Los agentes especiales de la Senad, con el soporte táctico de personal del GEO de la Policía Nacional y la Prefectura Naval, encabezados por el fiscal Carlos Cabrera Ayala, ejecutaron dos allanamientos en el Km 4, sobre la base de una investigación que apunta a desmantelar un esquema de tráfico de marihuana que instaló depósitos y puertos clandestinos en las proximidades de una vertiente del río Paraná, la cual servía a la organización como vía de escape para lanchas cargadas con droga con destino a Brasil.

En el despliegue un personal militar, identificado como sargento 1° Antonio Prieto, resultó herido por una trampa “caza bobos”. De acuerdo con el reporte, cuando la irrupción fue concretada, personas armadas abandonaron los almacenes y se refugiaron en los montes cercanos. Emprendida la fuga, se produjo un intercambio de disparos. Fue allí que el uniformado herido tuvo contacto con un “artefacto trampa” sembrado en la zona, lo que le produjo una herida en la pierna. El mismo fue evacuado de forma inmediata y se encuentra fuera de todo riesgo.

Del sitio, más de dos toneladas de carga ilícita y armas de fuego fueron algunas de las evidencias incautadas. La organización contaba además con camiones y embarcaciones para el trasiego.

Del primer depósito se obtuvieron los dispositivos de circuito cerrado y la incautación de un escopeta junto con sus proyectiles. Ya en el segundo lugar de acopio, se produjo la incautación de 2.612 kilos de marihuana y otra escopeta. Los alrededores del sitio estaban custodiados por trampas caseras.

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De acuerdo con el informe del Ministerio del Interior uruguayo, agentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas interceptaron un Audi Q7 durante controles preventivos en rutas nacionales. Durante la inspección inicial detectaron irregularidades en el piso del vehículo y solicitaron apoyo de perros antidrogas.

Posteriormente, la camioneta fue trasladada al Puerto de Montevideo, donde un escáner confirmó la existencia de un compartimiento oculto. En su interior hallaron 111 ladrillos de pasta base, con un peso total de 118,5 kilos, equivalentes a unas 790.000 dosis y valuados en alrededor de un millón de dólares en el mercado uruguayo.

Además de la droga, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares iPhone, otro aparato móvil, documentación personal y 721 dólares en efectivo.

Los detenidos son un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos de nacionalidad paraguaya. La Fiscalía de Estupefacientes logró la condena de ambos mediante un proceso abreviado por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado, en las modalidades de importación y transporte.

La Justicia uruguaya resolvió imponerles una pena de cinco años de penitenciaría. Según la investigación, el vehículo había ingresado al país vecino por el departamento de Salto.

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas (HEQ) Ingavi desarrolló una jornada que permitió realizar 32 cirugías en un solo día, combinando procedimientos programados y atenciones de urgencia en distintas especialidades.

Actualmente, el promedio de espera para cirugías en Ingavi es de aproximadamente dos meses. Sin embargo, con la implementación de estas jornadas intensivas, la meta inmediata es reducir ese plazo a un mes, proyectando posteriormente llegar a una espera máxima de apenas 15 días.

Durante la jornada del sábado 9 de mayo se realizaron 17 cirugías programadas y 15 procedimientos de urgencia.

Entre las intervenciones programadas se registraron seis cirugías de coloproctología, cuatro de cirugía general, cinco traumatológicas y dos neuroquirúrgicas. A esto se sumaron urgencias en cirugía general, neurocirugía, traumatología y urología.

Prevén desarrollar una nueva jornada extraordinaria dentro de 15 días, buscando mantener el ritmo de productividad y consolidar una mayor capacidad resolutiva en beneficio de los asegurados.

La Municipalidad de Asunción enfrenta un escenario financiero complejo, con una deuda total que asciende a los US$ 242 millones y una calificación de riesgo crediticio que ha descendido debido a debilidades presupuestarias. Tras la asunción de Luis Bello en agosto de 2025, la actual gestión se dedicó a la regularización de las cuentas y al manejo de los recursos provenientes de bonos para infraestructura. El reciente rechazo de la ejecución presupuestaria por parte de la Junta Municipal es un paso administrativo que busca profundizar en la trazabilidad del uso de estos fondos.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y el procedimiento legislativo vigente, se activan dos alternativas para resolver el estado del balance financiero:

1. Descargo y reenvío de la Intendencia: La rendición de cuentas es devuelta al intendente Luis Bello, quien tiene la responsabilidad de responder puntualmente a las observaciones planteadas por los concejales. Bello debe remitir nuevamente el balance con los descargos técnicos que justifiquen la ejecución de los gastos y el estado de la caja municipal.
2. La ratificación del rechazo (Barrera de los 2/3): Una vez que el Intendente devuelve el documento, la Junta Municipal dispone de un plazo de 30 días para un pronunciamiento definitivo. En esta instancia, la aritmética política es determinante: para mantener el rechazo original frente a las explicaciones del Ejecutivo, se requiere una mayoría calificada de dos tercios (16 concejales de 24).

Si la oposición y los sectores disidentes no logran juntar 16 votos, el balance quedaría aprobado de forma supuesta o por falta de mayoría para el rechazo. En votaciones anteriores de gran relevancia, el oficialismo ha logrado consolidar bloques de 14 votos, lo que convierte a la actual negociación en un desafío de apenas dos voluntades clave para definir la transparencia administrativa de la capital.