En un reciente fallo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Juan Dávalos, Inés Galarza y Pablino Barreto, se negó el permiso para que Roberto Núñez Portillo, condenado a 28 años de prisión por homicidio en narcotráfico, y su pareja Luana Antúnez, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, puedan contraer matrimonio en la cárcel de Emboscada.

La decisión se basa en preocupaciones de seguridad, en particular el peligro de fuga de la condenada, dado que se encuentra en un régimen de arresto domiciliario en la ciudad de Capitán Bado, según informó el periodista de GEN/Nación Media, Aldo Insfrán.

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En ese contexto, el Tribunal argumentó que las condiciones actuales no permiten la celebración del matrimonio, ya que Luana Antúnez podría aprovechar la oportunidad para evadir la justicia. Además, la Corte señaló que no existe una fecha concreta para la ceremonia, lo que imposibilita autorizar su traslado a la penitenciaría.

Este caso generó un intenso debate sobre la naturaleza de los derechos de los reclusos y los procedimientos judiciales en el país. A pesar de que la pareja solicitó un pequeño refrigerio para celebrar el casamiento, el Tribunal consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para llevar a cabo dicho acto dentro de la cárcel.

La defensa de Núñez Portillo y Antúnez está evaluando la posibilidad de apelar esta decisión, ya que la mujer estaba en un estado de salud delicado. No obstante, el Tribunal indicó que la condición de la misma no empeoró desde su diagnostico inicial.

En efecto, si se procede con la apelación, un tribunal superior tendrá la última palabra sobre la autorización del matrimonio. En caso de casarse, la pareja tendrá ciertos beneficios, como las visitas conyugales.

Cabe destacar que las solicitudes de matrimonio entre reclusos son comunes, pero no siempre se conceden, especialmente en casos que involucran delitos graves como homicidio y narcotráfico. Las decisiones sobre estas peticiones suelen depender de la percepción de riesgo que el tribunal evalúa en cada situación particular.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.