El amor en tiempos de prisión: ¿Por qué el Tribunal niega el matrimonio a un condenado?
Un Tribunal negó la autorización para que una pareja condenada por delitos graves pueda contraer matrimonio en prisión. La defensa considera apelar la resolución, dejando en suspenso el futuro del amor tras las rejas.
En un reciente fallo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Juan Dávalos, Inés Galarza y Pablino Barreto, se negó el permiso para que Roberto Núñez Portillo, condenado a 28 años de prisión por homicidio en narcotráfico, y su pareja Luana Antúnez, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, puedan contraer matrimonio en la cárcel de Emboscada.
La decisión se basa en preocupaciones de seguridad, en particular el peligro de fuga de la condenada, dado que se encuentra en un régimen de arresto domiciliario en la ciudad de Capitán Bado, según informó el periodista de GEN/Nación Media, Aldo Insfrán.
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En ese contexto, el Tribunal argumentó que las condiciones actuales no permiten la celebración del matrimonio, ya que Luana Antúnez podría aprovechar la oportunidad para evadir la justicia. Además, la Corte señaló que no existe una fecha concreta para la ceremonia, lo que imposibilita autorizar su traslado a la penitenciaría.
Este caso generó un intenso debate sobre la naturaleza de los derechos de los reclusos y los procedimientos judiciales en el país. A pesar de que la pareja solicitó un pequeño refrigerio para celebrar el casamiento, el Tribunal consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para llevar a cabo dicho acto dentro de la cárcel.
La defensa de Núñez Portillo y Antúnez está evaluando la posibilidad de apelar esta decisión, ya que la mujer estaba en un estado de salud delicado. No obstante, el Tribunal indicó que la condición de la misma no empeoró desde su diagnostico inicial.
En efecto, si se procede con la apelación, un tribunal superior tendrá la última palabra sobre la autorización del matrimonio. En caso de casarse, la pareja tendrá ciertos beneficios, como las visitas conyugales.
Cabe destacar que las solicitudes de matrimonio entre reclusos son comunes, pero no siempre se conceden, especialmente en casos que involucran delitos graves como homicidio y narcotráfico. Las decisiones sobre estas peticiones suelen depender de la percepción de riesgo que el tribunal evalúa en cada situación particular.
El llamativo antecedente de los últimos contralores propuestos por la oposición
En medio de la discusión política en torno a la designación de contralor y subcontralor, el senador Basilio Núñez recordó el antecedente en común que comparten tres de los últimos cinco contralores impulsados por la oposición.
En respuesta al legislador Eduardo Nakayama, quien llamó a “hacer el vacío” en caso de que el oficialismo proponga a colorados para cubrir las vacancias de contralor y subcontralor, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, recordó la situación judicial de los últimos elegidos de la oposición.
“De los últimos cinco contralores impulsados por la oposición, tres afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, resaltó.
Daniel Fretes Ventre (PLRA, 1995-2000): condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una “máquina de lavar dinero”.
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Óscar Rubén Velázquez Gadea (UNACE/PLRA, 2010-2015): condenado a 4 años de cárcel (confirmado por Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso “Secretaria VIP”.
José Enrique García Ávalos (Tercer Espacio, 2016-2019): condenado en 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a un subordinado (caso Ivesur). Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado.
“No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, opinó Núñez.
Para el titular del Congreso, estos antecedentes recientes hacen que la institución pierda credibilidad; por lo tanto, se necesita un proceso de selección transparente, meritocrático y libre de colores.
Barreras policiales: conocé el procedimiento correcto
Para muchos conductores, divisar los conos y las luces de una patrullera a lo lejos genera más temor que sensación de seguridad. Aunque las barreras policiales nacieron como una herramienta clave para combatir la delincuencia, en las calles paraguayas la delgada línea entre la prevención y el abuso se cruza con demasiada frecuencia.
El desconocimiento ciudadano y la improvisación de algunos uniformados convierten los controles en verdaderos dolores de cabeza, a pesar de que cada paso está rígidamente regulado en los papeles.
