En respuesta a la convocatoria de la justicia para la audiencia de imposición de medidas por un caso de estafa, Anadelia Acosta acudió esta mañana al Juzgado Penal de Garantías, acompañada de su abogado.

En su recorrido rumbo a la sala, Anadelia escuchó varias preguntas de la prensa, pero se mantuvo con la mirada al piso y no contestó nada, ni siquiera el pedido de un mensaje a las víctimas ni a la consulta de si estaba arrepentida. Mucho menos, sobre el faltante de 125 millones de guaraníes.

La fiscal Norma Salinas, encargada de la causa en la que imputaron a seis personas por estafar a dos familias humildes que debían ser indemnizadas por la ANDE, explicó que el acuerdo escrito firmado entre los estafadores y las víctimas, de devolver 300 millones a cada parte, no implica que la historia concluya allí ni que el dinero sobrante no sea reclamado.

“Lo que ellos no pueden, como se pretende hacer creer es que, con este acuerdo al que llegaron porque las víctimas se sienten conformes y no van a accionar, decir que ya está terminado, lo que falta son 125 millones que es dinero de la ANDE y de todos”, explicó Salinas, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

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Adelantó, además, que hasta debe corroborar si efectivamente se abrieron dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento para el depósito del dinero entregado a las familias: 300 millones a cada una. A esto se suman los 30 millones y 45 millones entregados anteriormente, que dan 675 millones y dejan un sobrante de 125 millones, monto que está en manos de los estafadores.

Consultada acerca de la intención de estas personas de entregar una factura por este monto en concepto de honorarios por las gestiones realizadas, la fiscal arguyó que, por la ley de regulación de honorarios, a más de que no hay un contrato de por medio, no es posible fijar en ese monto.

Además de Anadelia Acosta y Darío Aquiles Flores, imputados por lesión de confianza, apropiación y estafa, también fueron procesados dos funcionarios del Banco Nacional de Fomento por los hechos punibles de apropiación y estafa en grado de complicidad.

Desde hace años se convirtió en un problema para los usuarios de Internet hogar, televisión por cable e, incluso, planes móviles contratar un servicio por un cierto monto mensual, pero de manera repentina reciben facturas con números más altos que lo establecido inicialmente.

También, en las redes sociales abundan denuncias contra la compañías telefónicas que, aun durante la suspensión del servicio por mora del usuario, continúan emitiendo facturas por el costo total o parcial del mismo, sin que exista la correspondiente contraprestación.

Los senadores José Oviedo y Rubén Velázquez buscan sancionar este mal hábito, es por eso que presentaron un proyecto de ley que establece sanciones contra las compañías telefónicas y protege a los usuarios.

La propuesta señala que, las empresas no podrán facturar cargos por el servicio básico mensual, ni por ningún otro cargo fijo o variable, durante los períodos en que el servicio se encuentre a suspendido. A su vez, esto deberá ser debidamente comunicado hasta 5 días antes.

El proveedor podrá cobrar un cargo por reconexión, que no debe superar el 10% de la tarifa básica mensual.

En cuanto a las sanciones, las empresas se exponen a sumarios y a la devolución de los montos indebidamente cobrados a los usuarios. Además, se podría suspender determinados planes o servicios.

Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamos ante la Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) en caso de cobros indebidos o incumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Eduardo Mingo, director de la Dirección Nacional de Meteorología, señaló que la altura actual del río Paraguay en Asunción es de 1,79 mts. que, aunque es un nivel habitual, si siguen las lluvias intensas en varios puntos de su cauce, pueden modificar su comportamiento futuro en Asunción.

Ante este panorama, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), trabajan en acciones preventivas para proteger a las familias bañadenses.

“Estamos previendo espacios que puedan dar condiciones más dignas a más de mil familias, considerando que los lugares tradicionalmente utilizados ya no son viables, ya sea por su insuficiencia o por estar destinados actualmente a otros proyectos de desarrollo urbano”, indicó Alejandro Buzó, coordinador de la Dirección.

En este sentido, puntualizó que se está realizando un trabajo de relevamiento de cotas en la zona litoral del río Paraguay, en especial en áreas como el Bañado Sur y sectores aledaños a la Costanera.

Actualmente, el nivel del río aún no presenta una amenaza inminente, sí se registran crecidas en zonas del Chaco y se monitorean lluvias intensas en el norte de la región que pueden alterar al río Paraguay.

En ese sentido, se está trabajando en la planificación preventiva de zonas para potenciales albergues temporales, frente al riesgo de inundaciones.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.