Se trata del proyecto de ley “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”.

Este proyecto, según la exposición de motivos, regula el manejo de datos de tráfico por parte de proveedores de servicios de internet, sean personas físicas o jurídicas.

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El objetivo principal es facilitar la identificación de usuarios para la persecución penal y sanción de delitos de pornografía infantil que afecten a niños y adolescentes. Los proveedores deberán proporcionar informes que permitan identificar el protocolo de Internet (IP) del usuario a solicitud del Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales y con autorización judicial.

El incumplimiento de estas obligaciones será considerado una “infracción muy grave” y conllevará multas de hasta 1.000 jornales mínimos por cada caso, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera existir.

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La propuesta fue aprobada por amplia mayoría y, tras ello, se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

La jueza Rosarito Montanía suspendió las visitas a Giannina García Troche por presunto mal comportamiento dentro de la cárcel militar de Viñas Cue.

Se trata de una sanción disciplinaria de 5 días, tiempo en el que no podrá recibir ninguna visita de sus familiares.

La esposa del prófugo Marset destruyó las cámaras de seguridad de su lugar de reclusión además de amenazar con suicidarse.

Hace apenas dos días, la uruguaya fue dada de alta en el Hospital Militar donde estuvo internada en terapia luego de perder el conocimiento, producto de una serie de convulsiones que sufrió dentro de su celda.

La sanción también alcanzó a los abogados de García, quienes fueron emplazados para reponer las cámaras dañada por la uruguaya.

La suscripción estuvo encabezada por el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el embajador japonés Katsumi Itagaki, con acompañamiento del sector privado y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio.

El ministro Javier Giménez definió la firma como un punto de inflexión para la economía paraguaya, al destacar que el tratado representa mucho más que el cierre de décadas de negociaciones bilaterales.

Señaló que Paraguay se posiciona ahora con una oferta más sólida para captar inversiones japonesas en segmentos estratégicos, especialmente en tecnología, electrónica y automotriz, áreas donde Japón mantiene liderazgo mundial.

Recordó que el país asiático es el segundo mayor inversor global y que ya existen experiencias exitosas de empresas de capital japonés instaladas en el país.

Giménez sostuvo que este paso “marca un día histórico”, subrayando que Paraguay está en plena misión de “construir puentes” con grandes potencias industriales, y que Japón constituye uno de los socios más valiosos para acompañar la expansión del sector productivo nacional.

Según señaló, el nuevo marco jurídico acelerará la incorporación de Paraguay a cadenas globales de valor y facilitará la instalación de industrias con alto componente de innovación.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano coincidió en que la suscripción del acuerdo envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional, que es que Paraguay apuesta a un modelo económico sustentado en seguridad jurídica, reglas claras y respeto a los compromisos.

Indicó que la relación con Japón se sustenta en valores compartidos, y que el país asiático representa un referente en materia tecnológica, industrial y ética empresarial. Afirmó que el tratado permitirá convertir esta alianza en proyectos productivos que generen empleo y mayor prosperidad.

El embajador Katsumi Itagaki remarcó que el instrumento ofrece un marco estable, previsible y transparente para los inversionistas de ambos países, protegiendo derechos fundamentales, previniendo expropiaciones injustas y habilitando mecanismos modernos de solución de controversias.

Señaló que durante su misión diplomática pudo constatar el dinamismo industrial del Paraguay y el creciente interés de compañías extranjeras en instalar operaciones en el país.

El acuerdo, según coincidieron las autoridades, afianza la posición de Paraguay como destino competitivo para los negocios y fortalece la confianza de los inversores en un momento en que el país busca dar un salto cualitativo en su desarrollo económico.

Luego de aprobar el proceso de evaluación de la única oferta presentada a la licitación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral adjudicó al Consorcio Comitia - MSA el alquiler de las máquinas de votación por USD 34.986.500.

El artículo 3º de la resolución dispone que los pagos sean efectuados con los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación, 2026, objeto de gasto 254 “alquiler de Equipos de Computación”.

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La Dirección General de Administración y Finanzas se encargará de suscribir el contrato y la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones realizará los trámites administrativos.

Los funcionarios Fausto Vons Streber, Ana María Sanabria y Marcelo Denis serán los administradores del contrato.

Esta misma empresa ya había sido adjudicada en las municipales del 2021 y en las generales del 2023. En esta ocasión, en total serán arrendadas 18.000 máquinas y el uso será para las internas de junio y las municipales de octubre.

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