En una movilización marcada por la desesperación y la necesidad, pacientes oncológicos, familiares y médicos se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir la extensión de la intervención administrativa en la institución hasta diciembre y exigir la salida de la ministra de Salud. La protesta se centra en la reciente designación del doctor Nick Ocampos como director general del INCAN, quien, según los manifestantes, no es oncólogo y carece de la experiencia necesaria para atender la delicada situación de los pacientes con cáncer.

La intervención del INCAN comenzó a traer cambios significativos desde el primer día, según afirmaron los manifestantes. Para ellos, la continuidad de la Dra. Jabibi Concepción Noguera de Cantero,, quien ha demostrado una mayor empatía y eficiencia, es fundamental.

“Desde el inicio de la intervención, notamos una gran diferencia. No tenemos nada en contra del doctor Ocampos, pero la doctora Noguera tiene una capacidad de gestión que está beneficiando a los pacientes”, expresó María Estela Galeano, la presidenta de Apacmafa.

La preocupación principal radica en que, con la llegada de un nuevo director no especializado en oncología, los avances logrados puedan verse comprometidos. En ese sentido, Galeano indicó que todos los pacientes piden que la intervención continúe hasta diciembre para asegurar que la atención.

Un punto crítico de la protesta es la amenaza de renuncia masiva por parte de los médicos del INCAN. Más de 25 profesionales del área médica anunciaron su intención de dejar sus cargos si el doctor Nick Ocampos y la ministra de Salud, Teresa Barán, permanecen en sus puestos. “Si este señor continúa, y si la ministra sigue ignorando nuestras demandas, los médicos renunciarán. No podemos permitir que esta situación empeore”, advirtió Galeano.

Además de la renuncia de los médicos, la entrevistada denunció la escasez de insumos básicos, como jeringas y medicamentos, que deben ser adquiridos por las propias asociaciones de pacientes. “Hace tiempo que no recibimos lo necesario del Ministerio. Somos nosotras, las fundaciones y asociaciones, quienes estamos cubriendo a esos faltantes”, comentó.

Así también, lamentó la falta de comunicación por parte del Gobierno, ya que enviaron reiteradas solicitudes para reunirse con la ministra de Salud, sin obtener ninguna respuesta, ya que eta indiferencia incrementó el malestar entre los pacientes y sus familiares, quienes ahora exigen la intervención directa del presidente, Santiago Peña “No saldremos de aquí hasta que alguien del Gobierno venga a escucharnos. No estamos pidiendo nada irrazonable, solo que la intervención continúe y que se tomen en serio nuestras vidas”,

Entre las Múltiples demandas, el apoyo a la doctora Jabibi Noguera es uno de los pilares de la protesta, debido a que los pacientes reconocen en ella una líder que demostró cercanía y compromiso en su gestión. Por el contrario, la relación con la ministra de Salud está completamente fracturada. “Ya no confiamos en la ministra. La última vez que nos manifestamos, nos prometió soluciones, pero nunca respondió a nuestras notas. No puede seguir al frente”, dijo la presidenta.

Asimismo, apuntó que la manifestación seguirá de manera indefinida, con la firme decisión de los pacientes, familiares y médicos hasta obtener una respuesta concreta. “Si algo le pasa a mi compañero, será responsabilidad del presidente y de la ministra. Estamos hablando de vidas humanas, no podemos seguir así”, sentenció uno de los manifestantes.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó la obra como clave para la conectividad de la región.

“Hoy comienza la nueva historia de María Antonia y de todo el departamento de Paraguarí, mucho más cerca, mucho más conectado”, afirmó la secretaria de Estado sobre esta obra, adjudicada al Consorcio Santa Lucía (Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A.).

El proyecto vial que abarcará 31,5 km corresponde al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024. El monto total del contrato asciende a G. 88.160.062.554 y será financiado con fondos locales.

La nueva infraestructura vial beneficiará a más de 15.000 pobladores de los distritos de María Antonia y Quyquyhó, así como a más de 260.000 habitantes del IX departamento, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo económico y social.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva ruta promete mejorar el acceso y la comunicación entre ambas ciudades, optimizando el transporte, el comercio y la calidad de vida.

Además, se prevé un impacto positivo en la seguridad vial y la circulación de productos agrícolas de la región, sumado a la generación de mano de obra local que, se estima, rondará unos 300 empleos directos y otros 900 de manera indirecta.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).