Por hecho punible contra instalaciones imprescindibles, perturbación de servicio de telecomunicaciones y hurto agravado de cables fueron detenidas tres personas alrededor de las 23:40 de ayer.

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Los agentes policiales acudieron a la Avda. Sacramento casi Itapúa, donde un testigo les relató lo sucedido, tras lo cual, inició una persecución hasta Camperchioli, donde divisaron a las tres personas con las evidencias en las manos.

Entre los aprehendidos figuran hombres de 33, 26 y 32 años de edad, dos de ellos con antecedentes por robo y otros delitos similares, según confirmó el Crio. Félix Hermosilla, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

Los tres sujetos se encuentran en la comisaría, donde permanecen a disposición del Ministerio Público para la investigación.

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Los fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron el pedido de desestimación de la denuncia contra el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en el caso conocido como “pupitres de oro”. El Requerimiento Fiscal n.° 16 ante el Juzgado Penal de Garantías sostiene la inexistencia de un hecho punible. Según el Ministerio Público, el Estado recibió activos físicos por un valor equivalente al monto total desembolsado, el cual ascendió a G. 310.670.983.444.

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La investigación penal n.° 3949/2025 inició en marzo de 2025 tras denuncias de legisladores sobre una supuesta sobrefacturación. La acusación original señalaba que cada conjunto costaba entre 15 y 30 dólares en las fábricas de China, pero la binacional pagaba un promedio de 96 dólares por unidad. El proceso generó controversia por la exclusión de la industria nacional y los vínculos de cercanía entre el proveedor Kamamya S.A. y altas autoridades del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los informes técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica rectificaron los cálculos de los denunciantes. La Fiscalía aclaró que al valor bruto aduanero en origen debieron sumarse los gastos de flete internacional y nacional, seguros marinos, aranceles, despacho y el pago del IVA. Estos costos operativos locales promediaron unos 45,84 dólares adicionales por cada mueble.

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El argumento logístico también incluyó el ensamblaje de las piezas y el complejo traslado final hasta 1.383 instituciones educativas repartidas en 120 distritos de todo el territorio paraguayo. Los peritos determinaron que el precio final de aproximadamente G. 752.026 por conjunto resultó razonable y menor a los precios del mercado local, donde muebles similares alcanzan los G. 800.000.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) certificó la recepción definitiva de la totalidad de los 410.837 conjuntos el 17 de noviembre de 2025. Al existir una contraprestación real y equivalente por el dinero abonado, la Fiscalía sostuvo la ausencia de daño patrimonial, elemento indispensable para el delito de lesión de confianza, y solicitó el archivo definitivo de las actuaciones.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla, en un juicio oral y público, obtuvo una condena de 5 años de cárcel para el acusado.

Los antecedentes del caso revelan que en fecha 1 de julio de 2024 la víctima estaba al mando de su rodado y llegó hasta una estación de servicio ubicada cerca de la avenida Moisés Bertoni y Prat Gill y en ese lugar ascendió al rodado Cantero Bruno, quien tenía un aspecto sucio. Momentos después, el sujeto sacó un arma blanca y lo puso en la zona de la cintura del conductor, exigiéndole la entrega de sus pertenencias.

La víctima se percató de que el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia presuntamente estupefaciente, por lo que pudo defenderse y sacarle el arma blanca, ya que opuso escasa resistencia, interín llegaron al lugar dos agentes Lince de la Policía Nacional para esposarlo y llevarlo detenido.

El Ministerio Público pudo probar la participación del acusado en los hechos investigados y el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Julio López resolvió condenarlo a 5 años de pena privativa de libertad.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó en una charla con los medios, que Gustavo Leite le comunicó su retorno y que se reintegrará el 22 de julio.

“Viene para asumir su cargo de senador; no hace falta que jure, va a ser un senador más”, explicó Núñez.

Con este retorno, el último suplente en asumir, Carlos Liseras, tendrá que dejar la banca, algo que, de hecho, figuraba dentro de sus planes, ya que desde el principio le informaron que su paso por el Senado sería temporal, pues se sabía que Leite retornaría en este segundo semestre del año.

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Carlos Liseras nunca se desvinculó de Conajzar, institución que preside y de cuyo cargo pidió permiso, precisamente previendo este momento. Este hecho fue cuestionado por algunos sectores, entre ellos, el constitucionalista Hugo Estigarribia, quien señaló que Liseras debió renunciar a Conajzar para poder integrarse a la Cámara, así fuera algo temporal.

Liseras asumió el curul que dejó Hernán Rivas, quien pidió permiso por tiempo indefinido, hasta tanto resuelva sus cuentas con la justicia, que lo acusa de utilizar un título falso de abogado. Además, Liseras tomó la posta del verdadero suplente, Julio Borba, quien rechazó tomar ese lugar.

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