La víctima es un pequeño productor y comerciante, Orlando Giménez, quien el martes pasado -según su demanda- fue interceptado por cuatro hombres, frente a la sede regional de la ANDE, en el barrio San Miguel de Fuerte Olimpo.

Los sujetos le obligaron a subir a un vehículo y luego lo llevaron a un sitio, en la localidad de Toro Pampa, en donde fue intimado, inicialmente, a pagar la suma de 200 millones de guaraníes, para ser liberado. Sin embargo, dijo a sus captores que no disponía de esa cantidad, con lo que logró reducir a 50 millones. Los captores aceptaron, por lo que Giménez hizo una llamada telefónica a través de la cual obtuvo la remisión del monto solicitado por los delincuentes.

Después de entregado el dinero del rescate, Orlando fue liberado. Una de las personas a las que contó el hecho fue el concejal Sergio Cuellar, quien comunicó del suceso a la Fiscalía.

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“Este es un pueblo pequeño, todos nos conocemos. Se sabe quiénes son las personas que cometieron el hecho. Lo que pedimos es que el Ministerio Público haga su tarea y la comandancia de la Policía investigue, porque es un hecho sumamente grave”, dijo Cuellar en comunicación con Radio 1000 AM.

Una arista llamativa de la información acercada a la Fiscalía, es que los cuatro presuntos autores, pocas horas después de acabar el hecho denunciado, se reunieron con el comisario Néstor Agüero, titular de la comisaría de Fuerte Olimpo.

En ámbito policial indicaron que Asuntos Internos ya abrió pesquisa sobre lo denunciado, y que, en el transcurso de las próximas horas darán a conocer la evolución de los primeros procedimientos.

En un comunicado emitido en las últimas horas, la Policía se pronunció acerca de la difusión de videos publicados en TikTok en los que se observa a efectivos de la institución en la Expo escoltando al supuesto influencer Francisco Canatta, quien se hace llamar “masivo”.

Los policías fueron remitidos a la Dirección General de Asuntos Internos que se encargará de estudiar el caso y determinar eventuales responsabilidades administrativas que correspondan conforme a la normativa vigente. Ambos fueron apartados de sus funciones.

“La Policía Nacional aclara que no autoriza ni avala la participación del personal policial en actividades de promoción o creación de contenido que no correspondan a la difusión de medidas de prevención”, señala el comunicado.

Las autoridades advierten que cualquier actuación que se aparte de los principios que rigen la función policial será sometida a los procedimientos administrativos correspondientes.

El ministro del Interior, Enrique Riera, dijo que entiende la indignación de la gente con estos policías, pero pidió no generalizar ni meterlos a todos en una misma bolsa.

La escasez de fármacos golpea con especial dureza el bolsillo de los familiares de pacientes en estado crítico. Una asegurada contó al TRECE que se vio obligada a comprar insumos de alto costo con sus propios recursos para su pariente que está en la unidad de terapia intensiva.

A la falta de insumos se suma el calvario del traslado y la espera para quienes provienen del interior del país. Una asegurada contó que viajó más de seis horas desde el departamento de San Pedro y llegó a la capital a las 5:00 de la mañana, pero que de igual manera tuvo que esperar por muchas horas para ser atendida.

Esta situación refleja la persistente crisis de gestión y la falta de respuestas oportunas en los servicios de la previsional.

Durante la intervención, los efectivos policiales procedieron a la incautación de las herramientas y equipos utilizados en la actividad ilegal, entre ellos un tractor y una motosierra. El caso quedó a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, que encabeza las investigaciones para determinar el impacto del daño ecológico e imputar formalmente a los sospechosos.

MARCO LEGAL Y PENAS POR DEFORESTACIÓN

En el fuero penal paraguayo, la destrucción sin autorización de recursos forestales nativos es considerada un delito grave. La legislación contempla sanciones contundentes tanto en el plano penal como en el administrativo:

• Ley N° 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente”: En su Artículo 4°, sanciona a quienes realicen la tala o quema de bosques nativos que perjudiquen gravemente el ecosistema con penas de 3 a 8 años de prisión. Además, contempla multas de 500 a 2.000 jornales mínimos y el decomiso de las maquinarias e instrumentos empleados.
• Ley N° 2524/04 (Ley de Deforestación Cero): Al tratarse de la Región Oriental, rige la prohibición estricta de actividades de conversión y cambio de uso de suelo en superficies boscosas. Toda extracción no autorizada constituye una infracción directa a esta normativa.
• Incautación de bienes: La legislación ambiental faculta al Ministerio Público a incautar de manera preventiva todos los medios de transporte y herramientas (motosierras, camiones, tractores) utilizados para la comisión del hecho.

Los imputados por este tipo de hechos quedan expuestos a ser procesados bajo la Ley 716/96, arriesgando la privación de libertad y medidas reparatorias que exige la justicia ambiental.

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