El fiscal Néstor Coronel, a cargo del caso del fideicomiso Atlas-IPS, explicó en una entrevista con el canal GEN que el Ministerio Público avanza en la investigación sobre el destino de los fondos destinados para la construcción de un hospital hemato-oncológico.

La denuncia inicial fue presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS) en febrero de este año, después de que una auditoría externa identificara irregularidades en el manejo del fideicomiso, que originalmente contaba con un presupuesto de 55 millones de dólares.

El problema principal es la falta de concreción de las obras planificadas, como el hospital especializado en tratamientos oncológicos, cuya construcción debía realizarse con los fondos del fideicomiso administrado por el banco local. Actualmente, ni el hospital ni el dinero están disponibles, mientras que los fondos fueron utilizados para otros proyectos, incluyendo obras en centros de salud del interior del país y otras mejoras menores. Algunas de estas obras son catalogadas como “fantasmas”, pues no existe evidencia de su realización.

El fiscal explicó que la investigación se complica debido a la necesidad de recopilar información detallada de auditorías internas y externas del IPS, así como de otras instituciones financieras involucradas. El Ministerio Público solicitó al IPS la entrega de auditorías internas para complementar los informes externos y así esclarecer el uso de los fondos.

Durante la investigación, se identificaron indicios de que personas no autorizadas emitieron órdenes de pago para utilizar los recursos del fideicomiso, en violación de las normativas establecidas. Esto plantea la posibilidad de delitos administrativos y penales, los cuales están siendo evaluados por la Fiscalía para determinar responsabilidades.

Coronel enfatizó que, aunque el proceso es complejo y lleva tiempo, se está trabajando para aclarar los hechos y presentar los hallazgos ante el juzgado correspondiente. La investigación busca determinar si hubo negligencia o actos dolosos que afectaron a la previsional, especialmente considerando la necesidad urgente de un hospital oncológico en Paraguay.

El fiscal aseguró que se seguirán los procedimientos legales necesarios para garantizar que las irregularidades sean debidamente sancionadas y que se recupere la confianza en el manejo de los fondos públicos destinados a la salud.

La agente fiscal Rocío Celeste González formuló imputación contra dos hombres, uno paraguayo de 29 años y otro brasileño de 37 años, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96.

La investigación se inició el 8 de octubre de 2025, cuando el Ministerio Público tomó conocimiento sobre los presuntos delitos ambientales. La fiscala requirió al Juzgado la autorización de allanamiento para verificar la veracidad de la información, identificar el inmueble y determinar a los responsables.

Durante la inspección, se constató la utilización de maquinarias pesadas para la limpieza de la formación vegetal, el destronque de especies nativas y cortes realizados con motosierras.

Técnicos de la DEDA realizaron relevamientos fotográficos, georreferenciación y análisis con imágenes satelitales multitemporales, estimando una afectación de aproximadamente 35 hectáreas.

A raíz de las irregularidades detectadas, el Ministerio Público dispuso la suspensión de las actividades y la prohibición de ingreso al inmueble, a fin de evitar la continuidad del desmonte y la extracción de las especies.

Sin embargo, días después, a raíz de nuevas informaciones sobre la continuidad del desmonte y la quema de restos vegetales, la agente fiscal solicitó un segundo mandamiento de allanamiento, y allí se corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de un nuevo sector desmontado de unas 5 hectáreas.

El operativo Caacupé 2025 ya está en marcha y desde el Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el plan de trabajo de los inspectores de la caminera durante el desarrollo del novenario que arranca el 28 de noviembre.

Desde el día 1, los agentes acompañarán a los peregrinantes a lo largo del tramo, hasta el último día, el 8 de diciembre.

El plan previsto para este año contempla la participación de 318 inspectores nacionales y 18 funcionarios administrativos, además del despliegue de camionetas, automóviles, motocicletas patrulla, un camión grúa y un ómnibus.

La peregrinación pedestre se organizará de la siguiente manera: en el sentido Asunción–Caacué, los caminantes utilizarán el margen derecho de la calzada, desde el peaje de Ypacaraí hasta Caacupé.

En el sentido Caacupé-Asunción la circulación se realizará por el margen izquierdo. En este tramo, a partir de la entrada de Ypacaraí, no se habilitará el tránsito vehicular para reforzar la seguridad de los peregrinos.

Los automovilistas que viajen a Caacupé deberán ingresar por el km 52,2, en la rotonda de la circunvalación. Quienes lleguen desde Asunción deberán girar a la derecha en la rotonda Santa Ana, donde encontrarán diversas opciones de estacionamiento

Dorado, manguruyú, armado, sábalo y boga fueron algunas de las especies donadas por disposición del ministro del Ambiente, Rolando Barros.

Son productos que el Mades incautó en un local comercial donde se ofertaban los pescados frescos, pese a la veda.

Al ser productos aptos para el consumo, se dispuso que sean entregados a a instituciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La donación fue para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), la Escuela Subvencionada N.º 7 “Antonio Próvolo”, Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y Kuñataî Roga – Congregación Religiosas de María Inmaculada.

Según informaron desde el Mades, la entrega se realizó siguiendo todos los protocolos institucionales, asegurando la aptitud de los productos para el consumo humano y preservando la cadena de frío.