Cerca de las 19:20 hs de ayer se registró un nuevo caso de asalto a mano armada a la altura del Km 127 de la Ruta PY07, en jurisdicción de Colonia Coopasan de Alto Paraná.

El hecho tuvo como víctimas a Juan Augusto Venancio Castillo (29), Josemar Fermino Cruz (32) y Alcides Ramírez Orué (41), empleados de la empresa distribuidora Feltes S.R.L.

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Estos trabajadores realizaban su habitual recorrido para entregar mercaderías cuando fueron interceptados por dos motocicletas, a bordo de las cuales iban un total de cuatro personas.

Rápidamente, los delincuentes encañonaron a los ocupantes del camión repartidor y los obligaron a hacer entrega de las pertenencias que traían consigo, tras lo cual se dieron a una rauda fuga.

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Los perpetradores del golpe se llevaron dinero en efectivo (en cantidad a determinar) y dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas, según el reporte policial.

Afortunadamente, los trabajadores no sufrieron ningún tipo de lesión física, por lo que solo se registró una pérdida material.

En la sesión extraordinaria de este viernes, la Cámara Alta dio tratamiento a los dos proyectos que figuraban en el orden del día. El que modifica el artículo 130 de la ley que Establece el Código Electoral y el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B,de la misma legislación.

El primero, relacionado al Registro Cívico Permanente, establece que el TSJE podrá realizar un corte técnico en julio de este año, a fin de facilitar que todos los ciudadanos que se inscribieron desde el 1 de marzo del 2025 hasta el 31 de julio, puedan participar de las internas partidarias de junio del 2026.

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Esto no tiene ninguna incidencia en las elecciones municipales del 4 de octubre del 2026, ya que el corte se aplica solamente a las internas y, todos los que se inscriban a lo largo del 2025 participarán de las municipales del 2026. La propuesta fue aprobada y remitida al Ejecutivo.

Seguidamente, estudiaron el punto 2, en el que estaba el el proyecto que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B.

El proyecto busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. También Establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solamente en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por diez años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario. Esta propuesta fue aprobada y remitida a la Cámara de diputados.

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Durante su intervención, Matto valoró la apertura del Gobierno del Paraguay hacia el movimiento sindical y reconoció la voluntad de diálogo demostrada en espacios tripartitos. Señaló que, por primera vez en muchos años, se observa un proceso de reconstrucción institucional del Ministerio de Trabajo, con una visión más integral hacia la protección de los derechos laborales.

Asimismo, expresó el compromiso del movimiento obrero paraguayo de acompañar este proceso, colaborando con propuestas concretas que apunten a la formalización del empleo, el fortalecimiento de la seguridad social y la mejora de las condiciones laborales en los sectores más vulnerables.

Matto también remarcó que el país enfrenta aún grandes desafíos en materia de distribución de la riqueza, acceso a la seguridad social y combate a la precarización laboral. No obstante, reafirmó que el camino para superar estas brechas debe seguir siendo el diálogo social efectivo, la libertad sindical plena y la participación activa de los trabajadores en la construcción de políticas públicas.

Hizo un llamado a la OIT a continuar acompañando a Paraguay con cooperación técnica y respaldo institucional, a fin de consolidar un modelo de desarrollo centrado en el trabajo decente, la justicia social y la democracia.

Según informó la fiscal en entrevista con el canal GEN, el caso fue tomado de oficio tras la difusión del material audiovisual, que causó una fuerte reacción pública.

“Una vez que tuvimos conocimiento de la viralización de estos videos, hemos iniciado formalmente la investigación y abierto una carpeta fiscal por maltrato animal”, sostuvo.

El jueves por la tarde, la Fiscalía realizó un allanamiento en el sitio donde presuntamente se desarrolló el polémico ritual. En el procedimiento participaron efectivos policiales, una médica veterinaria y representantes de la organización Pata Patrulla.

En el lugar se halló el cuerpo sin vida de una perra mestiza de color marrón claro, en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue incautado y enviado a la Facultad de Veterinaria de la UNA para su necropsia, con el fin de determinar la causa exacta de muerte.

“Según la médica veterinaria, el animal presentaba rigidez cadavérica completa y llevaba varios días fallecido”, explicó Chávez.

La Fiscalía también solicitó a la Universidad Católica el listado completo de los alumnos del cuarto año, señalados como organizadores del bautismo, así como el de los estudiantes ingresantes que participaron del evento. Una vez recibida la nómina, todos serán convocados a prestar declaración ante el Ministerio Público.

Por su parte, las autoridades académicas de la facultad comunicaron oficialmente a la Fiscalía que el hecho no ocurrió dentro del campus universitario, que no forma parte de la malla curricular, y que deslindan cualquier responsabilidad institucional.