En entrevista con el canal GEN, el ministro Juan Carlos Baruja expuso el insólito pedido que realizan los líderes de la Multisectorial, cuyos miembros se manifiestan exigiendo el direccionamiento en la construcción de las viviendas sociales. En ese sentido, la Multisectorial solicita el 33% de cada llamado nuevo para subsidios habitacionales.

“Hace ya varios años atrás venían presionando a los gobiernos de turno, principalmente en el último gobierno de Mario Abdo Benítez y el ministro Carlos Pereira, bajo presión, ellos obtuvieron el compromiso de que el 33 % de las viviendas que adjudica el Ministerio de Urbanismo, ellos los puedan manejar y digitar. Cuando yo llegué al ministerio ellos se acercaron para manifestar que tenían ya un compromiso con el gobierno anterior”, reveló.

La autoridad sostuvo que esta administración está abierta a recibir los proyectos de la Multisectorial, evaluarlos y ejecutarlos si cumplen con todas las exigencias, pero no así comprometerse a ceder un cierto porcentaje de la gestión de las viviendas porque “eso es absolutamente inconstitucional, ilegal, eso es una atribución que tiene el Gobierno de administrar los recursos del Estado”.

Baruja mencionó que venían trabajando mediante este mecanismo y que una parte importante de los proyectos presentados por la Multisectorial se llevaron adelante. Sin embargo, hubo una molestia reciente tras un encuentro que mantuvo con uno de los dirigentes. “Lo que generó esta última movilización fue una reunión que tuve con uno de los dirigentes. Le expliqué que la vivienda construida en la ciudad de Ypané no estaba reuniendo los estándares mínimos de calidad y le expresé que si ellos no mejoraban la calidad de la ejecución de la vivienda, de los proyectos que estaban siendo adjudicados, no les íbamos a otorgar ya ni una vivienda. Entonces eso fue un poco lo que generó la chispa, la molestia”, aseveró.

En otro momento aseguró además que los “sintechos” se movilizaron bajo amenazas de sus dirigentes, ya que si no participaban de la medida de fuerza, no iban a ser adjudicados. “Tenemos informaciones de que muchas de las personas que participaron fueron amenazadas y coaccionadas de que si no participan en las movilizaciones, no serían adjudicadas próximamente con las viviendas que ellos estarían administrando”, reveló.

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Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.