Las víctimas fueron identificadas como Junior César González Barrios, de 26 años, y Renato Rojas López, de 35 años. Ambos salían de su trabajo y se dirigían a sus domicilios cuando chocaron contra un camión que había sido detenido por los agentes de la Caminera sobre Acceso Sur.

Cristian Benítez (26), primo de Junior César, indicó a la prensa que su familiar vive a cuadras de la casa de su compañero de trabajo, por lo que decidió acercarle. Lastimosamente ambos encontraron la muerte.

“Mi primo vivía en alquiler con su novia. Nosotros crecimos juntos. Es demasiado doloroso, me pesa mucho esto, para más ayudando a su compañero de trabajo”, dijo al momento de tildar de irresponsables a los uniformados que supuestamente realizaron la barrera irregular.

“Siempre suelen hacer eso, no usan conos. Vos llegás y a 5 metros le ves a ellos, salen de repente con su linterna”, comentó  y rechazó la versión de los agentes, que supuestamente estaban persiguiendo al conductor del camión que había pasado en rojo.

Para poder dilucidar lo ocurrido, el familiar solicitó a los testigos que le proporcionen los videos y fotos captados del momento. Puso a disposición su número 0983384306 para recibir las pruebas. “Si pueden enviarme las fotos y los videos que tengan, todo nos puede servir para presentar a la Fiscalía”, indicó.

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BARRERA SIN SENALIZACIÓN

Según el reporte policial y fiscal, una barrera de la Caminera instalada sobre Acceso Sur, sin conos ni señalización, ordenó a dos camiones que se detengan. El segundo camión no terminó de encostarse y una motocicleta con dos ocupantes chocó contra este. Ambos murieron.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 de la madrugada sobre Acceso Sur, calzada con dirección de Ñemby a Ypané, a metros de la fábrica paraguaya de gaseosas.

La fiscal Gladys Paredes dispuso la detención de los cinco agentes de la Caminera que participaron del procedimiento: dos hombres y tres mujeres. Los intervinientes indicaron que demoraron a los camiones porque cruzaron en luz roja. Los agentes de la Patrulla Caminera demorados son María Palacios, Víctor Caballero, Rodolfo Espínola, Rossana Bordón y Rosa Cáceres.

El conductor Felicio Marín, quien estaba al mando del camión por el cual impactó una motocicleta sobre Acceso Sur, desmintió la versión dada por los agentes de la Caminera. Los inspectores alegaron que pararon al chofer porque cruzó la luz roja, sin embargo, este negó tal situación y aseguró que los “zorros” estaban haciendo una barrera irregular.

Un día como hoy del 2025, cerca del mediodía en plena avenida Mcal. Estigarribia, Cinthia Riquelme caía de un colectivo de la empresa de transporte Caraguatay cuando faltaban cuadras para llegar a su destino, víctima del robo de un falso vendedor ambulante.

En ese mismo lugar, un año después, sus familiares y amigos llegaron para una manifestación pacífica en su memoria.

La madre de Cinthia la recordó como una mujer inteligente y trabajadora, que dejó huérfanos a dos niños, quienes viajaban con ella al momento del hecho.

Pidió que se castigue al responsable del hecho e hizo un pedido especial a las autoridades sobre los controles a vendedores ambulantes que abordan los buses.

Cabe recordar que el responsable del robo es Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, de 19 años, aprehendido días después del percance y hoy acusado por el Ministerio Público.

El chofer del bus también está sometido al proceso debido a que la unidad que manejaba iba con las puertas abiertas al momento del hecho. Asimismo, se determinó que la empresa de transporte no cuenta con seguro.

El presidente Santiago Peña este lunes encabezó la primera reunión del año con autoridades de las distintas instituciones estatales que integran el Gabinete Social.

Durante el encuentro, se realizó un balance del trabajo desarrollado el año pasado y se definieron los principales ejes estratégicos para este 2026, incluyendo la implementación de medidas concretas para la protección social, la estabilidad económica y el acceso a servicios esenciales.

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Según explicó en conferencia de prensa Juan José Galeano, asesor de la Presidencia en temas económicos y sociales, se logró consolidar una hoja de ruta cuyo objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles en el día a día de las familias.

Cabe recordar que Paraguay cerró el 2025 con un crecimiento económico del 6%, mientras que para el 2026 se proyecta una expansión del 4,2%, conforme a las previsiones actuales.

Las acciones del Gabinete Social apuntarán a que estos avances macroeconómicos impacten en la economía familiar, priorizando pilares como acceso al empleo, salud, educación, vivienda, transporte público y financiamiento, indicó.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sostuvo que la misión encomendada por el jefe de Estado es el impulso de políticas que beneficien a la clase media, especialmente en el área metropolitana y en grandes centros urbanos.

El compendio de metas y compromisos para este año será dado a conocer próximamente al público como Plan Interinstitucional de Acción.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.