“El día de hoy recibimos una solicitud de permiso sin goce de sueldo por parte de la funcionaria. Nosotros no la vamos a conceder y vamos a proceder en esta investigación”, declaró enfatizando la determinación de la Cámara de Diputados de abordar el caso con severidad.

Anadelia Acosta es señalada como figura clave en un esquema que habría desviado G. 725 millones de los G. 800 millones otorgados por la ANDE como indemnización a dos familias de escasos recursos que perdieron seres queridos en un accidente laboral.

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El presidente Latorre detalló las medidas ya tomadas por la Cámara de Diputados: Cese inmediato del comisionamiento de Acosta; puesta a disposición de la funcionaria ante la Dirección General de Recursos Humanos; y la apertura de una investigación.

Expresó, por otro lado, su indignación calificando el hecho como “muy grave” y “despreciable”, no solo por la cantidad sustraída, sino por haberse aprovechado de personas vulnerables en un momento de dolor.

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“Pocos actos se me ocurren que puedan ser más despreciables que este”, afirmó, al tiempo de indicar que, aunque normalmente las renuncias deben ser aceptadas, en este caso “vamos a ser severos” en todas las medidas a tomar.

En el marco de la causa, la fiscal Norma Salinas imputó a Anadelia Acosta, al abogado Darío Flores, Ovidio Brítez y Juan Ramón Acosta, los dos últimos pareja y padre de la mujer, por estafa, apropiación y lesión de confianza.

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Tras conocerse el escandaloso caso, la funcionaria del Congres y el abogado Darío Flores devolvieron G. 600 millones a dos familias afectadas por el millonario despojo.

El acuerdo ya fue presentado ante la Fiscalía en Caaguazú,

El procedimiento fue realizado por técnicos de la institución con acompañamiento del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos del Paraguay.

Durante la inspección, los fiscalizadores verificaron intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, entre ellas la remoción de suelo para adecuar áreas recreativas y modificaciones del terreno para la construcción de isletas. Según el MADES, estas obras no estaban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados.

Además, se detectó una disposición inadecuada de residuos sólidos, como botellas de vidrio, latas y materiales plásticos, depositados en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación, lo que representa un potencial riesgo para el ecosistema.

El Ministerio informó que continuará con las diligencias administrativas para determinar las eventuales responsabilidades y aplicar las medidas previstas en la legislación ambiental vigente.

La institución señaló que este tipo de intervenciones busca fortalecer las tareas de fiscalización y garantizar la protección de los recursos naturales mediante el cumplimiento de las normas ambientales.

Inicialmente, el Consorcio Palma había solicitado autorización para retirar 34 ejemplares en el marco del proyecto de revitalización del espacio público. Sin embargo, tras las inspecciones, la Comuna aprobó la remoción de solo 17 árboles dentro de la plaza y otros cinco en sus alrededores.

Según la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), la decisión responde a que los ejemplares presentan un avanzado deterioro que compromete la seguridad de las personas o corresponden a especies exóticas invasoras.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, señaló que cada árbol fue evaluado de manera individual y aseguró que la prioridad es preservar el patrimonio arbóreo sin descuidar la seguridad de quienes utilizan diariamente la plaza.

Entre los ejemplares autorizados para su remoción figuran cipreses secos, ficus con problemas estructurales y leucaenas, consideradas especies invasoras.

La Comuna recordó que la Plaza Uruguaya cuenta actualmente con 401 árboles y confirmó que todos los ejemplares retirados serán compensados con la plantación de especies nativas, como tarumá, guaviyú, agua’í, ñandypa y araticú, entre otras.

Las nuevas plantaciones se realizarán en la propia Plaza Uruguaya y, una vez cubierta su capacidad, continuarán en otros espacios públicos cercanos, como la Costanera Norte y plazas de la zona.

Los asegurados interesados en utilizar este servicio ya pueden acceder a la plataforma a través del sitio web oficial de la institución, www.portal.ips.gov.py, o remitir sus consultas al correo electrónico institucional habilitado para soporte técnico: subsidiosreposos@ips.gov.py.

El sistema guía al usuario paso a paso durante la carga de la solicitud, facilitando la presentación de los documentos requeridos según la particularidad de cada caso médico y disminuyendo los márgenes de error durante el proceso.

Entre las principales mejoras técnicas se destaca la generación inmediata de un número de trámite, el cual permite al asegurado realizar el seguimiento de su expediente en tiempo real con solo ingresar su número de cédula.

En caso de que la documentación presente algún error o requiera observaciones, el portal detalla de manera específica qué aspectos deben corregirse, lo que evita que el beneficiario tenga que reiniciar todo el trámite desde cero.

Con esta modernización, la previsional apunta a transparentar la gestión de los subsidios económicos y optimizar la respuesta administrativa para este beneficio de la seguridad social.