El afectado, Eliseo Quiroz, propietario de un inmueble afectado por una construcción de tendido de la empresa estatal, señaló que en el 2020 había iniciado una demanda por daños y perjuicios. El proceso judicial dictaminó a su favor, determinando que la administradora eléctrica estatal debía abonar la suma de 170 millones de guaraníes.

“Era tiempo del Covid y esta persona, que es de la tercera edad, no podía salir de su residencia. Afirma que no fue notificado de que el cheque ya estaba disponible, y cuando luego fue para cobrarlo, se encontró con que ya fue entregado a un apoderado, al que el denunciante ni siquiera conoce”, explicó el fiscal Eduardo Alegre, quien abrió expediente para dilucidar la trama del fraude.

Remarcó que el hecho tiene las características de ser un esquema bien estructurado para perpetrar este tipo de estafa.

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El “equipo” sospechoso de la falsificación de firma y de instrumento público, al decir de la denuncia, lo conforman el abogado Hugo Villagra, la escribana Ada Luz Aceval Mazacotte, además de personas innominadas entre las que estarían funcionarios de la ANDE y del Banco Nacional de Fomento.

“Fue un cheque intransferible, solo podía ser cobrado por la persona indemnizada, sin embargo, pasó los controles de manera fácil y lo cobraron personas inescrupulosas”, acotó el fiscal Alegre. Añadió que, para completar el círculo de ilícitos, el sujeto que se presentó para cobrar el cheque, lo hizo con una cédula de identidad de persona que ya había fallecido.

Durante la penúltima sesión del Senado antes del receso parlamentario, se aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del obstetra en la República del Paraguay”.

La iniciativa representa una actualización normativa indispensable para fortalecer el sistema de salud, ordenar la formación académica y reconocer el rol fundamental que desempeñan los obstetras en la atención materno-infantil.

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Seguidamente, la Cámara Alta se constituyó en Comisión para analizar el proyecto de Ley “Del ejercicio profesional de la radiología”.

Ambos proyectos aprobados con modificaciones serán remitidos a la Cámara de Diputados para su estudio.

La oficina central del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) será sede de la Feria de la Agricultura Familiar “Jajapo Porã Año Paha Ñande Roga Guasúpe”.

Este evento, que se desarrollará en su tercera edición, convocará a productores y emprendedores de todo el país con el objetivo de comercializar sus productos sin intermediarios.

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La actividad está prevista para el próximo martes 16 de diciembre, en el horario de 06:00 a 14:00 hs, convirtiéndose en una oportunidad propicia para adquirir una gran variedad de productos a precios justos y accesibles.

En la lista se encuentran frutas y verduras de estación, queso Paraguay, carne, miel, huevos, todos traídos directamente desde las fincas, a los que también se sumarán artesanías y otros artículos.

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“Esta feria es más que un espacio de ventas, es una puerta abierta para dignificar el trabajo rural y conectar directamente al productor con el consumidor”, sostuvo Amanda León, presidenta del CAH.

En la feria también estarán presentes productores que forman parte del Programa “Hambre Cero”, quienes abastecen con alimentos frescos y de calidad a escuelas de todo el país.

El Ministerio deberá indicar si existen casos confirmados en nuestro país, en este año 2025, como así también la especificación del esquema completo de vacunación, establecido por el mismo para combatir esta afección, provocada por la bacteria Bordetella Pertussis.

También se solicita detallar las estadísticas de la población en riesgo en nuestro país y el porcentaje de dicha población que cuentan con el esquema de vacunación completada.

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El pedido de informe, presentado por el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en su último ítem precisa si esta cartera del Estado cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para alcanzar a la población objetivo.

A inicios del mes de diciembre, la Argentina emitió alerta por casos de tos ferina, cuando las instituciones sanitarias del vecino país registraron 627 casos confirmados y 7 muertos.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de los datos solicitados.