Prieto sigue gozando de impunidad en Ciudad del Este

El esquema montado en la Municipalidad de Ciudad del Este para el desvío de millonarios fondos en plena pandemia sigue impune. El caso se centra en personas cercanas al jefe comunal Miguel Prieto, que armaron empresas supuestamente para proveer kits de alimentos a los sectores menos favorecidos en plena crisis sanitaria y económica. La impunidad llegó al punto de que una de las acusadas se compró una casa de lujo en un exclusivo barrio cerrado.

  • Unidad de Investigación Nación Media

Mientras otros casos perpetra­dos en pandemia, como el desvío de fondos de la Gobernación de Cen­tral bajo la administración de Hugo Javier González, avanzan hacia resolucio­nes en estrados judiciales, el esquema encabezado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue impune.

Y la impunidad llegó hasta el punto de que una de las acusadas aparece sindicada en la compra de una lujosa casa en el exclusivo Paraná Country Club.

KITS QUE NO APARECIERON

De acuerdo con los docu­mentos que conforman la carpeta fiscal, Prieto está implicado en la rea­lización de compras ficti­cias de 25.000 kits de ces­tas básicas destinados a familias de escasos recur­sos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio eco­nómico a la municipalidad.

Junto a Prieto están pro­cesados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nel­son Segovia Acevedo, Fer­mín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.

Y es sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes par­ticulares. Aunque ya habla­remos del punto algunas líneas más adelante.

La imputación detalla que, el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir ces­tas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias nece­sitadas debido a la pande­mia de covid-19. La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.

Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inme­diata. Tía Chela SRL tam­poco disponía de la capaci­dad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licita­ción de tal magnitud. Según las sospechas de la Fisca­lía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje docu­mental, con el propósito de defraudar a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cua­les la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000.

Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sos­tiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.

APARECE VANEMI SA

En el periodo investigado, se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la Intendencia Munici­pal, a pesar de haberse efec­tuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurí­dica de dicha Intendencia, jugó un papel clave en este entramado. Según la acusa­ción del Ministerio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficti­cias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se convirtió en la principal sub­proveedora de la firma adju­dicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contra­prestación real de productos por el dinero abonado.

De manera similar, Fermín Ávalos Britos, represen­tante legal de Tía Chela, faci­litó la estructura jurídica de su empresa a Miguel Prieto Vallejos. Ávalos Britos per­mitió la ficticia adquisi­ción de 25.000 kits de ces­tas básicas para familias de bajos recursos, a pesar de no contar con la capacidad téc­nica, financiera o experien­cia para asumir un contrato de tal magnitud. A sabien­das de esta situación, el 23 de marzo de 2020, presentó su oferta y obtuvo irregu­larmente la adjudicación del contrato, por el cual reci­bió G. 2.949.650.000. Sin embargo, no se entregaron todas las mercaderías equi­valentes al valor pagado, aunque los documentos indicaban lo contrario, lo que contribuyó al perjuicio total de G. 2.130.036.160.

La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexis­tente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Floren­tín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficticias de mercaderías. El seguimiento de las transac­ciones permitió descubrir que estas facturas forma­ban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de factu­ras no auténticas prove­nientes de al menos cuatro subproveedores ficticios, con el propósito de justifi­car compras que nunca se realizaron, según la acu­sación.

UNA LUJOSA CASA

Como si todo el entramado no fuera suficiente, el Minis­terio Público detectó que la firma Vanemi SA adqui­rió una casa tasada en USD 370.000 (unos G. 3.000 millones) en el exclusivo y lujoso Paraná Country Club.

La casa fue adquirida, de acuerdo con la Fiscalía, ya en 2019. Misma época en la que la firma, ligada a la ase­sora jurídica de la comuna, empezó a recibir millona­rios contratos entregados por la municipalidad de Ciu­dad del Este.

Peña y De la Espriella abren una nueva etapa en las relaciones entre Paraguay y Colombia

El presidente de la República, Santiago Peña, acompañó este viernes la toma de posesión del nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una jornada marcada por el inicio de una nueva etapa en la histórica asociación bilateral entre ambas naciones y el compromiso renovado de potenciar la seguridad y el comercio regional.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

Proponen descontar salarios a autoridades que excedan el gasto estatal

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció la elaboración de un anteproyecto de ley que busca frenar el despilfarro de recursos en los tres poderes del Estado mediante sanciones económicas directas a las autoridades.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

Condenan a concejal de Villa Elisa por extorsión

Jeremías Sansón Villalba Alves, concejal municipal de Villa Elisa y candidato a la Intendencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión por intentar extorsionar a un ciudadano paraguayo.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.