El fiscal Néstor Coronel, a cargo del caso del fideicomiso Atlas-IPS, explicó en una entrevista con el canal GEN que el Ministerio Público avanza en la investigación sobre el destino de los fondos destinados para la construcción de un hospital hemato-oncológico.

La denuncia inicial fue presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS) en febrero de este año, después de que una auditoría externa identificara irregularidades en el manejo del fideicomiso, que originalmente contaba con un presupuesto de 55 millones de dólares.

El problema principal es la falta de concreción de las obras planificadas, como el hospital especializado en tratamientos oncológicos, cuya construcción debía realizarse con los fondos del fideicomiso administrado por el banco local. Actualmente, ni el hospital ni el dinero están disponibles, mientras que los fondos fueron utilizados para otros proyectos, incluyendo obras en centros de salud del interior del país y otras mejoras menores. Algunas de estas obras son catalogadas como “fantasmas”, pues no existe evidencia de su realización.

El fiscal explicó que la investigación se complica debido a la necesidad de recopilar información detallada de auditorías internas y externas del IPS, así como de otras instituciones financieras involucradas. El Ministerio Público solicitó al IPS la entrega de auditorías internas para complementar los informes externos y así esclarecer el uso de los fondos.

Durante la investigación, se identificaron indicios de que personas no autorizadas emitieron órdenes de pago para utilizar los recursos del fideicomiso, en violación de las normativas establecidas. Esto plantea la posibilidad de delitos administrativos y penales, los cuales están siendo evaluados por la Fiscalía para determinar responsabilidades.

Coronel enfatizó que, aunque el proceso es complejo y lleva tiempo, se está trabajando para aclarar los hechos y presentar los hallazgos ante el juzgado correspondiente. La investigación busca determinar si hubo negligencia o actos dolosos que afectaron a la previsional, especialmente considerando la necesidad urgente de un hospital oncológico en Paraguay.

El fiscal aseguró que se seguirán los procedimientos legales necesarios para garantizar que las irregularidades sean debidamente sancionadas y que se recupere la confianza en el manejo de los fondos públicos destinados a la salud.

El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.