Al respecto, Agustín Encina, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), abordó la problemática actual relacionada con los casos de feminicidio y la necesidad de implementar tobilleras electrónicas para el control de personas con prisión domiciliaria. El director se refirió a las demoras en el proceso de licitación, que, según informó, están vinculadas a intereses de algunas empresas que generaron obstáculos en la implementación de este proyecto vital.

“Estamos hablando de un proyecto nuevo que requiere un análisis riguroso para asegurar que la licitación pública sea transparente y legal. Esto ha ocasionado algunos retrasos”, explicó Encina en entrevista con GEN/NACIÓN MEDIA.

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La semana pasada, el Ministerio del Interior presentó la versión final del pliego, lo que, según el director, es un paso positivo en la dirección correcta, aunque también ha causado protestas en la comunidad.

En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad de avanzar en el proceso ahora recae en el Ministerio del Interior, que debe decidir si continúa con la licitación. “No hemos tenido indicios de que este proyecto se cancele. Es un proyecto de gobierno, y espero que se abra la participación a la mayor cantidad de empresas posible. La idea es garantizar la transparencia y que se presenten las mejores ofertas”, afirmó.

Así también, hizo hincapié en que no solo se debe considerar el precio en estas licitaciones. “La trayectoria y experiencia de las empresas son factores cruciales, sobre todo cuando se trata de implementar un sistema que puede ser tan sensible y que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía”, subrayó.

En ese contexto, destacó que la nueva ley 7021 introduce el principio de valor por dinero, que evalúa no solo el costo, sino también la calidad y eficiencia de los productos y servicios ofrecidos al Estado.

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Días atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina otorgó un plazo de 10 meses para mantener operativa la zona de alijo de combustible y transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, evitando así su interrupción inmediata.

Esta medida fue comunicada oficialmente al representante de la Prefectura Naval Argentina, y surge tras una reunión realizada el 16 de julio en Buenos Aires, con participación de la Embajadora del Paraguay, Helena Felip, y autoridades aduaneras argentinas.

Como resultado, se acordó la conformación de una Mesa de Trabajo binacional, con la participación de representantes gubernamentales y del sector privado de ambos países. Su misión será definir una solución operativa para la continuidad del alijo en la zona, o bien, establecer alternativas viables.

Al respecto, la Dirección General de Aduanas manifestó su disposición para participar de la primera reunión en la ciudad de Asunción, prevista para la primera semana de agosto.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM), instan a la pronta activación de esta Mesa de Trabajo, atendiendo la urgencia de la situación y el fuerte impacto económico que podría derivarse de una suspensión de las operaciones de alijo para el comercio y la logística del Paraguay.

La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales.

Señaló que el Estado debe velar por que las remuneraciones cumplan con lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, garantizando una retribución que permita el desarrollo libre y digno del trabajador.

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Asimismo, aclaró que, bajo ninguna circunstancia, los descuentos podrán superar el 50 % del ingreso mensual percibido por el funcionario en concepto de contraprestación por sus servicios.

La legisladora informó que desde la Comisión emitieron dos dictámenes: uno por la aprobación sin modificaciones y otro por la aprobación con modificaciones.

La propuesta legislativa fue finalmente aprobada por unanimidad, con modificaciones y será remitida a la Cámara de Diputados.

Personal policial de la Comisaría 16ª de Vallemí este miércoles procedió a la detención de Julio César Giménez Ramírez, de 18 años, y Darío Fernando Colmán Ruiz Díaz, de 22 años.

Estos jóvenes son sospechosos de haber perpetrado un hecho de robo agravado en el interior de un local comercial situado en el barrio San Martín del distrito de Vallemí, departamento de Concepción.

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En aquella oportunidad, uno de los delincuentes ingresó la despensa “La Economía” y, a punta de machete, amenazó al nieto de la propietaria, un adolescente de 17 años, quien en ese momento se encontraba a cargo del negocio.

Fue así como obligó al menor a hacer entrega del dinero -con la caja registradora incluida-, dándose luego a la fuga junto con su cómplice, que lo aguardaba afuera en una motocicleta.

Luego de un intenso rastrillaje y gracias a las filmaciones de circuito cerrado, los agentes policiales pudieron dar, primero, con el paradero de Giménez y, horas después, con el de Colmán.

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En su poder incautaron un pendrive y aros de plata, junto con otras evidencias. Asimismo, confesaron a las autoridades el sitio donde habían escondido la caja registradora del comercio asaltado.

Cabe señalar que el joven de 18 años posee antecedentes por homicidio doloso, mientras que su cómplice por hurto.