En Itapúa, la situación de los 55 comedores comunitarios se vuelve crítica, ya que desde hace meses no reciben provisiones del Ministerio de Desarrollo Social. A pesar de que se había confirmado un retraso en las entregas, la incertidumbre persiste.

Esta situación afecta a un comedor ubicado en el barrio San Pedro de Encarnación, donde la encargada, Noelia Estigarribia, compartió su experiencia. “Estamos dolidos. Este año no recibimos nada del Ministerio, a pesar de que entregamos todos los documentos en enero”, lamentó Noelia en entrevista GEN/NACIÓN MEDIA, quien destacó que la situación se volvió insostenible.

Al respecto, la entrevistada detalló que originalmente, el comedor servía almuerzo a 100 personas, pero actualmente solo pueden atender entre 40 y 60, en su mayoría niños y ancianos. “No podemos decir que no a nadie, así que recibimos a todas las familias que llegan”, añadió.

Asimismo, dijo que el comedor, que fue habilitado antes de la pandemia, ofrecía desayuno, almuerzo y merienda gracias a la colaboración de otras instituciones. Sin embargo, la falta de alimentos obligó a la comisión a recurrir a la solidaridad de la comunidad. “A pesar de la lluvia, seguimos haciendo olla popular y hay padrinos que nos apoyan desde Asunción”, explicó.

Noelia mencionó que están habilitados y en la lista de comedores beneficiarios, pero aún no recibieron ayuda. “Hemos cumplido con todos los requisitos, nos exigieron tener una cocina, un baño y nosotros cumplimos con eso. Ahora estamos esperando que las autoridades se hagan presentes”, enfatizó.

Para sobrellevar la situación, se encuentran abiertos a recibir donaciones de alimentos no perecederos y otros insumos. Los ciudadanos interesados en ayudar pueden comunicarse al (0982) 174-585.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas del Ministerio de Desarrollo Social sobre la entrega de provisiones, que afecta no solo a este comedor, sino a todos los que cumplen con los requisitos y que luchan diariamente para atender a quienes más lo necesitan.

El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.