y Rubén Velázquez buscan sancionar este mal hábito, es por eso que presentaron un proyecto de ley que establece sanciones contra las compañías telefónicas y protege a los usuarios.

La propuesta señala que, las empresas no podrán facturar cargos por el servicio básico mensual, ni por ningún otro cargo fijo o variable, durante los períodos en que el servicio se encuentre a suspendido. A su vez, esto deberá ser debidamente comunicado hasta 5 días antes.

El proveedor podrá cobrar un cargo por reconexión, que no debe superar el 10% de la tarifa básica mensual.

En cuanto a las sanciones, las empresas se exponen a sumarios y a la devolución de los montos indebidamente cobrados a los usuarios. Además, se podría suspender determinados planes o servicios.

Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamos ante la Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) en caso de cobros indebidos o incumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Eduardo Mingo, director de la Dirección Nacional de Meteorología, señaló que la altura actual del río Paraguay en Asunción es de 1,79 mts. que, aunque es un nivel habitual, si siguen las lluvias intensas en varios puntos de su cauce, pueden modificar su comportamiento futuro en Asunción.

Ante este panorama, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), trabajan en acciones preventivas para proteger a las familias bañadenses.

“Estamos previendo espacios que puedan dar condiciones más dignas a más de mil familias, considerando que los lugares tradicionalmente utilizados ya no son viables, ya sea por su insuficiencia o por estar destinados actualmente a otros proyectos de desarrollo urbano”, indicó Alejandro Buzó, coordinador de la Dirección.

En este sentido, puntualizó que se está realizando un trabajo de relevamiento de cotas en la zona litoral del río Paraguay, en especial en áreas como el Bañado Sur y sectores aledaños a la Costanera.

Actualmente, el nivel del río aún no presenta una amenaza inminente, sí se registran crecidas en zonas del Chaco y se monitorean lluvias intensas en el norte de la región que pueden alterar al río Paraguay.

En ese sentido, se está trabajando en la planificación preventiva de zonas para potenciales albergues temporales, frente al riesgo de inundaciones.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.