Un fuerte temporal que azotó la región después de la medianoche del miércoles dejó a más de 100 familias en estado de emergencia, principalmente en los distritos de Minga Guazú, Tavapy, Dr. Raúl Peña y Ciudad del Este. Afortunadamente, no se reportaron lesionados ni víctimas fatales, aunque los daños materiales en las estructuras de las viviendas son significativos.

Según informes de la Gobernación de Alto Paraná, se llevaron a cabo censos para evaluar la magnitud del desastre. Hasta el momento, se constató que más de 112 familias sufrieron daños, especialmente en techados y paredes. Las condiciones climáticas adversas incluyeron fuertes vientos, actividad eléctrica, intensas precipitaciones y granizadas.

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En Minga Guazú, más de 50 familias, especialmente entre el Km 15 y 25, reportaron que los granizos de considerable tamaño provocaron agujeros en sus techos. En Tavapy II, aproximadamente 30 familias quedaron expuestas a la intemperie tras perder parte del material de eternit de sus techos, lo que resultó en la destrucción de algunas estructuras más pequeñas.

En Ciudad del Este, 20 familias de los barrios 29 de Setiembre y Don Bosco también sufrieron pérdidas, y en el distrito de Dr. Raúl, otras 10 viviendas resultaron dañadas. La Secretaría de Acción Social de la Gobernación, junto con las Municipalidades, está trabajando para proporcionar chapas y asistencia a los afectados.

En tanto, la Colonia Tavapy II, la Capilla María Auxiliadora también sufrió severos daños, con su techado de zinc completamente arrancado por las ráfagas de viento. Además, la caída de árboles afectó los tendidos eléctricos, dejando a la comunidad sin servicio de electricidad durante varias horas.

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El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.