José Chávez y su esposa María Edith Franco de Chávez acudieron este martes a la sede del Poder Judicial en Asunción, a modo de realizar una medida de fuerza pacífica.

Una vez más, los padres de la joven Sol Chávez, fallecida a causa de una sobredosis de flúor en el 2021, tomaron la decisión de encadenarse frente al Palacio de Justicia, exigiendo mayor celeridad en su pedido de nulidad de la condena contra las dos procesadas en esta causa penal.

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Según informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán, el Tribunal de Apelación debe estudiar la solicitud de anulación del juicio en el que fueron sentenciadas a dos años de cárcel la odontóloga Lilia Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.

Para la familia de Sol Chávez, las condenas aplicadas a las dos profesionales son muy bajas teniendo en cuenta el daño causado con su muerte, por lo que plantean un nuevo juicio y la aplicación de una pena más elevada para ambas.

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El pedido puntual es que se pueda designar lo antes posible a los camaristas que conformarán el nuevo Tribunal de Apelación, a fin de que estudien el pedido de nulidad del anterior juicio, concluido el pasado mes de agosto.

“La justicia no corre si uno no hace estas cosas. Para nosotros es humillante venir hasta acá, pero estamos luchando por una causa que es la muerte de nuestra hija”, expresó la madre de la víctima.

La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.