En la jornada de ayer se desarrolló una importante reunión entre empresarios y comerciantes de la zona de Alto Paraná y el ministro del Interior, Enrique Riera, quien estuvo acompañado por autoridades policiales.

En la ocasión, los miembros del sector empresarial manifestaron al titular de la cartera del Interior su malestar y preocupación por los continuos episodios de inseguridad que los afectan de forma significativa en los últimos meses.

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Uno de los asuntos tratados en el encuentro fue la ola de asaltos a camiones transportadores de encomiendas y mercaderías, situación que sigue registrándose pese a las incontables denuncias que ya fueron formuladas ante la Policía Nacional.

Con la llegada de la temporada alta, marcada por el Black Friday y las fiestas de fin de año, los comerciantes temen un incremento en los golpes concretados por “piratas del asfalto” en las rutas del país, así como otros episodios de inseguridad en Alto Paraná.

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Luego de escuchar los reclamos e inquietudes de empresarios, Enrique Riera renovó el compromiso de reforzar la seguridad en las rutas que conectan Ciudad del Este con el resto del país.

“Necesitamos evitar que los delincuentes tengan éxito para que los empresarios puedan seguir trabajando con seguridad”, afirmó el ministro del Interior, al tiempo de destacar las tareas preventivas que serán impulsadas de ahora en más con las nuevas patrullas entregadas el día de ayer.

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se trata de Germán Sergio Benítez Atienza, alias “Anteojito”, quien fue detenido en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, tras haber permanecido prófugo de la justicia argentina.

De acuerdo a los datos, Benítez Atienza, de 38 años, es acusado de asesinar a una niña de 13 años en un trágico incidente ocurrido en Argentina el 18 de enero de 2024.

El delincuente, considerado peligroso, fue capturado por agentes del Departamento de Inteligencia Policial de Itapúa, gracias a un trabajo conjunto con las autoridades argentinas. Benítez Atienza está imputado por los delitos de homicidio agravado y robo agravado con el uso de un arma de fuego.

El crimen y la fuga

El crimen ocurrió cuando Benítez Atienza, junto a otros dos delincuentes, irrumpió en una vivienda en Argentina. Durante el asalto, dispararon contra la hija de los dueños de casa, una niña de 13 años, quien murió debido al impacto de bala. Tras el asesinato, el acusado huyó, ya pesar de contar con documentos tanto paraguayos como argentinos, logró evadir la captura durante varios meses.

La detención de Benítez Atienza fue posible gracias a la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Con su arresto, las autoridades avanzan en el proceso judicial en busca de justicia para la familia de la víctima.

El Tribunal integrado por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a Walter Bower a 15 años de cárcel por el hecho punible de tortura contra policías.

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Merardo Palacios y Osvaldo Vera también fueron condenado a 12 y 6 años de cárcel, respectivamente, por el mismo hecho.

Los tres condenados serán remitidos a la cárcel de Viñas.

Walter Bower, y los expolicías, Osvaldo Vera y Merardo Palacios, fueron declarados culpables por torturar a uniformados en mayo del 2000 en la Marina y en la Comisaría 11.

Para el Tribunal de Sentencia quedó comprobado que estas personas participaron en los hechos de maltrato, por lo que, dictaron sentencia contra los mismos.