Durante la sesión de la Cámara Alta, realizada el miércoles, el senador Dionisio Amarilla, quien había sido expulsado del PLRA, anunció que será el próximo presidente de la agrupación que lo eliminó de sus filas.

“El sábado me fui al Mercado 4 y 2.500 selfie se hicieron la gente. No podía caminar entre la gente y me llevaban en andas. El domingo en el súper no me dejaron pagar la costilla, pagaron por mí. ¡El pueblo me quiere por mi coraje! Piso fuerte y seguiré pisando fuerte, y tres tapas de diarios no me van a hacer retroceder”, manifestó.

“Prepárense porque hay Dionisio Amarilla para rato y va a ser el próximo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, carajo”, agregó al momento de anunciar su candidatura.

En la Convención Partidaria del 3 de marzo, los legisladores Dionisio Amarilla, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera fueron expulsados por 20 años del PLRA tras haber votado a favor de la Superintendencia de Pensiones y de la destitución de Kattya González del Senado, yendo en contramano a la posición del Directorio azul, a pesar de no existir en Paraguay el mandato imperativo que obligue a los congresistas a votar como ordena su partido político.

“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde, coordinadamente, desde el mes de diciembre del 2021 (todavía no públicamente) y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio y creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta de Horacio Cartes empresarial”, opinó Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes.

Recordó que el caso derivó en la denuncia de Giuzzio ante la Comisión Permanente (sin cuórum) y ante la Seprelad (que no puede recibir denuncias) con la investigación encabezada por su titular Carlos Arregui para concluir en dos cuestiones.

El 1 de abril del 2022, informe de inteligencia que envía la Seprelad a Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera de EEUU) donde, a más de recordar la jurisdicción que tienen sobre Cartes en ese país, remiten una serie de informaciones sobre él.

En mayo del 2022 se filtran datos a los diarios Abc y Uh, que, en conjunto sacan una tapa, con detalles informes de inteligencia que son confidenciales y no pueden ser compartidos con la prensa ni con ningún tercero.

“De manera falsa, tergiversada y exagerada realizan calificaciones sobre la conducta de Cartes y Tabesa, sobre todas sus empresas, entorno familiar, incluso personas, incluyéndome a mí, para perseguir a Horacio Cartes. Eso es lo que hoy se desestima”, explicó el abogado, en relación a la desestimación solicitada por la Fiscalía.

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Los hechos investigados finalmente fueron determinados como falsos, pese a lo cual, ya muchas familias paraguayas que trabajaban para estas empresas fueron perjudicadas.

“Se trató de la mayor persecución política en la era democrática utilizando el estado como herramienta”, opinó el abogado. Todo esto, recalcó, con el fin de tomar un atajo eliminando al adversario político.

Los abogados de Cartes en Estados Unidos se encargarán de hacer llegar esa información. pero también es importante, recalcó, que la Seprelad pueda evaluar y redireccionar esto, a fin de que el informe no quede como valedero ante ninguna entidad extranjera.

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A través de sus redes sociales, el intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez respondió a una información compartida por radio Ñanduti, medio que aseguró que el Ejecutivo supuestamente le pidió su dimisión. 

“Desde el entorno del presidente de la República le habrían pedido su renuncia al intendente Óscar Rodríguez para evitar la intervención de la municipalidad y el jefe comunal les respondió que no lo hará”, rezaba el posteo.

Sin embargo, el intendente Rodríguez aseguró que dicha información era una completa mentira. “Desmiento categóricamente está noticia mal intencionada. En ningún momento nadie me pidió la renuncia. Dejen de mentir y tergiversar”, escribió.

El movimiento Honor Colorado había adelantado que iba a favor de intervenir la Municipalidad de Asunción y la de Ciudad del Este. Esta segunda petición se concretó este miércoles durante la sesión de la Cámara Baja. 

El acuerdo constitucional para la intervención implica la separación del cargo de los intendentes y la designación de un interventor que se encargará de la administración en lo que dure la auditoría.

En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.

Si se concreta la destitución, la Cámara Baja notifica a la Justicia Electoral y, a partir de ahí, la institución posee 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal.

En cambio, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.

“Estamos muy atentos por una cuestión presupuestaria, más que nada. No hay que perder de vista que entre ambas ciudades hay casi 700.000 electores”, expresó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE.

No obstante, aclaró que el organismo está obligado a cumplir con el artículo 165 de la Constitución Nacional, que establece la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días en caso de destitución de un intendente.

En entrevista con canal GEN, Ljubetic también explicó que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.

“Si se concreta la destitución, se nos debe notificar formalmente y, a partir de ahí, tenemos 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal”, detalló.

También recordó que, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.

Ljubetic adelantó que, si los tiempos procesales se cumplen, las nuevas elecciones municipales podrían concretarse en los primeros meses del próximo año, en caso de que el Congreso opte por la destitución del intendente de alguna de las dos capitales departamentales.