¿CÓMO DEBEN SER LAS BARRERAS POLICIALES?
La normativa paraguaya es clara, según la Resolución Nro. 1195/12 de la Comandancia de la Policía Nacional y el Código Procesal Penal, estos operativos no pueden realizarse de forma arbitraria y deben cumplir con protocolos específicos.
- Toda barrera debe ser comunicada al Ministerio Público con al menos seis horas de anticipación.
- El reglamento exige una estructura de al menos siete efectivos policiales, incluyendo un Oficial Superior como jefe de servicio, personal del orden y seguridad, y técnicos civiles.
- Para garantizar la seguridad de los conductores, la barrera debe ubicarse en lugares visibles y contar con elementos de señalización como conos reflectivos, patrulleras con balizas encendidas y luces si es de noche. El uso de silbatos y mangas reflectivas también es obligatorio para guiar el tránsito de forma segura.
EL TRATO AL CIUDADANO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
Al momento de detener un vehículo, el personal encargado del registro debe aproximarse con cautela y saludar con cortesía. El ciudadano tiene el deber de exhibir los siguientes documentos:
- Cédula de Identidad o Pasaporte.
- Documentos del vehículo.
- Licencia de conducir.
¿CUÁNDO PUEDEN REVISAR EL INTERIOR DEL VEHÍCULO?
Una de las dudas más frecuentes es sobre la inspección dentro del auto o del maletero. La ley establece que la Policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan “motivos suficientes” para suponer que la persona oculta objetos relacionados a un hecho punible. La inspección no debe ser arbitraria. En caso de realizarse, debe hacerse en presencia de la persona responsable del vehículo y respetando la dignidad humana.
EL USO DE LA FUERZA: EL ÚLTIMO RECURSO.
El actuar policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad. El uso de la fuerza es el último recurso, tras agotar instancias de solución pacífica.
El Manual de Uso de la Fuerza prohíbe ciertas acciones en las barreras:
- Disparar hacia o desde vehículos en movimiento, salvo que exista un peligro inminente para la vida.
- Manejar armas de fuego fuera de las finalidades autorizadas por ley.
- Someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
DERECHOS DEL INTERVENIDO.
El ciudadano tiene derecho a que su integridad física y psíquica sean protegidas por el Estado, cualquier procedimiento que no se ajuste a esto queda estrictamente prohibido.
Campesinos anuncian marcha de dos días en Asunción
Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) se movilizarán este martes y miércoles en la capital. Protestarán contra lo que consideran el abandono del Estado al campo.
El gremio campesino convoca a dos jornadas de protestas previstas para mañana y el miércoles para presentar las siguientes reivindicaciones:
Respuesta inmediata del Estado ante el abandono del campo
Socialización de los beneficios de los proyectos productivos
No a la politización de la asistencia social
Transparencia y criterios justos para el acceso a programas y apoyos
Los organizadores estiman la participación de 500 a 600 personas, con representantes de Caazapá, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, San Pedro y otros departamentos.
“Nos vamos a ir a hablar con ellos porque no cumplen los compromisos asumidos, son puras promesas”, comentó Fabio Aguirre, secretario del la CTUC, entrevistado por la 650 AM.
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Este martes los voceros hablarán a las 7:00 de la mañana frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Independencia Nacional esquina Manuel Domínguez), donde intentarán conversar con el ministro. Posteriormente se dirigirán a la sede del Indert (Tacuary), luego al Ministerio de Agricultura (Yegros) y, por último, al Ministerio de Educación y Ciencias (15 de Agosto) . En cada institución dejarán sus reclamos.
Aseguró que no cuentan con el financiamiento de ningún grupo político y que estuvieron trabajando durante los últimos seis meses para cubrir los costos por sus propios medios. Entre las actividades hechas mencionó: venta de huevos de gallinas, sorteos, bingos, polladas y otros eventos.
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